Por: Anayelli Jiménez

Toluca, Estado de México — Ante el creciente número de denuncias por despojo de inmuebles en el Estado de México, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas del Congreso local analizan diversas propuestas legislativas para fortalecer el marco legal y proteger el patrimonio de las y los ciudadanos.

En comisiones legislativas, integrantes de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han coincidido en la urgencia de garantizar la seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles, reconociendo el aumento alarmante de estos delitos en el territorio mexiquense.

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, señaló que ya se trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos legales para la defensa de la propiedad. Aunque el despojo ya está tipificado en el Código Penal con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días de multa, Vázquez advirtió que es necesario actualizar las sanciones y simplificar los procedimientos de denuncia. Asimismo, instó a la ciudadanía a tener su documentación en regla para facilitar el ejercicio de sus derechos ante la autoridad.

Entre las iniciativas analizadas, destaca la propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas (Morena), quien plantea que el despojo se considere delito grave, con penas de cinco a 10 años de prisión en casos que involucren violencia física, personas adultas mayores, intimidación, o irrupción forzada. Su iniciativa también abarca modalidades como el engaño, abuso de confianza o el uso ilegítimo de la fuerza pública, y busca agilizar la restitución de la posesión cuando la propiedad esté debidamente acreditada.

Por su parte, el legislador José Miguel Gutiérrez Morales (también de Morena) propone castigar con hasta 17 años de cárcel y una multa de hasta 678 mil pesos a quienes encabecen o planifiquen este tipo de invasiones, sin que sea necesario acreditar la certeza absoluta sobre la posesión del bien. Su iniciativa también amplía los supuestos legales del delito, incorporando el uso indebido de aguas, tanto públicas como privadas, que afecten derechos legítimos de otras personas.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Ruth Salinas Reyes propuso penas aún más severas, de hasta 25 años de prisión y 500 días de multa para quienes cometan despojo en inmuebles destinados a vivienda o actividades agrícolas, especialmente cuando las víctimas sean mujeres, personas adultas mayores, indígenas o en situación de vulnerabilidad. Su iniciativa también contempla sanciones a servidores públicos que incurran en este delito o lo faciliten, y propone penas agravadas cuando se trate de áreas naturales protegidas.

En paralelo, la legisladora Lilia Urbina Salazar (PRI) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad estatal a implementar una estrategia integral e interinstitucional. Esta incluiría operativos de vigilancia, campañas informativas, asesoría jurídica, capacitación a cuerpos policiales, y la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía General de Justicia para atender de manera inmediata y profesional las denuncias de despojo, con énfasis en el Valle de México.

Las y los legisladores no descartan convocar a un periodo extraordinario para discutir y votar estas propuestas, ante el consenso generalizado sobre la gravedad del problema y la necesidad de una respuesta urgente del Poder Legislativo.