Algo pasa en México que ahora se repiten y repiten los escándalos por fraudes que alcanzan a instituciones en las que se pensaría que el respeto a la ley es una norma, el caso emblemático es el pleito en la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP) en el que dos familias se pelean la propiedad de esa casa de estudios, disputa que parece se reproduce ahora en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas.

En esta ocasión la mancha del fraude alcanza en Chiapas a la que es conocida como la Universidad Salazar, donde se revela qué hay un daño alcanza los 162 millones de pesos, pero no sólo eso , sino que la administración que sería responsable de este desfalco ya no cuenta con la capacidad de expedir títulos profesionales válidos y menos certificaciones de estudios reconocidas por las autoridades educativas.

Resulta que el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, con sedes en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, recién vive un pleito legal entre su fundador Emilio Salazar Narváez y su hijo el ex diputado por el Partido Verde Emilio Salazar Farías, quien fuera designado para administrar la empresa educativa familiar y quien tras una auditoría fue señalado como responsable de falsificar firmas y utilizar empresas fantasmea para desfalcar a la universidad, lo que le valió ser oficialmente separado de su Consejo de Administración.

Todo ello provocó una demanda y un pleito que ha derivado en que el ex diputado Salazar Farías utilizara grupos de golpeadores para hacerse de las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y seguir funcionando “normalmente” en medio del pleito legal.

Pero hay un problema, esta disputa por la conocida como Universidad Salazar las institución no cuenta con la capacidad legal para expedir legalmente las certificaciones válidas por los estudios que se cursen en sus aulas.

En la actualidad, el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas-Universidad Salazar sigue operando de manera irregular (así como lo hace ahora la Universidad de Las Américas de Puebla) en espera de que las autoridades educativas y judiciales establezcan sus fallos sobre el control ilegal que ejerce, en este caso, el ex diputado Salazar Farías en esa institución educativa y respecto a la acusación de desfalco por 162 millones de pesos por el que ha sido acusado por su propio padre.

Así las cosas parece que México está ahora en medio de una telenovela de odio que involucra a padres e hijos en tramas de corrupción de la que esperamos que la justicia ponga alguna luz que nos libere de las tragedias de impunidad que hemos vivido por décadas.