Fernando Schütte Elguero

La desaparición masiva dejó de ser un fenómeno criminal aislado: hoy es una amenaza de seguridad nacional que desnuda la colusión, la corrupción y la renuncia del Estado a gobernar su territorio.

La crisis de personas desaparecidas en México dejó hace tiempo de ser una suma de tragedias aisladas. Hoy es un síntoma estructural del control territorial del crimen organizado, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y una evidencia contundente de la debilidad (cuando no la complicidad) de las instituciones encargadas de procurar justicia.

En amplias regiones del país, la desaparición se ha convertido en una herramienta deliberada de dominio. No es sólo violencia extrema, es administración del miedo. El CJNG no desaparece personas por accidente: lo hace para controlar comunidades, reclutar jóvenes, eliminar rivales y silenciar testigos. La ausencia se vuelve una forma de gobierno. Sin cuerpo no hay delito; sin delito no hay investigación; sin investigación hay impunidad.

Jalisco es el epicentro más visible de esta tragedia, pero no el único. Campos de exterminio, fosas clandestinas y centros de adiestramiento muestran que la desaparición opera como un método sistemático, no como una anomalía criminal. El problema ya no es sólo de seguridad pública, es de seguridad nacional, es de gobernabilidad.

El papel del Estado ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Las fiscalías estatales y federales carecen de capacidades reales, pero el problema no es únicamente técnico. Existe una corrupción profunda y extendida en los ministerios públicos, donde expedientes se extravían, denuncias se desincentivan, investigaciones se congelan y, en demasiados casos, la colusión con el crimen organizado se normaliza. La impunidad no es sólo incapacidad: es una economía política.

Por eso, los colectivos de búsqueda hacen hoy el trabajo que debería hacer el Estado. Son las madres y familiares quienes excavan, investigan y exponen lo que las autoridades no quieren (o no pueden) ver. Esa sustitución no es heroica: es una derrrota institucional.

Esta realidad tiene consecuencias más allá de nuestras fronteras. Para Estados Unidos, el CJNG no es únicamente un cártel más, sino una amenaza transnacional vinculada al fentanilo, al tráfico de armas y al lavado de dinero. En ese marco, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” es un objetivo prioritario del gobierno estadounidense. Tarde o temprano, tendrá que caer. No como un trofeo, sino por cálculo estratégico.

Pero sería un error cómodo reducirlo todo a la presión externa. La responsabilidad es política y doméstica. Gobiernos locales que toleran, encubren o pactan; fiscalías que simulan investigar; autoridades federales que administran el desastre sin romper inercias forman parte del mismo engranaje que permite que los campos de exterminio existan y se reproduzcan.

La seguridad no es un discurso ni una estadística administrable. Es la condición mínima de la vida en comunidad. Mientras el CJNG gobierne territorios y los ministerios públicos sigan siendo sinónimo de corrupción e impunidad, cualquier narrativa de estabilidad será falsa. Aquí no faltan diagnósticos; falta voluntad política para asumir costos, depurar instituciones y ejercer el poder. Y alguien tendrá que responder, con nombre y cargo, por no haberlo hecho.

@FSchutte 

Consultor y analista