Israel Mendoza
@imendozape

Al entrar en la recta final del primer año de la Cuarta Transformación, el llamado “bonillazo” es un tema de doble discurso y de choque de conceptos jurídicos, políticos y, sobre todo, éticos. En palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la ampliación de mandato es “legal” un día y al mismo tiempo para ella “inconstitucional”.

Mientras que para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ampliación de mandato a cinco años toca los linderos éticos ya que el caso le “produce pena”, expresó el 11 de octubre en la mañanera. “Me da pena porque no debe de estarse discutiendo sobre estos asuntos, hay que respetar lo que establece la Constitución, las leyes y lo que resuelvan las autoridades”.

De acuerdo con los principios básicos de Morena, partido que impulsó al empresario-político Jaime Bonilla, el Artículo 3º señala que sus fundamentos se basan en rechazar al ambición para el beneficio propio; asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Además no permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo y la perpetuación en los cargos.

Así que el argumentar y ampliar el mandato de la gubernatura de dos a cinco años se convierte en la violación de los estatutos del partido al mostrar una vulgar ambición para el beneficio propio. Eso no es la esencia de la 4T ni de la búsqueda de una renovación moral del México actual en sus estructuras de gobierno y sociales.

A esto se le añade una consulta —sin consecuencia jurídica— para legitimar una ambición por el poder desmedido.

La declaración de Olga Sánchez Cordero, en el video difundido el fin de semana pasado, donde señala que la norma de la ampliación de lo del periodo de dos a cinco años en la gubernatura de Baja California “la norma es legal, pervivirá”. Exhibe esa doble clara de quien lleva las riendas de la política interna del país, pues apenas el 26 de septiembre ante Senadores declaró que la ley Bonilla es inconstitucional.

Al caso de Jaime Bonilla le sobra cinismo político y le faltan principios y ética. Para que el gobierno de la Cuarta Transformación no quede como un traidor a la democracia debe presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que amplió de dos a cinco años el mandato del gobernador morenista.

Incluso, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra debe ser el recipendario parar presente la acción de incondicionalidad, es lo único que puede garantizar que se trabaje en democracia y con ello evitar que se mantenga en un desgaste continuo la Presidencia de la República.

El trasfondo si bien es jurídico y la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá el futuro del nuevo mandatario de Baja California, el partido que lo postuló y él mismo deben tener en cuenta que los principio éticos también son redituables, no todo es la ambición, la creación de leyes a modo y una consulta no vinculatoria.