Nuestra democracia está amenazada de muerte por y desde el gobierno. No exagero con esta frase. El signo distintivo de nuestra democracia es que vive bajo acoso gubernamental, amenazada de muerte en todos sus aspectos sustanciales que conllevan lo que pudiéramos considerar un sistema político democrático: pluralismo, tolerancia, libertad, justicia e igualdad.

Es mejor que le llamemos a las cosas por su nombre para asumir la gravedad del momento que estamos enfrentando: un escenario de crisis del sistema político democrático.

Los constantes y cada vez mayores ataques al Instituto Nacional Electoral (INE) son la expresión más clara de esta peligrosa pretensión de echar abajo al órgano electoral, al árbitro independiente que tanto trabajo nos costó construir y consolidar durante décadas y que gracias a  la Reforma de 1996 logramos concretarlo como un organismo autónomo e independiente.

El INE corre riesgo, pero también el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación cada vez que emite una sentencia que no le gusta al poder presidencial. Asimismo, nos enfrentamos a los ataques contra los OPLES (Organismos Políticos Locales Electorales) y el resto de los organismos autónomos.

La semana pasada fuimos testigos de un capítulo más de esta ofensiva pública cuando el gobierno federal presentó su “plan de austeridad” para que el INE “eficientara” su gasto.

Este “plan de austeridad” propone una serie de medidas absurdas que carecen de seriedad y exhiben un profundo desconocimiento por parte del gobierno federal de lo que es el INE. Solo por citar un ejemplo, el plan hace referencia a “trabajadores sindicalizados” , cuyas percepciones tendrían que reducirse, cuando en el Instituto no existe ningún sindicato.

Al ser el INE un órgano constitucional autónomo, el gobierno federal no tiene facultades para intervenir en las decisiones internas del Instituto. El “plan de austeridad” es una gansada más de este gobierno con la clara intención de desacreditar al árbitro electoral con la acusación de que es una institución “muy cara”.

Paradójicamente, es el gobierno federal el que está impulsando una muy cara y falsa consulta de revocación de mandato. Según el último cálculo del INE, ésta tendrá un costo como mínimo de 2 mil 091 millones de pesos, que terminaremos pagando las y los mexicanos, participemos o no. Será cuatro veces más cara que la consulta popular que se realizó en agosto del año pasado para supuestamente juzgar a expresidentes y a funcionarios del pasado y que resultó ser una farsa de pies a cabeza, a la que acudió a votar apenas un 7% de la ciudadanía.

Si el gobierno quisiera podría reducir presupuestos en sus propios programas y no solo “recomendar” un “plan de austeridad” al órgano electoral. Tan solo con cancelar la nómina de los "vividores de la nación" dedicados al clientelismo electoral del propio presidente se ahorrarían 3 mil 600 millones de pesos anuales, lo que alcanzaría para la farsa de  revocación.

La consulta es la crónica de un fracaso anunciado y el gobierno está tan consciente de esto que busca, a como dé lugar, transferirle la culpa de ese fracaso al INE. Por eso, la SHCP se negará a darle el presupuesto que está solicitando para la realización de este ejercicio. 

Estoy muy consciente que el término democracia va más allá de elecciones libres, secretas e imparciales, sin embargo, es muy importante que también estemos conscientes de que sin instituciones que garanticen elecciones libres, secretas e imparciales no hay democracia posible. Por eso, amenazar al INE es atentar contra  nuestra democracia.   

La existencia de un órgano electoral independiente y autónomo, logrado con la reforma política y electoral de 1996 impulsada por el PRD, ha sido garantía para hacer posibles las diversas alternancias políticas en la Presidencia de la República desde el año 2000, incluida la del 2018.

Los constantes y cada vez mayores ataques al INE se deben a que este gobierno no quiere un árbitro imparcial, quiere imponer su voluntad rumbo al 2024. No lo permitamos.

Jesús Zambrano Grijalva

@Jesus_ZambranoG