Ahora los presuntos delincuentes se amparan en la autonomía universitaria –garantizada en la Ley Orgánica expedida el 22 de julio de 1929-, autonomía que se refiere a la libertad de cátedra, al respeto a las corrientes ideológicas, el respeto a la libertad de cátedra, más no debe entender como autonomía el solapar a delincuentes, el solo aceptar que existe, pero no se dan pasos decisivos para erradicarlas.
Que mejor regalo de conmemoración de estos 50 años del Movimiento Estudiantil y de la inauguración de las XIX Olimpiadas en el estadio universitario– que el primer domingo de este mes, vio como en la pantalla electrónica, duranteel juego de los Pumas, el tablero electrónico señala ”Fuera narcos de la UNAM”, lo que reclaman no solo los estudiantes sino la sociedad en general.
Rectores como Mario de la Cueva, Nabor Carrillo Flores, Ignacio Chávez, Javier Barros Sierra, Juan Ramón de la Fuente, Jorge Carpizo Mac Gregor, por mencionan tan solo a algunos, defendieron de la delincuencia a los recintos universitarios. Desgraciadamente, fue durante la gestión del doctor Ramón de la Fuente, excelente rector, quien dejó como mancha de su gestión el que el auditorio Justo Sierra fuera tomado por las huestes de “El Mosh” y se mantenga ocupado por seudoestudiantes desde entonces.
El tema de la autonomía ha sido analizado por varios personajes del mundo universitario.
Ricardo Peralta, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, señala que la autonomía es el mayor bien jurídico tutelado, ha sido intocada. Su interpretación es cuestionada por quienes no la conocen o pretenden hacerla mal entender. Bajo ningún concepto la UNAM puede realizar actividades policiacas o de investigación de delitos. Usa sustancias o venderlas que perturban la salud dentro de los campos universitarios es sancionable. Estamos ante la comisión de delitos que la autoridad debe investigar, realizar cuantas acciones sean necesarias en cumplimiento de sus facultades, no tiene por qué violentarse la autonomía universitaria ni fomentarse mayor violencia, al tener gente armada para buscar un enfrentamiento.
Un reciente estudio dado a conocer por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM indica que para que puedan comprender que la entrada de agentes armados al campus acompañados de peritos, ministerios públicos y hasta del abogado general o abogados de la UNAM es un acto legal. El actual director del Instituto, Pedro Salazar Ugarte, considera que la probable intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en la erradicación del narcomenudeo en el interior de los campus, es una determinación que corresponde únicamente al rector Enrique Graue. Considera que “ la Universidad no es un país aparte. No es una ínsula dentro del Estado Mexicano, sino que forma parte de lo que está dentro de los límites que conocemos y que maca la Constitución. La autonomía no está en el hecho de que se impida el acceso al régimen de derecho en la institución.
Francisco Zea, en columna “Línea Estratégica”, que escribe en Excélsior, escribe que “ la autonomía de la Universidad esa confundida con soberanía. La UNAM no es un Estado y no se suspende la aplicación y vigencia del Código Penal y de Procedimientos Penales AL interior”.
EL licenciado Manuel Barquín Álvarez, abogado general de la UNAM durante las rectorías de Jorge Carpizo y José Sarukhan manifiesta que si bien no existen impedimentos legales para que las fuerzas del orden intervengan en la Universidad, desde el movimiento estudiantil de 1968 quedaron barreras políticas, puesto que la actuación del Ejército no fue respetuosa de la autonomía universitaria. Además, dice el licenciado Barquín, existe la suspicacia que existe hacia los cuerpos policiales y su connivencia con grupos o bandas del crimen organizado”-.
Hasta hoy sólo se han tomado medidas para combatir el narcomenudeo en los alrededores de Ciudad Universitaria en las dos últimas semanas se ha informado que han sido detenidos 10 presuntos narcomenudistas que operaba en el perímetro de la Máxima Casa de Estudios. Pero el problema al interior de CI no se resuelve, tan solo se contempla y reconoce. ¿ Hasta cuándo? es la pregunta que se le hace al doctor Enrique Graue, al Consejo Universitario y a la Junta de Gobierno-.
En lo personal considero que la autonomía universitaria debe ser de libertad de cátedra, autonomía en materia administrativa, en materia de ideologías política e intelectual, pero no debe servir para solapar delincuentes. La delincuencia se enfrenta con la ley del rector, el Consejo Universitario, Junta de Gobierno, pueden constitucionalmente solicitar la presencia de autoridades federales para enfrentar casos típicos de transgresión de la ley dentro de los campos universitarios. Debe entrar la policía, no el Ejército ni la Marina, solo en casos específicos como es la ocupación de auditorio Justo Sierra y nada más. Las investigaciones y freno al narcotráfico deben ser responsabilidad de los mil 400 miembros del cuerpo de vigilancia de la Máxima Casa de Estudios. La Universidad forma parte del Estado Mexicano, no es un territorio independiente.
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