Fernando Schütte Elguero
Un anuncio que revela más la frivolidad del poder que su compromiso con la justicia.
El llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia llega tarde. Y no sólo tarde: llega como esos esfuerzos desesperados por tapar el pozo después de haberse ahogado el niño. No es un problema exclusivo de Michoacán (aunque el crimen y la descomposición política del estado lo simbolicen con crudeza). Es el reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país (un Estado superado por la violencia, gobiernos locales infiltrados o cooptados y una federación que sigue respondiendo más con discursos que con resultados).
La presentación del plan fue, paradójicamente, un retrato del país que pretende rescatar. Omar García Harfuch con la serenidad y profesionalismo que lo caracteriza, explicó las acciones a llevarse a cabo, mismas que, de lograrse celebro. Y, mientras hablaba la presidente Claudia Sheinbaum con una severidad auto impuesta, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla (a quien gran parte de la opinión pública y de la clase política local señala como responsable moral del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo) conversaba animadamente con la secretaria de Gobernación. Sonreían, reían y gesticulaban con ligereza, como si la tragedia que estremeció a Michoacán y al país entero fuera un tema menor o ajeno.
Ese gesto (esas risas en medio del duelo) resume la insensibilidad que predomina en buena parte del aparato gubernamental. Porque lo que se presentó como un plan integral para la paz no puede nacer de una escena tan desconectada del dolor real. La paz no se decreta, ni se inaugura con discursos ni escenarios montados. Se construye con justicia, con empatía, con responsabilidad. Y eso es precisamente lo que ha faltado. Rosa Icela Rodríguez, sin recato dice que preguntará casa por casa, como si no supiera las respuestas y convirtiendo este asunto en un proyecto electorero.
Fue tan notorio el desatino del gobierno federal, que el primero en reaccionar fue el público, no los políticos. Las redes sociales no perdonaron la falta de solidaridad. Y sólo entonces la doctora Claudia Sheinbaum lamentó públicamente el homicidio del alcalde, intentando recuperar la compostura ante una opinión pública cada vez más enojada y escéptica. Pero lo que siguió fue todavía más desafortunado: la Presidente se irritó con las críticas, como si el cuestionamiento al poder fuera una ofensa personal.
Su respuesta pareció decir (aquí estoy yo, ¿por qué hablan del otro?), desplazando simbólicamente a la víctima para colocarse a sí misma en el centro del agravio, en la víctima. Ese reflejo autorreferencial (tan frecuente en la clase política) muestra la distancia que existe entre la narrativa oficial y la tragedia cotidiana que vive la población.
Michoacán no es un caso aislado. Lo que ahí ocurre (alcaldes asesinados, policías y militares emboscados, comunidades bajo el control del crimen) se replica en estados como Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Veracruz o Tamaulipas. Por eso, más que un Plan Michoacán, México necesita un Plan Nacional de Rescate de la Justicia y de la Vida Pública. Porque la paz no se fabrica desde la tribuna, sino desde la verdad y la acción.
De otro modo, seguiremos viendo cómo el gobierno sonríe mientras el país se desangra.
@FSchutte
Comentócrata

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