Fernando Schütte Elguero
El reciente anuncio de imponer de un arancel del 25% a los productos mexicanos por parte del presidente Donald Trump, ha dejado a México en una posición económica y política altamente vulnerable. Junto con esta medida proteccionista, Trump, lanzó una grave acusación a México aseverando que nuestro país tiene un narco gobierno, y que existen nexos políticos y económicos entre las autoridades mexicanas y los cárteles de la droga. Cosa que es un secreto a voces y que los mexicanos no ponemos en duda.
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido, por decirlo menos, errática y débil. En lugar de centrarse en defender a los productores mexicanos y buscar una negociación que alivie el impacto de los aranceles, Sheinbaum optó por un discurso basado en la soberanía nacional, y en acusar a Estados Unidos de consumir drogas y de vendernos armas, una narrativa que, aunque relevante en términos diplomáticos, cuenta con una tremenda falta de pragmatismo e ignora completamente las consecuencias inmediatas para la economía mexicana.
Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, la mandataria finalmente aceptó enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, y hacer una nueva evaluación en un mes, una medida acertada pero insuficiente si no se acompaña de acciones contundentes contra el crimen organizado. Porque, aunque es cierto que Estados Unidos es el mayor proveedor de armas ilegales que terminan en manos del narcotráfico mexicano, también lo es que las aduanas mexicanas permiten su ingreso con total impunidad. México necesita demostrar con hechos que está dispuesto a enfrentar a los cárteles de manera real, y la forma más efectiva de hacerlo es fincando cargos contra gobernadores y políticos con vínculos comprobados con el crimen organizado.
Las amenazas de Trump para imponer el arancel del 25% impuesto por Trump sobre los productos mexicanos no es solo un castigo económico, sino una presión política directa sobre el gobierno de Sheinbaum. La medida afecta gravemente a sectores clave como el automotriz, agroindustrial y manufacturero, poniendo en riesgo cientos de miles de empleos y encareciendo las exportaciones mexicanas hacia su principal socio comercial.
En este contexto, lo lógico habría sido que Sheinbaum desplegara una estrategia de negociación y diplomacia económica para evitar el impacto de los aranceles. Sin embargo, su respuesta ha sido más ideológica que pragmática. En lugar de plantear una estrategia para defender a los productores y negociar con Washington, se ha limitado a hablar de la soberanía nacional y el respeto mutuo, una postura que puede tener valor en otros foros, pero que es completamente inútil frente a un hombre como Trump y a una crisis comercial de esta magnitud.
Mientras Estados Unidos protege sus intereses económicos, México se queda sin un plan real para mitigar los efectos de los aranceles. El gobierno de Sheinbaum ha tardado en reaccionar y hasta ahora no ha ofrecido un plan de contingencia para proteger a las empresas y trabajadores mexicanos que sufrirán los estragos de esta decisión.
La medida acertada de Sheinbaum en esta crisis ha sido la movilización de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte. Esta decisión responde a la presión de Trump, quien ha insistido en que México debe frenar el flujo de drogas y migrantes si quiere evitar más sanciones comerciales, pero en realidad no es esta una medida que frene el comercio de drogas, aunque sirve para ganar tiempo, aunque en realidad muy poco.
Las armas estadounidenses y las aduanas mexicanas: un problema de ambos ladosy es innegable que Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en la crisis de violencia en México. Sus fábricas de armas abastecen a los cárteles mexicanos, facilitando su acceso a rifles de asalto, pistolas y municiones de alto calibre. Sin embargo, culpar únicamente a Washington por este problema es una manera de evadir la responsabilidad interna.
Las aduanas mexicanas, bajo el control del gobierno federal, permiten el ingreso masivo de armas sin mayores restricciones. La corrupción en estos puntos de control es otro secreto a voces; funcionarios reciben sobornos millonarios a cambio de dejar pasar cargamentos de armas, drogas y dinero en efectivo. Se sabe que,”si algo pasa por el puente, pasa”.
El verdadero golpe contra el narcotráfico, sería enjuiciar a los gobernadores y políticos vinculados al crimen lo que a pesar de causar lesiones a los actuales funcionarios, ayudaría a la Dra. Sheinbaum a separarse de el expresidente y poder empezar a gobernar con una mayor libertad.
Si México quiere demostrar que está comprometido en serio en la lucha contra el narcotráfico, no basta con enviar tropas al norte. Es hora de tomar acciones contundentes contra los funcionarios que protegen y negocian con los cárteles.
Sinaloa, Tamaulipas y Sonora han sido señalados durante años como bastiones del crimen organizado, donde los gobernadores en turno han mantenido alianzas secretas con los cárteles. A pesar de las múltiples denuncias y evidencias, ningún mandatario estatal ha sido procesado por estos vínculos. La impunidad sigue reinando.
México necesita liderazgo, no discursos vacíos envueltos en nacionalismos arcaicos.
Sheinbaum aún tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de esta crisis y de esta nación. Trump logró su cometido: renegociar el T-MEC.
@FSchutte
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