Desde hace cuatro años, la investigación de Odebrecht, iniciada por la PGR, luego FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero, hasta el momento no tiene ningún sentenciado de alto nivel. La prisión preventiva justificada contra Emilio “L” es apenas un primer paso, de una tortuosa investigación, la cual, si se compara con los resultados de casos similares en el extranjero, se queda corta.

El caso Odebrecht, en México, no es único, la empresa constructora ha dejado una estela de investigaciones y detenidos en América Latina que en comparación con el caso Emilio “L” se trata de apenas una de las puntas de la madeja. Y es que el entramado de manejo de recursos millonarios es enorme en el país y en experiencias en otras latitudes.

El ahora huésped del Reclusorio Norte, dejó ver en una declaración que el caso es de dimensiones de largo aliento y él no es el único involucrado: “lo que pasa es que a muchos no les conviene que se sepa la verdad. Los que realmente se beneficiaron (de los sobornos) están libres”.

Los casos de corrupción de Odebrecht, en Latinoamérica, son múltiples y alcanza a un exmandatario. En Brasil hacia 2014, para investigar y sancionar los casos de corrupción vinculados a la constructora Odebrecht se creó un grupo especial integrado por fiscales, policías federales llamado Operación Lava Jato se trató de un caso de sobornos de la empresa brasileña Petrobras. Para 2017, el grupo especial había logrado condenas para 125 personas.

En el país de la samba se abrieron 57 procesos penales contra 260 acusados. Para entonces se habían dictado condenas en 25 juicios por un total de mil 317 años de prisión. Para marzo de 2020, luego de 6 años de labores, el equipo especializado de la Operación Lava Jato logró la denuncia de 500 personas implicadas en actos de corrupción.

En tanto, en Perú desde 2018, se creó un equipo especial de fiscales, que lleva más de 35 investigaciones abiertas y más de 250 personas investigadas por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos. Incluso, Pedro Pablo Kuczynski siendo presidente del país andino renunció antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso luego de comprobarse su involucramiento en los sobornos de Odebrecht en aquella nación.

Mientras que en Argentina desde 2018 se empezaron a seguir las huellas de sobornos por parte de la empresa en la que el dinero chorreó dentro campañas políticas, funcionarios y de ellos, había 172 procesados y siete presos.

Lo que tiene el fiscal Alejandro Gertz Manero es una morona de investigación, un detenido que durante 16 meses se abrazó de un criterio de oportunidad que extendió, hasta donde pudo, el caso y apenas el miércoles logró 30 días más para presentar pruebas.

La trama de Odebrecht en México se debe considerar en ciernes. Emilio “L” se jugó su última carta. Está en prisión y el descrédito ya lo consiguió por unanimidad y en lo mediático es un logro para la cuatroté pero es un resultado mediocre comparado con otros países.

Para los integrantes de la alianza “Va por México” era importante salir en la foto con Alejandro Moreno, dirigente del priismo nacional por razones de forma y fondo. Lo primero era mostrar cohesión entre las dirigencias partidistas ante las presiones desde Palacio Nacional por la iniciativa de reforma energética y dos evitar que a través de Alito se encuentre el boquete que necesita Morena para reventar la alianza opositora desde lo electoral y lo legislativo.

Desde que el dirigente priista dejó que los gobernadores de su partido tomaran su propio camino opositor, unos manteniéndose en la Conago y otros en la Alianza federalista se mostró al exterior, la fragilidad y la disfuncionalidad institucional permitida por Moreno Cárdenas.

Y es que el PRI se encuentra dividido por las decisiones de Alejandro Moreno de excluir y palomear a candidatos previo al 6 de junio. Esa división se mantiene y amenaza con hacerse latente para las discusiones futuras y su impacto con la alianza en el legislativo y eso es parte de su responsabilidad política. En el mejor de los escenarios, la votación en un tema complejo como la iniciativa de reforma es que se decidirá de manera individual, no colectiva. Esto derivado de los intereses personales y vendettas internas.

Al no haber un presidente de la República emanado de sus filas para darles instrucciones, algunos tendrán razones personales, políticas y hasta legales para apoyar a Morena. En tanto, que otros se decantarán por mantener una postura opositora.

Tanto el panista Marko Cortés como su homólogo perredista Jesús Zambrano, midieron el pulso y supieron leer el contexto de que en menos de una semana ya estaba como tema alterno que el PRI es el partido que puede dar el bandazo desde el legislativo para apoyar al partido en el poder. Por ello la reunión fue para comprometer al priista y evitar un movimiento que afecte a la alianza.

Jesús Zambrano está seguro que la coalición sigue firme, lo que no consideró es que uno de los artífices se encuentra en una posición débil al interior de su partido. Aun así es el interlocutor, por el momento, válido para continuar con la alianza programada para durar tres años.

Marko Cortés, dirigente panista, afirma que el PAN es una valiente oposición, resistente los embates y que busque articular a los partidos de oposición en el Congreso de la Unión para asumir el liderazgo que los ciudadanos le dieron en las pasadas elecciones.

Aunque Alejandro Monero dio una respuesta en la que evoca el espíritu de la amalgama política al señalar: “somos una coalición sólida, que se fortalece cada día”. Lo preocupante es que en su actuar al interior del PRI es el que lo pone a él en riesgo. La alianza puede tener otros puntos sobre los que se puede sostener, incluso con la sola fracción paralmentaria impulsar temas; sin embargo, el insostenible entre los priistas es Moreno Cárdenas.

 

Sin dar un resultado contundente en los ochos meses al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro se encuentra sumida y secuestrada por una burocracia interna que aprendió a no darle más explicaciones que, las suficientes para que dé la vuelta a diversos asuntos y deje en manos de los trabajadores ocuparse de ello. Su equipo de trabajo, apodado la burbuja —por estar el mayor tiempo encerrados en reuniones de trabajo—, y ella son relegados de manera sutil.

En el intrincado enredo burocrático en el que se encuentra Raquel Buenrostro hay varias aristas. La burocracia la mueve a su antojo, Enrique Romero Sánchez, secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la secretaría de Hacienda y el SAT. Por sus manos pasan decisiones que rebasan a Raquel Buenrostro pero ella sólo es el rostro y el maquillaje de una dependencia compleja.

Incluso, por la concentración de poder de Romero y las omisiones de Buenrostro se dejaron pasar asuntos que trastocan los ideales moralizadores de la administración pública por parte de la cuatroté. Un caso es el del nulo control en el área de las contrataciones del personal que al interior del SAT continúan. Ahora sale a relucir el nombre de Javier Sánchez Zermeño quien es actualmente funcionario de la Administración de Certificados y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior 3, dicho personaje tiene un oscuro pasado el cual lo llevó hasta el penal de Puente Grande.

Hace 10 años, durante una diligencia de embargo en una tienda de abarrotes ubicada en Lagos de Moreno, Sánchez Zermeño, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Garantías y Remates del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Guadalajara Sur ejerció violencia física y verbal sin causa legítima en contra de una mujer, quien era la dueña del lugar, el hecho fue evidenciado por testigos ante el Ministerio Público Federal. Incluso, pisó la prisión de Puente Grande.

Ahora, regresó al SAT pero despacha desde las oficinas centrales de la CDMX. Su expediente, no fue revisado con lupa y desde la cúpula del sindicato que encabeza Enrique Romero Sánchez hubo silencio y se dejó pasar a este burócrata que, ahora, es el dolor de cabeza de “la burbuja” y de Raquel Buenrostro ya que sofisticó sus movimientos al interior de la dependencia para colarse. Sin embargo, la quejas por parte de sus subalternos son reflejo de la serie de omisiones.

De acuerdo con los afectados que trabajan con él, son las mujeres ya que sobre ellas ejerce abuso de poder. En redes sociales Javier Sánchez ha sido denunciado por tener bebidas alcohólicas al interior de su oficina, lo cual no parece ser un impedimento más para que continúe en un organismo de vital importancia.

Parte central del problema radica en la selección del personal, y en el conflicto existente entre Romero y Buenrostro. Los filtros para la selección de personal están rotos. Ahora se permite el reciclaje de servidores públicos; sólo cambian de edificio o en este caso de ciudad, pero los vicios continúan arrastrándose.

En aduanas se necesita un manotazo antes de tener un coto de poder y un funcionario incómodo. Y es que la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada, a poco más de 27 años de su creación se encuentra vulnerable bajo el dominio de Carlos Alberto Gómez Martínez, director general de Fomento y Administración Portuaria, en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, pues, sin consultar a sus superiores, ya decidió operarla como negocio, dejando de lado la primicia de su creación, que es la de administrar, supervisar y controlar las actividades en los puertos mexicanos.

En este momento, se puede detener a un funcionario que se encuentra en la antesala de convertirse en un quiste para la cuatroté y desborde sus intereses en un área que comienza a enderezarse.

Con el cliché argumentativo que sus decisiones y operaciones están respaldada por José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Carlos Alberto Gómez, se aprovecha que el Puerto de Ensenada goza de alta competitividad en el comercio exterior, para inmiscuirse en asuntos pesqueros, turísticos y de carga comercial e industrial, para obtener beneficios particulares. Esto con el movimiento de extender sus dominios y decisiones encontró huecos en los que como autoridad aprovecha el poder y la capacidad de acción que tiene como encargado de puertos y marina mercante.

Afrontar el compromiso de garantizar una mejor seguridad y funcionalidad portuaria, es una lección no aprendida por Gómez Martínez, pues a pesar de tener una ingeniería en Ciencias Navales, egresado de la Heroica Escuela Naval Militar y haber sido director de Protección Marítimo-Portuaria, ahora deja ver que es más su ambición que su convicción profesional. Así de un momento, a otro, ya se encuentra en el edén de la burocracia y en las mieles del triunfo de convertirse en funcionario de alto nivel y presumir que está entre los consentidos de la cuatroté.

Y es que, vicios hay muchos, pero el de Gómez Martínez parece alcanzar un disfrute en el manejo del sistema aduanal de México a su antojo, haciendo de lado que el fin del decreto presidencial, pronunciado en julio que fue el de otorgar a la Administración de Aduanas su autonomía sobre el SAT, para promover un desarrollo eficaz y libre de corrupción.

Integrantes de la marina mercante cercanos a Carlos Alberto, señalan que sus acercamientos con gobernadores y las relaciones que se comenzaron a estructurar con la independencia que goza le dio “manga ancha” para operar y ganar espacios —fuera de sus funciones— ya que tiene a su favor la novedad del cargo.

Los esfuerzos puestos en la API para desarrollar operaciones sustentables a nivel nacional e internacional no valdrán de nada mientras que “alguien” no le ponga un alto a su nuevo negocio del director general de Fomento y Administración Portuaria y saque, una vez por todas, su cúmulo de intereses de las aduanas mexicanas.

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

La dirigencia disfuncional priista de Alejandro Moreno es el componente principal para que Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, se rindiera a los brazos de la cuatroté y aceptara el cargo de embajador de México en España, ofrecido por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde que llegó Alito Moreno a la dirigencia del partido tricolor, las decisiones sobre el partido comenzaron a dar tumbos y su mayor temor fue convertirse en una oposición con peso. El reflejo principal de la división priista se evidenció en el momento en que, Moreno Cárdenas extravió la línea de comunicación y estrategia política con los gobernadores priistas.

El PRI se dividió entre quienes lanzaron duras críticas a la cuatroté y quienes “nadaron de muertito” y permitieron el avasallamiento del partido en el poder en las principales decisiones. Moreno Cárdenas encabezó a la oposición tibia.

La creación de la Alianza Federalista, convertida en el ala dura y crítica, de algunos gobernadores priistas, a las decisiones dictadas desde la mañanera y por el otro, la debilidad —personificada— de Quirino Ordaz, al pertenecer al bloque de gobernadores sumisos a las decisiones del Presidente, lo exhibieron como un político entregado a sus propias conveniencias e intereses. Aunado a su pasado pevemista refuerza la versión de un sector del PRI que, a la distancia, lo ven como un infiltrado.

Con escasos cuatro años de militancia en el partido tricolor, Ordaz Coppel justifica sus devaneos con la cuatroté: “es una invitación a mi persona y no al PRI”. En tanto, Moreno Cárdenas simula un exhorto y queda en la simplona explicación del proceso que debe seguir el gobernador de Sinaloa dentro del revolucionario institucional para no perder sus derechos partidistas.

Y es que, sin duda, la derrota electoral del pasado 6 de junio, reveló la falta de pericia de Alejandro Moreno para ser el estratega para una elección de gran calado. Pero tampoco pudo retener el gobierno de Campeche y prueba de ello es que dejó pasar a Layda Sansores. Y el PRI quedó en tercer lugar en su supuesto bastión.

Por otra parte, Quirino Ordaz trabajó lo mínimo posible y tampoco desarrolló una estrategia sólida a favor del PRI. El resultado está a la vista. El morenista Rubén Rocha Moya ganó la gubernatura y justo en el momento del arranque de la transición de poder en el estado, llegó la invitación a Quirino Ordaz.

Moreno Cárdenas perdió el control del partido desde que llegó a la dirigencia y bajo el pragmatismo laissez faire, laissez passer, permitió que se vieran a los priistas más reacios a tratar de rescatar al PRI en algunos distritos electorales, mientras otros simplemente dejaron pasar el cayuco completo en la época electoral.

Quirino Ordaz fue de los segundos. No dejó pasar el cayuco de la cuatroté, lo detuvo para que tres meses después pudiera subirse a la embarcación como invitado de transatlántico, y sin tener experiencia diplomática ahora ya se ve como embajador en el viejo continente.

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Una de las áreas donde es necesaria una nueva reestructuración es en el Sistema de Administración Tributaria. Por el alto interés existente en la agenda política, los temas fiscales pasan a segundo plano para la cuatroté. Incluso, Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, comenzó a trabajar a su favor y los objetivos trazados desde Palacio Nacional se cumplen a medias.

Los movimientos en la secretaría de Hacienda, desde la salida de Carlos Urzúa, el breve paso de Arturo Herrera y ahora la esperada consolidación con Rogelio Ramírez de la O, han puesto bajo la lupa ese movimiento y se deja de lado al brazo fiscalizador de la 4-T.

Uno de esos pendientes va en contra de aquella metáfora anticorrpución del barrido de las escaleras de arriba hacia bajo. Ahora, deudores fiscales son beneficiados desde el SAT donde la denominada “dama de hierro de la 4-T, Raquel Buenrostro, tan sólo en el segundo trimestre del actual, eximió de 293.3 millones, a los denominados grandes contribuyentes. Esta es la muestra de que la la honestidad de funcionarios está en duda.

Dicha irregularidad se aplica cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó, en 2019, un decreto presidencial, donde se eliminaban las condonaciones de impuestos a los grandes contribuyentes y deudores fiscales, esto, con la finalidad de no seguir el mismo rumbo de sexenios anteriores, donde los últimos tres condonaron impuestos por 400 mil 902 millones de presos.

La cuatroté tenía en su análisis, hecho por la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, la visión de que en los últimos tres sexenios, se condonaron impuestos por 400 mil 902 millones de pesos, a 153 mil 530 contribuyentes, con base en esquemas de condonación de adeudos sobre contribuciones, multas y recargos, distintos a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación que dispone en qué casos excepcionales podría el Titular del Poder Ejecutivo permitir esa medida.

A medio caminos del gobierno de la cuarta transformación, la nueva lista que ya se ha hecho pública y de acuerdo a la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), suma a empresas del hombre más rico de México, filiales de empresas extranjeras, bancos, así como de diversos giros incluyendo a personas físicas, dando un total de 862 beneficiados.

En su momento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no impulsar este tipo de medidas porque lastimaban a la sociedad, y reiteró su compromiso de combatir los privilegios fiscales que dañan las finanzas públicas; sin embargo, Raquel Buenrostro va en sentido contrario a lo decretado desde Palacio Nacional.

La exención de multas en el SAT era algo que estaba normado por ley; sin embargo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 20 de mayo del 2019, firmó un decreto en el que se eliminan de forma expedita las condonaciones de impuesto a los grandes contribuyentes y deudores fiscales, ya que una constante en administraciones pasadas era eximir impuestos a las grandes empresas.

La vieja práctica de las condonaciones regresó. Si Raquel Buenrostro no lo sabe alguien dentro de su equipo trabaja en contra de la cuatroté. Si lo sabe es, pero porque no actúa sola y las órdenes ellas las acata solamente para cumplir con decisiones que la rebasan, pero al mismo tiempo la convierten en cómplice.

Justo en la época más complicada para las cámaras empresarias e industriales para establecer alianzas y diálogo con el gobierno de la cuatroté, nadie se puede dar el lujo de tener en la dirigencia de estos organismos a personajes titubeantes, tímidos o elegidos por la añosa costumbre del amiguismo. Sin embargo, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) tiene en la mira a un sucesor sin importarle el costo político a futuro.

El proceso interno en la renovación de la dirigencia de la Cocamin tiene un componente riesgoso. La tentación del dedazo. A José Abugaber, de la industria del calzado guanajuatense, ya se le endilgó la etiqueta del favorito de Cervantes Díaz para sucederlo.

Aunque recientemente, el candidato del Bajío metió el choclo. En la primera presentación de Pepe como se le conoce entre sus cercanos, no fue lo que se esperaba, ya que entre los miembros del Consejo Directivo de la confederación fue perceptible cierto nerviosismo, e incluso, algunos contratiempos o tropiezos durante su explicación. Eso sin contar que, en sus mensajes en las redes sociales, también se nota su falta de asesoría.

El estar cerca de Díaz Cervantes en la dirigencia de la confederación le ha costado caro en su imagen. Le hace sombra y la dirigencia la busca sólo para que el actual presidente de la confederación extienda su mandato a trasmano. El círculo de industriales que apoyan a Abugaber no ve mal que también tenga una afinidad hacia un sector del panismo que se encuentra asentado en la región del Bajío; pero la realidad es que Morena busca aliados no sumar adversarios.

A José Abugaber se le conoce como un industrial al que le gusta estar cercano al poder político. Por ello es que la dirigencia de la Concamin la busca dividir Díaz Cervantes para su beneficio. Hacer mancuerna con Abugaber es tener controlado al dirigente y los movimientos políticos moverlos desde la tenebra.

El país enfrenta una de sus peores crisis económicas y el trabajo informal, en este momento, es el termómetro confiable de que las cifras de generación de empleos están en números rojos. La llegada de una nueva dirigencia debe ofrecer cifras alentadoras que estimulen la economía y la generación de empleos que, de manera natural, le abran las puertas en la secretaría de Economía y Palacio Nacional. Si Abugaber tiene otras cifras para que los agremiados a la Concamin se conviertan en un potente generador de fuentes de empleo, el camino está abierto; sin embargo, en 2015 vivió una situación bochornosa. Una trabajadora de su empresa de calzado “Comando” tomó la palabra para resaltar la cruda realidad que viven los empleados: inseguridad y bajos salarios. Ante el candidato del PAN a la alcaldía de León, Héctor López Santillana, ella expresó que hoy en día tienen que cuidarse de que no les roben el poco dinero que ganan en la empresa. Todo se disfrazó de anécdota, pero la pedrada fue directa al ahora candidato a dirigir la Concamin, José Abugaber.

Israel Mendoza

Tener el respaldo del exgobernador Emilio González y de la Coparmex de Jalisco, para sus aspiraciones presidenciales son señales suficientes para desconfiar del gobernador Enrique Alfaro. A la vista de los sectores políticos del estado y de la facción progresista de su partido, sería el candidato de la ultraderecha.

Desde que Enrique Alfaro sugirió no caer en la tentación de que Movimiento Ciudadano y algunos gobernadores fueran una oposición radical, el gobernador comenzó a tener acercamientos con los grupos de derecha en Jalisco encabezados por el exgobernador Emilio González, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega y los empresarios conservadores de la Coparmex.

El primer paso es disfrazar su intención a través de un nuevo bloque de mandatarios. Declararse de centro, pero detrás de esa máscara se encuentran los intereses económicos y políticos de la ultraderecha. Primero que busca zafarse de la Alianza Federalista ya que no quiere negociar con algunos gobernadores de ese bloque, su interés de estar en las boletas en 2024. Y la Conago, por el momento, se encuentra más apegada a la 4-T.

Y es que Alfaro no quiere recordar cuando le ofrecieron dejar el movimiento de Dante Delgado Rannauro y sumarse a las filas del proyecto transformador. Se inclinó por Movimiento Ciudadano, pero ante el escenario actual y los destapes, prematuros, en Morena ya alista sus pasos como presidenciable.

Por ello es que ya soltó su declaración: "Si Dios me da vida y salud, en el 2024 voy a estar en la primera línea de batalla para evitar que este proyecto de País que nos está llevando a un barranco, continúe".

Pero ya se hizo más evidente su línea conservadora al ser Emilio González Márquez quien le alzó la mano y lo declaró un candidato representante de la posición para enfrentar a Morena en 2024.

A esto, se suman los vínculos con la Coparmex a través de su exdirigente Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, dueño de Grupo Motormexa que son parte de la estrategia que traza Alfaro para llegar a los demás círculos de poder institucional y fáctico que conviven en el estado y que se necesitan para sus aspiraciones políticas a futuro.

A este último lo ha beneficiado con adjudicaciones y gozado de impunidad pese a las tres denuncias existentes en su contra ante la fiscalía general de Justicia de Jalisco, con los números 21480/17Ag8; 36238/19Ag8, y 461280/96-r/Ag21, por el delito de extorsión

Covarrubias presume su amistad con el titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos de Jalisco, Juan Bernardo Covarrubias del Cueto, de quien se dice familiar cercano, así como también con altos funcionarios de la Fiscalía del estado.

Además, en todo momento, presume su cercanía con el gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro, así como con las más altas autoridades del municipio de Zapopan, donde tiene radicadas sus empresas.

Hasta antes de los comicios del 6 junio, Alfaro era una de las cartas fuerte de Dante Delgado. Ahora sus devaneos y grupos que lo rodean, lo encasillan para formar una corriente de derecha dentro de Movimiento Ciudadano.