En México, las reglas de la política han ido teniendo cambios vertiginosos durante los últimos 30 años.
Y es que si se toma en cuenta que durante casi tres cuartos de siglo, la única fuerza política con capacidad real de acción y operación en México fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), resulta suficiente para entender el por qué para muchos, las reglas y marrullerías del antiguo Partido Aplanadora (sobre todo éstas últimas), adquirieron calidad de ley absoluta e incuestionable, aún para aquellos que pertenecían a otros partidos.
La alternancia partidista en cargos de elección y la paulatina apertura en distintos espacios de la vida política no han significado necesariamente un cambio absoluto en nuestra mentalidad. Parafraseando a Thomas Hobbes, uno de los clásicos de la Teoría Política y del Estado: El Leviatán ha mutado de piel, pero en esencia sigue siendo la misma bestia.
"¿Suplente? ¡Ni de Dios!", reza una de las frases más populares del refranero político mexicano, haciendo referencia al tradicional desprecio que los integrantes de nuestra clase política tenían tradicionalmente hacia los puestos secundarios, usados muchas veces como premios de consolación.
Sin embargo, la realidad de los hechos está dando una nueva connotación a un dilema irresuelto de nuestra actualidad política: la necesidad de contar con un "plan B" cuando la realidad se ve repentinamente alterada por acontecimientos inesperados.
Un ejemplo brutal se vivió en 1994, con el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta. La Nomenklatura priista se vio presionada a tomar decisiones emergentes. De un puñado de opciones emergió la figura de Ernesto Zedillo Ponce de León, ungido a las carreras como candidato sustituto. La determinación provocó una profunda ruptura al interior del PRI, tal vez la más notoria, el berrinche y la posterior salida de Manuel Camacho Solís, quien se consideraba a sí mismo como el personaje idóneo para suplir al malogrado sonorense. Quién lo diría: Zedillo no sólo entregó el poder a otro partido, el PAN, sino que terminó peleado a muerte con el hombre que lo impuso en la candidatura: Carlos Salinas de Gortari.
Actualmente, en Morelos se vive una rebatinga política por la inminente e inaplazable necesidad de designar alcalde suplente en Temixco, ante el cruel asesinato el pasado 2 de enero de Gisela Mota Ocampo, apenas a 16 horas de haber asumido el cargo.
La normatividad establece que ante la ausencia definitiva del alcalde, se habilita al síndico municipal para asumir las funciones correspondientes en tanto el Cabildo da seguimiento al proceso para llamar al candidato suplente. En este caso, la responsabilidad recae en la profesora Irma Camacho García, quien fuera compañera de fórmula de la malograda alcaldesa temixquense.
Sin embargo, en Temixco se ha iniciado un movimiento social que reclama que la alcaldía sea conferida a la señora Juanita Ocampo, madre de Gisela y fundadora del PRD en la localidad, argumentando que Camacho García es inelegible por haber ocupado un cargo en la administración municipal anterior, mismo al que no renunció en el tiempo establecido por la legislación electoral vigente. Asimismo se están esgrimiendo otros argumentos de carácter moral, relativos al arraigo y oriundez de la alcaldesa suplente, así como sus vínculos familiares con el senador Fidel Demédicis Hidalgo, identificado en estos momentos como el enemigo político número uno del gobernador Graco Ramírez y su grupo, pese a provenir ambos, vaya cosa, del mismo partido, el PRD.
El problema de fondo reside en la negligencia con las que dirigentes, partidos y grupos políticos toman las decisiones relativas a la conformación de candidaturas y fórmulas. Las nuevas disposiciones legales les han obligado a considerar ciertos factores en materia de elegibilidad y equidad de género, pero en el fondo subyace la nefasta idea de que una candidatura suplente es un asunto engorroso que hay que cumplir sólo para cubrir las formas legales, o bien dar atole con el dedo a algún aspirante no beneficiado.
El anacrónico sistema de cuotas y compadrazgos que prevalece en nuestros partidos políticos ha llevado a la toma de decisiones absurdas y políticamente costosas ante situaciones emergentes.
Vea usted el caso de Tamaulipas, donde de manera artera fue asesinado el 28 de junio de 2010 el candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, a una semana de las elecciones para las que se enfilaba como inminente triunfador.
La cúpula priista se reunió de manera urgente en Ciudad Victoria, encabezada por su entonces dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel. Pese a las presiones de los grupos internos del priismo tamaulipeco, resultaba a todas luces imposible echar mano de la baraja de aspirantes que en los meses anteriores habían expresado su interés por buscar la postulación: la pura sospecha de un crimen por conveniencia hubiese resultado un suicidio electoral. De tal suerte que se optó por designar a Egidio Torre, hermano del candidato asesinado, un personaje sin una trayectoria política relevante y aparentemente desprovisto de vínculos o conflictos con los grupos políticos en pugna. Se buscó explotar el sentimentalismo del electorado, impactado a sobremanera por el homicidio Rodolfo, un hombre de noble carácter que siempre fue visto como un político de formación humanista y un servidor público afable.
Tras ganar la elección, los publirrelacionistas de Egidio Torre se esforzaron en vender su inexperiencia política como si fuera un atributo: "no trae compromisos", "es un ciudadano que ha estado al margen de los partidos", "la muerte de su hermano lo identifica con los tamaulipecos que han sufrido por el tema de la inseguridad", eran algunas de las frases repetidas hasta el cansancio por sus colaboradores.
No hubo que ir muy lejos por la realidad: ya como gobernador en funciones, a Egidio Torre se le visualiza como un gobernador autoritario, cerrado a la crítica y lejano al pueblo. A todos lados viaja acompañado de un grueso dispositivo de seguridad y sus colaboradores amedrentan permanentemente a los periodistas para evitar preguntas "incómodas" durante sus giras de trabajo. Y lo peor de todo, la violencia criminal continúa prevaleciendo en el estado, pese a las cifras alegres del gobierno local y la Federación, teniendo al secuestro y la extorsión como los delitos que más lastiman a la sociedad en dicha entidad.
La experiencia tamaulipeca pone en evidencia que la sustitución de un candidato o gobernante no puede seguir siendo un asunto que se contamine por los intereses mezquinos de partidos y grupos políticos, porque al final del día, dichas decisiones contravienen lo expresado por la ciudadanía en las urnas. Dejar una responsabilidad de gobierno en manos de quién no ha obtenido el poder por la vía del voto ciudadano implica el regreso al entorno medieval, donde los derechos de sangre o el uso de la fuerza marcaban el rumbo de la vida pública.
Una sociedad democrática no puede tolerar este tipo de prácticas. Es momento de que los partidos y autoridades electorales abran las reglas del juego y no permitir que los Padrotes y Madrotas de la Patria continúen abusando de la ventaja de tener bajo su control la letra chiquita del contrato con la sociedad a la que simulan servir, porque al final de cuentas, las consecuencias de sus arreglos las termina padeciendo la mayoría.
A menos que pretendemos seguir igual...
DE BOTEPRONTO: El aplazamiento del destape del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas es una muestra clara de que no todo es felicidad bajo el virreinato de Egidio Torre Cantú. Firmar un pacto de unidad y pedir a los integrantes del Club de las Cabecitas Calientes cerrar filas en torno al gobernador, al Presidente Peña Nieto y a su partido se puede leer de la siguiente manera: "Dime de qué presumes, y te diré de lo que careces". Al tiempo.
Twitter: @miguelisidro
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