Hugo Estrada 

Toluca, Estado de México, 14 de enero de 2026.– La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México aprobó el dictamen para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, así como diversas reformas legales para fortalecer el combate a este delito.

El dictamen integra iniciativas del Grupo Parlamentario del PRI y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y establece que la extorsión sea perseguida de oficio. Legisladores de morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en la importancia de contar con un marco jurídico que refuerce la prevención, atención y sanción de esta conducta.

La nueva ley contempla la creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, encargado de recibir, registrar y dar seguimiento a las denuncias, además de orientar a la población sobre cómo prevenir este delito. También prevé que la Secretaría de Seguridad diseñe una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir la Extorsión, alineada con la estrategia nacional.

Asimismo, se plantea que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cree una Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, con personal capacitado y certificado conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la discusión, legisladores señalaron que entre 2019 y 2024 se registraron cerca de 20 mil carpetas de investigación por extorsión en la entidad. Algunos integrantes de las bancadas de PAN y MC advirtieron posibles riesgos, como una burocratización innecesaria y la necesidad de establecer mecanismos para evitar la participación de servidores públicos o policías en este tipo de delitos.

La reforma también establece que los centros penitenciarios del estado tendrán un plazo de 150 días hábiles para implementar tecnologías que inhiban llamadas de telefonía celular y otros medios de comunicación desde su interior, una vez que el decreto entre en vigor.

Con estas medidas, el Congreso mexiquense busca fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en una estrategia integral para prevenir y combatir la extorsión en la entidad.