Por: Hugo Estrada 

La diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para tipificar y sancionar el ciberacoso en el Estado de México, con el objetivo de garantizar un acceso seguro a internet como un derecho fundamental.

De acuerdo con la propuesta, se prevén penas de hasta tres años de prisión y 500 días de multa para quienes cometan este delito, sanciones que podrían duplicarse —hasta seis años de prisión y mil días de multa— cuando las víctimas sean menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.

La legisladora expuso que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 13.3 millones de usuarios de internet en la entidad, el 19 por ciento (más de 2.5 millones de personas) sufrió ciberacoso entre 2022 y 2023. Ante este panorama, señaló la necesidad de contar con un marco normativo que permita sancionar la conducta y prevenir su impunidad.

La iniciativa plantea reformas al Código Penal y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y define al ciberacoso como el hostigamiento, intimidación, amenaza, humillación, vigilancia no consentida o divulgación de información personal sin autorización, cuando estas acciones afecten la dignidad, la privacidad o la tranquilidad emocional de la víctima a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Además de las sanciones penales, la propuesta contempla ampliar las atribuciones de las autoridades educativas. Entre las medidas sugeridas se incluyen la creación de consejos de participación social para identificar posibles casos, la distribución de materiales preventivos en las escuelas y el impulso de actividades de sensibilización que involucren a directivos, docentes, madres y padres de familia, así como al alumnado.

Según la diputada Pérez Correa, el ciberacoso “no se limita al espacio digital, sino que impacta directamente en la vida real de niñas, niños y adolescentes”, por lo que resulta necesario fortalecer los mecanismos legales y preventivos para su combate.