Doctor Carlos Alberto Martínez

Las dificultades económicas pueden manifestarse de diversas maneras. La clave está en que cuando surjan los agentes económicos estén unidos en particular el gobierno y el sector privado. Estas dificultades pueden ir desde la afectación de los mercados laborales o comerciales hasta la materialización del quebranto del sistema de pagos (México 1994 con el FOBAPROA o EU 2008 con las hipotecas suprime). Las situaciones graves pueden venir por efectos nocivos en la demanda o en la oferta, la pandemia comenzó por la demanda hasta contaminar a la oferta y el sector laboral. Igualmente puede haber desequilibrios en la balanza de pagos o falta de ahorro. Una economía sólida tarda décadas en formarse, pero puede en tan sólo meses perderlo todo. En el caso mexicano nuestra economía comenzó a desacelerarse después de las elecciones del 2018 cuando se observaron los primeros frenos relevantes a la inversión. Lo anterior se prolongó en 2019, vino el confinamiento en 2020 y es, hasta ahora a la mitad del año, que comenzamos a apreciar un incipiente crecimiento. 

En este entorno adverso se ha buscado construir una nueva relación entre el gobierno y el sector privado sustentada en la clara separación del poder político del económico, la cero tolerancia a la corrupción y el respeto mutuo otrora inexistentes. No ha sido sencillo establecer nuevas reglas del juego.

Por décadas un puñado de empresarios con la complicidad de una parte de la clase política, abusaron de todo tipo de concesiones, autorizaciones y ventas a gobierno lo que distorsiono significativamente la estructura económica particularmente, la productividad y la innovación. En buena parte de nuestra economía a excepción de las PYMES y lo ligado al sector exportador, el nombre del juego era quién le saca la mayor tajada al gobierno ya sea a través de exploración de recursos, ventas o permisos. En la segunda parte de la administración del presidente López Obrador es indispensable mantener la construcción de esta nueva relación entre su gobierno y el sector privado bajo los principios de la ética y la moral pública. Al comenzar el sexenio la inversión rondaba en el 23% del PIB hoy se encuentra en el 17% en donde la mayor parte viene de los empresarios. Sin inversión no hay crecimiento y sin éste, no hay empleos, ingresos para el gobierno y, por tanto, gasto social esta fórmula ha sido probada durante siglos. Lo que también está probado es que inversión tanto pública como privada debe formarse desde la base de principios éticos, sin el cáncer de la corrupción y mucho menos en que los beneficios sean para la clase política y ciertos empresarios en lo personal son; la sociedad y las empresas las que deben ser las ganadoras tanto de esta nueva relación gobierno – sector privado como del crecimiento de la inversión de ambos.