Fernando Schütte Elguero

En los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, una narrativa comienza a imponerse en los medios oficiales, la de la reducción de homicidios dolosos. A través de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se presume una baja sostenida en asesinatos, al parecer una victoria frente al crimen organizado que no se consiguió durante el sexenio anterior. Sin embargo, en paralelo, un dato tan escalofriante como silenciado se impone: la desaparición de miles de personas.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025 han desaparecido más de 10,300 personas. Esto significa, en promedio, 77 desapariciones cada día. De continuar esta tendencia, la presidente Sheinbaum no solo inauguraría su sexenio con una de las tasas de desapariciones más altas en la historia reciente, sino que se consolidaría un patrón preocupante, menos homicidios registrados… pero más muertos ocultos. La reducción de homicidios puede ser en realidad, una reclasificación institucional del crimen, donde las víctimas no aparecen en las estadísticas porque simplemente… no aparecen.

En enero, el periodista Humberto Padgett lo dijo sin ambages: “en México no han disminuido los muertos, han disminuido los cadáveres encontrados”. Y esta sentencia parece cada vez más cierta. La lógica es perversa pero funcional ya que si no hay cuerpos, no hay homicidios y si no hay homicidios, hay éxito gubernamental.

El SESNSP, al registrar asesinatos, requiere evidencia: un cadáver, una carpeta de investigación, un acta de defunción. Las desapariciones, por el contrario, no requieren prueba de vida ni de muerte. Basta una denuncia y la persona pasa a engrosar una base de datos que, si bien ha sido sistemáticamente depurada en administraciones pasadas, hoy crece sin tregua. En los primeros 100 días del nuevo gobierno se contabilizaron 4,010 desapariciones; para finales de abril ya eran más de 10,300. ¿Qué está ocurriendo?

La verdad es que gran parte de ellos probablemente están muertos. Las fosas clandestinas y campos de exterminio que siguen apareciendo en estados como Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Guerrero y Sinaloa, dan fe de ello. 

Gravísimo resulta el asesinato de Madres Buscadoras. En lo que va del sexenio, ya han sido asesinadas al menos 12, dos de ellas estaban involucradas en la denuncia vinculada al llamado “Rancho Izaguirre”. La guerra oculta dentro del gabinete de seguridad

A este panorama se suma una creciente fractura dentro del equipo de seguridad nacional. Aunque públicamente se han mostrado cohesionados, las tensiones entre Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad federal, y el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), son cada vez más evidentes.

Mientras el Ejército impulsa operativos de alta intensidad, particularmente en los estados con presencia de cárteles, Harfuch ha apostado por una estrategia de inteligencia, cercos financieros y control urbano. El desacuerdo se ha traducido en operativos descoordinados, filtraciones cruzadas, y una creciente desconfianza entre mandos militares y civiles.

El general Trevilla no ve con buenos ojos la relación directa de Omar García Harfuch con asesores de inteligencia de Estados Unidos, especialmente ahora que la presión de Washington por combatir no solo al fentanilo, sino a los “narco-políticos” mexicanos se ha intensificado.

A la tensión interna se suma el fuego cruzado de una creciente presión internacional. Desde enero, funcionarios estadounidenses han advertido sobre la ineficiencia de México para frenar la expansión de los carteles, en especial aquellos que trafican fentanilo. La Casa Blanca, ha colocado nuevamente a México en el centro de su atención, llegando a sugerir que las Fuerzas Armadas de su país deben intervenir directamente para “desmantelar a los cárteles terroristas”.

En ese contexto, Sheinbaum se encuentra atrapada entre dos fuegos: por un lado, debe proteger a figuras de su coalición (algunos de ellos con expedientes abiertos en cortes estadounidenses) y por el otro, debe mostrar resultados ante Trump, o arriesgar la viabilidad del T-MEC y la estabilidad económica.

La figura de Omar García Harfuch aparece como el enlace natural con el aparato de seguridad norteamericano y con una agenda más afín a la colaboración internacional, Harfuch ha sido visto con recelo por sectores del Ejército, y la relación con el general Ricardo Trevilla, un hombre institucional, leal al fuero castrense y escéptico de los civiles, se ha deteriorado.

En Sinaloa y Guerrero se han documentado operativos fallidos por falta de coordinación. Mientras Sedena lanzaba incursiones en zonas rurales, sin previo aviso, la Guardia Nacional respondía a indicaciones distintas. En más de una ocasión, agentes bajo el mando de Harfuch se enteraron de operativos militares por fuentes abiertas o redes sociales, una señal del deterioro de la confianza mutua, existen dos canales paralelos de análisis de amenazas, uno controlado por Sedena y Semar y otro por la Secretaría de Seguridad. El primero privilegia operativos masivos con presencia militar, el segundo maneja líneas de investigación más discretas, centradas en estructuras financieras y redes de protección institucional. Esta doble vía no solo genera duplicidades, sino también contradicciones que los grupos criminales aprovechan.

@FSchutte