Extirpar la corrupción en México amenaza con convergirse en una larga lucha llena de intrigas, de trampas y oscuros pasajes que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval, deberán superar para cumplir frente al pueblo de México las promesas de campaña, quien ha puesto sus esperanzas en este gobierno para, de una vez por todas, desterrar la corrupción como ejercicio de gobernar el país.
En el pasado, la llegada de un nuevo gobierno convirtió las oficinas de las oficialías mayores en pasarelas de empresarios, los que iban y venían en un incesante cabildeo para concretar la ratificación de los contratos en marcha o la firma de nuevos; mientras que los oficiales mayores de las dependencias tejían sus estrategias con sus equipos para hacer la magia de multiplicar sus ingresos a partir del dinero público. En el pasado, les bastaba con el 10% del total de los contratos, pero hoy, según los rumores, piden el 20% por los riesgos que corren.
Si la voluntad y el discurso diario del presidente, así como de la secretaria de la Función Pública, fueran un antídoto para poner fina a la corrupción, a los conflictos de interés y al tráfico de influencias, el país habría comenzado a transitar desde hace mucho tiempo lejos de los tenebrosos círculos de la corrupción, donde servidores públicos y empresarios intervienen para vivir del dinero público en menoscabo del bienestar de la mayoría de los mexicanos, pero sobre todo de los más de 55 millones de pobres, excluidos de la concentración de la riqueza en nuestro país, en los últimos 30 años.
No basta pues con la voluntad del presidente para acabar con la corrupción, es necesario un cambio en todos los niveles de dirección del gobierno para avanzar en ese propósito. Los secretarios y subsecretarios de Estado han mostrado estar en concordancia con los lineamientos generales de las políticas del presidente y, sino lo hicieran, seguramente serán destituidos de sus puestos; sin embargo, quienes operan las políticas públicas y tienen la responsabilidad de instrumentarlas, como los titulares de las unidades, quienes ocupan puestos en direcciones generales, en direcciones generales adjunta que sobreviven aún a los cambios administrativos, en direcciones de área, por ejemplo, ¿realmente están comprometidos con las políticas del nuevo gobierno o las están obstruyendo?
La Dra. Irma Eréndira Sandoval, señaló en su momento que, al llegar al gobierno, habían “identificado decenas de irregularidades en compras públicas que representan un riesgo de corrupción” y estaba en lo cierto. Para hacer frente a ese riesgo propuso la Dra. Sandoval, consolidar las compras gubernamentales y limpiar las contrataciones públicas, como un objetivo prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algo que aún no se ha concretado; para lo cual ha repetido en sus intervenciones públicas, la necesidad de ciudadanizar el combate a la corrupción usando los medios electrónicos y transparentando las adquisiciones públicas a través de CompraNet.
No obstante, frente a una maquinaria del Estado que no ha dejado de operar un solo momento y la necesidad que tiene el gobierno de no detener su funcionamiento, los operadores del sistema que trata de eliminar el presidente, están recurriendo a efectuar contrataciones directas o a adherirse a contratos vigentes de ComparNet, permitidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, beneficiando a empresas de dudosa reputación, las cuales poco a poco han ido saliendo a la luz y se les ha prohibido a las instituciones efectuar contratos con ellas.
Aún cuando la Secretaria de la Función Pública ha insistido en la necesidad de priorizar las licitaciones públicas sobre las adjudicaciones directas o, al menos, hacer una invitación a tres empresas, me atrevería a afirmar que hoy la mayoría de las compras efectuadas en el Estado, o al menos más del 70% de ellas, son el resultado de adjudicaciones directas permitidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de acuerdo a lo establecido en sus Artículos 41 y 42, desobedeciendo la indicación del presidente y de la secretaria de la Función Pública de efectuar licitaciones públicas, preferentemente.
Aunque la responsabilidad de la operación administrativa y financiera de las instituciones del Estado depende ahora de la Unidad de Administración y Finanzas, que sustituyó a la Oficialía Mayor de cada dependencia, dependientes administrativa y metodológicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), actuando de manera transversal en cada caso, nada puede garantizar por ahora que no haya negocios oscuros que solapen alguna forma de corrupción.
Pensar que todos los que hoy trabajan en las dependencias y empresas del gobierno están comprometidos con el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con su ética dentro de la administración pública y compromisos adquiridos durante su campaña presidencial frente al pueblo, podría ser un error que cueste muy caro. En mayor o menor grado, quienes tienen acceso al dinero público y a la firma de contratos con empresas, siempre tendrán la tentación de sacar provecho de su posición y buscarán hacer a un lado a quienes se conviertan en un problema para sus planes; el único obstáculo para lograrlo será su nivel de conciencia social y su compromiso con el nuevo gobierno. De esta magnitud es el reto de la lucha contra la corrupción, algo que pasa más por la ética con que trabaja cada servidor o servidora pública y su lealtad con quienes confían en ellos.
@jlosmex
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