Rodolfo Gómez 

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, reforzó las acciones institucionales para evitar el lavado de dinero a través de casinos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada.

Tras una investigación de varios meses, las autoridades identificaron 13 establecimientos donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Debido a su alto riesgo financiero, dichas empresas fueron incluidas en la lista de personas morales bloqueadas con el objetivo de proteger a los usuarios y prevenir que estos espacios sean utilizados con fines ilícitos.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), algunos de estos casinos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Estas operaciones habrían facilitado la dispersión y el ocultamiento de recursos ilícitos.

La dependencia también señaló que las plataformas digitales relacionadas empleaban a personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes y jubilados, quienes transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios a cambio de una comisión, simulando ganancias de juegos de azar.

La UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y faltas fiscales.

Estas medidas se realizan en cooperación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en apego a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con esta acción, la Secretaría de Hacienda reafirma el compromiso del Gobierno de México para fortalecer la coordinación interinstitucional, impedir la infiltración del crimen organizado en sectores vulnerables y proteger a los usuarios de los sistemas de apuestas.