Por: Hugo Estrada-

Toluca, Estado de México, junio de 2025 — Con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de México aprobó la reforma conocida como “Ley silla”, una medida que garantiza a las personas servidoras públicas el derecho a contar con un asiento con respaldo y de fácil acceso para desempeñar sus funciones o descansar durante su jornada laboral.

El diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense y coordinador parlamentario de Morena, celebró el consenso legislativo alcanzado para dignificar las condiciones laborales de más de 159 mil trabajadoras y trabajadores del sector central del servicio público.

“Estamos aprobando reformas que benefician directamente a la población, en especial a quienes históricamente han sido olvidados. Esta medida favorece a personal de atención al público, limpieza, resguardo, orientación ciudadana, ventanillas y áreas operativas, quienes hoy ven reconocido su derecho a condiciones más humanas y saludables de trabajo”, subrayó el legislador.

La reforma modifica la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y establece la obligación de las instituciones públicas de proporcionar suficientes sillas con respaldo, no solo para el uso durante las funciones, sino también para permitir descansos periódicos en espacios designados dentro de los centros laborales.

Los poderes del Estado, ayuntamientos y órganos autónomos tendrán un plazo máximo de 90 días naturales desde la entrada en vigor de la ley para hacer los ajustes necesarios en sus instalaciones.

Francisco Vázquez subrayó que esta reforma busca proteger la salud y seguridad de las y los trabajadores, al evitar problemas derivados de permanecer largos periodos de pie, como fatiga muscular, várices y afecciones en columna, rodillas y pies.

Finalmente, el legislador reafirmó el compromiso del Congreso mexiquense con la justicia social y la protección de los derechos laborales, mediante un marco jurídico que promueva entornos laborales dignos y humanos.