En una de esas paradojas de la Historia, el dizque defensor de una “nueva transformación” de la vida nacional y reiterado repetidor de la máxima juarista de que “nadie debe estar al margen, ni por encima de la ley”, el hoy Presidente de la República se ha convertido en el principal violador de la Constitución y del Estado de Derecho.

Recién se celebró en Querétaro, el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, cuyos principios fundamentales nos rigen.

El titular del Ejecutivo lanzó "vivas" a nuestra Carta Magna al mismo tiempo que defendió las acciones que su gobierno insiste en seguir impulsando mediante reformas claramente contrarias a los principios contenidos en nuestra Ley Suprema.

Así, López Obrador ha buscado recurrentemente someter al Poder Legislativo al ordenar a sus incondicionales, que a las iniciativas presidenciales “no le muevan ni una coma”, que solapen el uso discrecional de los recursos públicos y no llamen a sus funcionarios a rendir cuentas.

En ese mismo sentido, han estado las reiteradas pretensiones presidenciales de someter y controlar al Poder Judicial representado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El último intento fue el pasado 2 de enero, cuando quiso hacer presidenta de ese órgano a la Ministra Yasmín Esquivel, evidenciada públicamente como plagiaria y corrupta. Al no lograrlo, enderezó descalificaciones contra la Corte, sin pruebas, para desprestigiar a la Ministra Presidenta Norma Piña.

Muchos son los ejemplos de abiertas violaciones a la Constitución impulsadas desde el Ejecutivo en los últimos meses.

Baste recordar las reformas a leyes energéticas, cuando no pudo modificar a nuestra Carta Magna porque no le alcanzaron los votos, ante lo cual impulsó reformas a las leyes correspondientes, declarando "que la Corte decida si son o no, constitucionales”.

Lo mismo sucedió con las reformas a la Ley de la Guardia Nacional y la de las Fuerzas Armadas que permiten la militarización del país.

El último caso, más escandaloso y preocupante para nuestra vida democrática y republicana, es el de las reformas electorales del llamado “Plan B”.

Cuando no pudieron modificar la Constitución para desaparecer al Instituto Nacional Electoral ni al Tribunal Electoral, permitir el uso discrecional e indebido de recursos públicos por parte del gobierno y su partido, con fines electorales; así como ahorcar a los partidos opositores al negarles financiamiento público, decidieron descaradamente aprobar esas pretensiones mediante reformas, asaltando la Constitución.

Estos ilustrativos ejemplos evidencian la obsesión presidencial de mancillar la Constitución, de violarla, pisotearla y terminar por destazarla, bajo la divisa de “no me vengan con que la ley es la ley” y con el argumento de que para él, “la justicia está antes que el Derecho”; ya que  -para este gobierno- “la justicia” es la que ellos deciden, así sea pisoteando el Derecho, en lugar de asumir que, cuando la ley es injusta, debe ser modificada por vías institucionales y civilizadas, no con la imposición autoritaria.

Este 106 aniversario de la Constitución de 1917 nos debe recordar que vivimos en una república democrática con sistema presidencialista, equilibrio de poderes y que, como señala el artículo 49, "no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación...".

Por eso, es digno de reconocer los valientes discursos emitidos el 5 de febrero por la Presidenta de la Corte, Norma Piña; del Presidente del Congreso Santiago Creel, y del Gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, en defensa de la República democrática.

Diga lo que diga desde el púlpito mañanero quien se ostenta como "el principal defensor de la Constitución”, AMLO quiere asesinar a la Constitución. Como el Chacal Victoriano Huerta que asesinó a Madero, ahora Andrés Manuel quiere matar la Constitución. No vamos a permitirlo.

Jesús Zambrano Grijalva

@Jesus_ZambranoG