Fernando Schütte Elguero

Durante años, el discurso oficial mexicano se sostuvo sobre una ficción conveniente: negar que Estados Unidos contara con marcos legales, autorizaciones operativas y planes concretos para actuar contra los cárteles que operan desde territorio mexicano. Hoy, esa coartada se derrumba. Existe una opinión legal clasificada que permite ataques letales contra organizaciones criminales consideradas terroristas, y el presidente Donald Trump cuenta con autorización para llevar a cabo operaciones por tierra contra esos grupos.

No se trata de bravatas electorales. Es un marco jurídico vigente. Cuando una potencia redefine al narcotráfico como una amenaza directa a su seguridad nacional, deja atrás el lenguaje diplomático y adoppta el lenguaje de los objetivos. Y los objetivos no se administran con conferencias matutinas, comunicados de soberanía abstracta ni llamados a la paciencia, sino con decisiones operativas. Basta recordar que, durante la reciente visita a México del director del FBI, Kashyap Patel, el gobierno mexicano fue capaz de ejecutar un golpe espectacular (¿coincidencia?) con la captura del narcotraficante canadiense Ryan Wedding, exatleta olímpico convertido en operador del crimen organizado. La señal fue inequívoca: cuando conviene, el Estado puede actuar con rapidez y contundencia; cuando no, se queda quieto (cómodamente quieto para el gobierno e incómodamente quieto para los mexicanos y para USA).

En este contexto, México aparece como un vecino incómodo que quiere exigirlo todo sin cumplir lo mínimo. Exige respeto a su soberanía, pero tolera territorios completos bajo control criminal. Exige cooperación y trato de iguales, pero no logra procesar ni sancionar a políticos vinculados al narcotráfico. Exige comprensión internacional, mientras permite que la impunidad siga funcionando como política de Estado de facto.

La paradoja es evidente. El gobierno reclama que ninguna fuerza extranjera debe pisar su territorio, pero ha sido incapaz de ejercer un control efectivo sobre vastas zonas del país. El resultado es una soberanía de dicho, pero no ejercida. Y en la realidad, la soberanía no se mide por discursos, sino por capacidad de control territorial y aplicación efectiva de la ley.

A esta ecuación se suma un elemento que incomoda a Washington: la ayuda política, logística y económica que México brindada a regímenes como el cubano, mientras exige paciencia frente a su propia crisis de seguridad. Para USA, resulta difícil aceptar que un socio estratégico apoye gobiernos adversarios y, al mismo tiempo, busque indulgencia frente a cárteles que inundan su mercado con fentanilo.

Hay mexicanos que consideran posible y deseable que para romper la impunidad de narcopolíticos será bajo presión externa. Porque han perdido la confianza en sus instituciones de justicia.

El dilema es incómodo y profundo: ¿la soberanía es del pueblo o del gobierno? Cuando el Estado no protege a sus ciudadanos, y no garantiza seguridad ni justicia, la retórica soberanista empieza a sonar hueca. Y otros actores están dispuestos a llenar el espacio.

México es un vecino estratégico, pero cada vez más problemático. 

@FSchutte

Consultor y analista