@imendozape
Las rebuscadas fórmulas financieras operadas, recientemente, por Alberto Ortiz Bolaños, director general del Instituto Fonacot, y su dream team, resultan inconvenientes e incluso adversas a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A finales de abril, la decisión más rebuscada del director fue presentar un “plan de alivio”, supuestamente pensado para que los trabajadores con créditos vigentes en el Instituto Fonacot puedan diferir dos mensualidades sin cargos moratorios.
Sin embargo, la medida anunciada por el directivo se refiere a que los pagos que no se hayan realizado en abril y mayo podrán ser transferidos al final del periodo del préstamo sin que esto genere efectos negativos para los usuarios ante el buró de crédito. No obstante, al interior del organismo perteneciente a la Secretaría del Trabajo, encabezada por Luisa María Alcalde, se comenta que el plan únicamente tiene como objetivo que los trabajadores que pierdan su empleo ante la pandemia por Covid-19 no recurran al Fondo de Protección de Pagos (FPP), con el que presuntamente tienen derecho a que sean cubiertas hasta seis mensualidades faltantes, eso sí, siempre y cuando alcancen los recursos.
Ante esta ingeniería financiera compleja, el problema es que —según expertos— los cobros realizados por dicho fondo no son suficientes para que funcione mediante cuentas individualizadas. De acuerdo con documentos en poder de este espacio si un trabajador otorga mensualidades de 2 mil 875 pesos, correspondientes a su crédito, la aportación única al FPP será de 2 mil 643 pesos, monto que se queda corto para cubrir una sola de las mensualidades.
Así que para lograr que los recursos alcancen, especialistas financieros comentan que la única posibilidad sería que dicho fondo fuera operado como Sociedad Mutualista, sin embargo, están impedidos ya que no cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), encabezada por Ricardo Ernesto Ochoa.
Así, en el Fonacot han surgido investigaciones en las que se asegura que la disparidad de montos estaría íntimamente relacionada con la premura con la que el equipo cercano a Ortiz Bolaños echó a andar el Fondo de Protección de Pagos.
Ejemplo de ello es la auditoría interna 04/2019 en la que se detectó “una aparente sensación de premura para utilizar un mecanismo como el FPP”, ya que el Consejo Directivo del Instituto tomó conocimiento de su creación en septiembre de 2019, pero la administración de Ortiz Bolaños decidió, como si el instituto fuera de su propiedad, que su vigencia se diera a partir del 1 de agosto de ese mismo año.
Lo penoso de la situación es que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador le da prioridad en su discurso a la rendición de cuentas, las autoridades del Fonacot reservaron los resultados de dicha auditoría durante cinco años. Curiosamente el documento expone una serie de factores que pondrían en alto riesgo al organismo y no se conocerán hasta después de terminado el sexenio de la cuatroté.
Entre las irregularidades, resalta la falta de cláusulas claras tanto en los Lineamientos como en las Reglas de Operación del FPP que podrían provocar malversación, opacidad y uso discrecional de los recursos, pues hasta finales del año pasado no existía algún listado para definir a los servidores públicos del Fonacot que reciben pagos por administrar el Fondo.
Así, resulta extraño que aún no se hayan pronunciado al respecto las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Mientras que se desconoce la reacción de la Secretaría Función Pública (SFP), ante las irregularidades presuntamente cometidas, pues en el proceso de aprobación se habrían quebrantado al menos una veintena de leyes y reglamentos.
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