Por: Ulises Cruz | GR Digital
Guanajuato, Gto., 22 de julio de 2025 — En un ejercicio de colaboración entre el sector público, empresarial y la sociedad civil, el Gobierno del Estado de Guanajuato, los Consejos Coordinadores Empresariales del estado y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron la consolidación de un nuevo modelo de corresponsabilidad social denominado Tocando Corazones, enfocado en el apoyo a las personas más vulnerables.
Este nuevo esquema de trabajo, sectorizado en la Secretaría del Nuevo Comienzo, busca fomentar la participación activa y transparente de las OSCs y grupos organizados, mediante un proceso de convocatoria abierta que permitirá acceder a recursos para proyectos sociales y de prevención de la violencia. La primera convocatoria se publicará el 6 de agosto y contará con un presupuesto inicial de 1,167 millones de pesos.
El modelo contempla la integración de un Consejo Estratégico con representantes del Gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, así como la conformación de un Grupo de Especialistas encargado de evaluar los proyectos postulados con base en criterios técnicos y de impacto social.
Además, se pondrá en marcha una plataforma tecnológica que garantizará la transparencia en todo el proceso, desde la presentación y evaluación de propuestas hasta la asignación y seguimiento de los recursos.
Cuatro subcomités especializados con participación ciudadana y empresarial abordarán áreas específicas:
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Niñas, Niños y Adolescentes
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Infraestructura
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Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
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Desarrollo Social
El enfoque territorial del modelo busca asegurar una distribución equitativa de los apoyos en todas las regiones del estado, considerando sus particularidades y necesidades locales.
De manera adicional, se destinarán más de 1,000 millones de pesos a proyectos de inversión dirigidos al fortalecimiento de la seguridad pública, operados directamente por la Secretaría de Seguridad y Paz.
Con el objetivo de garantizar la continuidad del modelo más allá de los cambios administrativos, la Gobernadora del Estado enviará una iniciativa al Congreso local para establecer por ley la asignación del 0.3% del impuesto sobre la nómina a estos fines: 0.2% para desarrollo social y prevención de la violencia, y 0.1% para seguridad pública.
Asimismo, se anunció el desistimiento de los amparos promovidos contra el decreto de extinción del fideicomiso anterior, permitiendo la puesta en marcha inmediata de este nuevo esquema.
El acuerdo alcanzado fue calificado como un referente nacional de gobernanza corresponsable, transparencia institucional y participación ciudadana con sentido social. Autoridades estatales y representantes del sector privado coincidieron en que la construcción de consensos, con visión de largo plazo, es fundamental para que los apoyos lleguen con oportunidad a quienes más los necesitan.
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