Hugo Estrada 

Integrantes de la Comisión de la Juventud y el Deporte de la LXII Legislatura del Estado de México iniciaron el análisis de una iniciativa que propone fortalecer la participación política de las juventudes mediante la ampliación de su representación en el Consejo Estatal de la Juventud.

La propuesta, presentada por la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule (Morena), plantea reformar la Ley de la Juventud estatal para incrementar de dos a cinco el número de personas representantes de la sociedad civil que participan como vocales en dicho órgano.

Durante la reunión, legisladoras y legisladores de Morena y del PVEM coincidieron en que escuchar e incluir a las juventudes en los espacios de toma de decisiones contribuye al fortalecimiento de la democracia y a una mejor planeación de políticas públicas.

La diputada Ballesteros Lule señaló que la modificación reconoce el derecho de las y los jóvenes a participar en decisiones que impactan directamente en su desarrollo. Por su parte, la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM), quien presidió la sesión, consideró que la reforma abonaría a una gobernanza con enfoque intergeneracional.

En el mismo sentido, la diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (Morena) destacó que, pese al peso social y económico de las juventudes, su presencia en los espacios de decisión sigue siendo limitada, por lo que la iniciativa atiende una deuda institucional. El legislador Israel Espíndola López (Morena) agregó que fortalecer los órganos consultivos mejora tanto la gestión pública como la vida democrática.

El Consejo Estatal de la Juventud es una instancia de colaboración, coordinación y apoyo interinstitucional encargada de promover y articular políticas, programas y acciones en favor de las y los jóvenes. Actualmente es presidido por la persona titular de la Secretaría de Bienestar estatal y está integrado por representantes de diversas dependencias, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, dos diputaciones y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil, cifra que se propone ampliar a cinco.