Germán de la Morena 

Los días pasan, el proceso de selección del próximo rector avanza y nadie en la UNAM se atreve a hablar, con claridad y asertividad, del elefante en la sala: el caso de la ministra Yasmín Esquivel, pendiente de solución y enfilado a heredarse, perniciosa y maliciosamente, al siguiente rector, o rectora. 

El equipo de Enrique Graue ha sido desastroso, desde el inicio, en el manejo del caso de la ministra que, ya se sabe, plagió su tesis de licenciatura, aunque un juez local a modo y sus abogados chicaneros, digan lo contrario. Fueron malos al abordar el asunto cuando ni siquiera les correspondía.  

Los estrategas del rector fueron malos al tratar de atender los deseos del presidente, que pretendía una exoneración fast track de su candidata a presidir la Suprema Corte. Sus especialistas en comunicación fueron un desastre para comunicar la posición de la UNAM, cuando el rector concluyó que la institución no tenía atribuciones para anular un título, y después fueron catastróficos para hacer declarar a Graue cuando, ante el descontento de la comunidad universitaria, trató de retractarse y reabrió el caso enviándolo a la Comisión de Ética del Consejo Universitario. Sin embargo, si algo ha funcionado de forma deplorable, peor que ninguna otra área dentro de la UNAM en este caso, ha sido la oficina del abogado general. 

Alfredo Sánchez Castañeda resultó una vergüenza para los universitarios porque trató de minimizar el asunto cuando afirmó que no había atribuciones para retirar el título a pesar del reconocimiento de la existencia del plagio en la FES Aragón. Desde ese momento, el tufo encubrimiento cómplice invadió la Rectoría de Graue. Cuando el rector evaluó el daño que, su indecisión y sus malos consejeros habían hecho a la UNAM al admitir un carpetazo vergonzoso al caso, intentó rectificar con un pésimo discurso y el nombramiento de un nuevo abogado general: Hugo Alejandro Concha, un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Recomendado por Mónica González Contró y vinculado a los medios de comunicación por experiencia personal y por su propia esposa, Elisa Alanís, Hugo Concha llegó al cargo como rockstar, moviéndose como pez en el agua y subsanando las deficiencias discursivas del equipo de Comunicación Social de Graue, a cargo del operador de Juan Ramón de la Fuente: Néstor Martínez.  

Por un momento, gracias a la actitud y la frescura de su nuevo abogado general, parecía que la posición de la UNAM en el caso cambiaría y al menos se eliminaría la sospecha de complicidad para propiciar impunidad en el caso. 

Sin embargo, cuando el talento declarativo de Concha debió transformarse en capacidad y conocimientos jurídicos para litigar, las cosas empezaron a descomponerse de nuevo. Graue descubrió que nombró como abogado a un vocero-investigador, no a un litigante que supiera como mover y operar los resortes del intrincado mundo de los tribunales, más allá de la teoría.  

Los abogados de Yasmín Esquivel se han dado gusto barriendo y trapeando con Hugo Concha en los tribunales. Han interpuesto juicios a espaldas de la UNAM, han usado juzgados sin competencia para amordazar a la institución, han simulado controversias y obteniendo sentencias sin oposición alguna, porque han interpuesto juicios casi secretos, todo en detrimento de la universidad y porque su abogado general, Hugo Concha, sabe declarar y quizá hasta sepa investigar, pero definitivamente no sabe litigar. 

Lo peor de todo es que Concha ya se dio por vencido y, para salvar su pobre prestigio personal, ahora trata de convencer a Graue de que pateen el asunto hacia delante y le hereden el caso Esquivel al futuro rector; algo no solo inadmisible, sino inconveniente y muy peligroso para la estabilidad de la universidad en el contexto actual. 

En el sentido que sea, incluso admitiendo la derrota por incompetencia, pero son Enrique Graue y su abogado-vocero-investigador, quienes están obligados a cerrar el caso Esquivel y librar a la UNAM y a su próximo rector, de un lastre radioactivo de ese tamaño.