Esta semana, el Banco Mundial presentó los resultados de su informe Doing Business en México 2016, el sexto reporte subnacional en el país, mediante el cual la institución captura diferentes dimensiones del clima de negocios en los 32 estados mexicanos a través de 4 indicadores: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos.
Adicionalmente, se realizó por primera vez una investigación piloto enfocada exclusivamente y con mayor detalle en el proceso de conexión de un negocio a las redes de agua y drenaje en 16 municipios mexicanos; ninguno de estos de Veracruz.
De lo anterior se desprende que Puebla, Jalisco y el Estado de México son las entidades mexicanas que más avanzaron hacia las mejores prácticas internacionales para hacer negocios. Entonces: ¿Cómo salió el Estado de Veracruz?
Aunque usted no lo crea, estamos en la décima posición nacional en la evaluación global de los 4 indicadores; en la séptima posición en lo que son las facilidades otorgadas para gestionar un permiso de construcción; en la novena en lo que hace a los trámites ante el Registro Público de la Propiedad (con todo y los tuppers y los catálogos de zapatos en los escritorios del personal), pero en la desastrosa posición 23, en el cumplimiento de contratos.
Pero además, Veracruz salió bien evaluado al hacer mejoras en 3 de las 4 áreas regulatorias analizadas por el Banco Mundial: permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. ¡Imagínese cómo estábamos antes del 2014 si así estamos ahora!
Le cito un ejemplo: en el índice de control de calidad de la construcción, existen diferencias importantes entre ciudades en cuanto a los controles de calidad después de la construcción —inspecciones realizadas en la práctica—, la cualificación exigida a los profesionales encargados de aprobar proyectos técnicos y supervisar las obras y en los regímenes de responsabilidad. Acapulco, Aguascalientes, Colima y Veracruz tienen las mejores prácticas nacionales —13 puntos—, ya que los directores responsables de obra y el municipio realizan en todos los casos las inspecciones de las que cada uno son responsables —los directores responsables de obra durante, y el municipio al finalizar la construcción—.
Pero nada se movió en dos años para facilitar la apertura de empresas en territorio estatal, de ahí que la recomendación sea preparar el proceso de digitalización, simplificar y eliminar trámites, hacer opcional la intervención de fedatarios públicos en el proceso de apertura de empresas y reducir el costo de la inscripción al Registro Público.
El reto ahora, para quienes llegan, es volver a encarrilar el tren.
@YamiriRodriguez
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