En 2014, Veracruz se convirtió en el primer estado en el país en prohibir las peleas de gallos en su territorio.   Tres años después, un diputado local propuso que se reactivaran por ser esta entidad la mayor criadora de gallos de pelea en todo México, lo que llevó al veto del entonces Gobernador y a que el  31 de octubre del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  se pronunciara a favor de que la prohibición se mantuviera.

Hoy las asociaciones de galleros vuelven a hacer el intento, por lo que han sostenido una serie de reuniones con diputados locales, siendo el petista, Ramón Díaz Ávila quien encabeza estos trabajos en la actual Legislatura, con la iniciativa de reforma y adición al artículo 2, 3 y 28 en su fracción V de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada el pasado 18 de febrero.

Como en cada historia, hay una versión de los hechos, sus propios argumentos; iniciemos con la de los de los galleros. En primer término, que esta actividad da empleo a 500 mil familias en la entidad, de las cuales 30 mil son criadoras. Segundo, la derrama económica que generan las peleas, pues en encuentros interestatales, como la Copa Veracruz que se celebraba en Alvarado, participantes foráneos, lo que significa ocupación hotelera, gastos en alimentación, entre otras.

Tercero: están dispuestos a que se les regularice y a pagar impuestos, lo que no sucedía en el pasado y lo que significaría un ingreso para el Estado y los municipios. Cuarto, que la actividad forma parte de una tradición cultural, pues desde el encuentro de dos mundos éstas se realizan.  Cinco Entidades Federativas y 338 Municipios, más 117 en proceso de declaratoria, reconocen al casteo de gallos como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Pero no se puede perder de vista que ya, desde el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se presentó la contraparte, cuyo objetivo es evitar la explotación de los animales en los procesos de compra-venta, así como sanciones mucho más severas y amplía el catálogo de delitos, en donde se incluyen en el Código Penal supuestos como la solicitud de beneficios económicos o materiales a cambio de la devolución de animales de compañía, equiparable al secuestro, actos de zoofilia, omisiones severas equiparables al dolo y que resulten en perjuicio del animal, así como las sanciones para quienes promuevan, otorguen permisos, críen o fomenten las peleas de animales, e incrementar las penas punitivas en el caso de maltrato.

En fin, que hay otro tema polémico en puerta.

@YamiriRodriguez