José Luis Camacho Acevedo. 

Aún cuando faltan poco más de tres meses para que la Junta de Gobierno elija a un nuevo rector en la UNAM, las Corcholatas ya se están moviendo de una manera fuerte. 

La corriente “oficialista” y de continuidad, a la que no pocos sectores de los más influyentes de la UNAM, ungen como sus jefes al propio rector Graue y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, tiene como favorito al secretario general de la institución Leonardo Lomelí Vanegas, una vez que la Rosaura Ruíz anunciara su decisión de no competir.  

En la lista de aspirantes está considerado como el más fuerte prospecto al director de la facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante. 

También se considera con muchas posibilidades a Rosaura Martínez Ruiz, es Doctora en Filosofía y profesora titular del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Suenan igualmente nombres como Guadalupe Valencia y Patricia Dolores Dávila Aranda. 

La verdad es que entre los factores de decisión en la UNAM nunca fueron tomados en serio los nombres de Lorenzo Córdova y John Ackerman. 

Pero la sucesión en la UNAM debe de partir del análisis de quien se haga de quién puede resolver el atraso normativo que padece la UNAM. 

Los 23 años continuos de médicos en la Rectoría de la UNAM han dejado más rezagos que innovaciones. Es una consideración que hacen los diferentes frentes que disputarán, iniciado el próximo mes de septiembre, en tanto que esa percepción llega en el momento menos oportuno y más delicado de la historia universitaria reciente. 

El más grave de todos, por mucho, es que la legislación universitaria, puesta a prueba y reprobada con affaire Esquivel, es deficiente, incompleta y está escandalosamente rebasada.  

La Legislación Universitaria lleva, por lo menos, 24 años de abandono y atraso. Hoy que la UNAM la necesitaba para poner en su lugar a la arrogante e insufrible ministra plagiaria, no estaba al día y por ello, la institución no tuvo forma de cortar de raíz el problema y sentenciar, desde diciembre, a la que además es esposa de un constructor, si no favorito, sí el más ampliamente favorecido por la 4T. 

Es evidente que a los rectores médicos nunca les pareció importante mantener actualizada y afinada la legislación universitaria. El costo de ese abandono es terrible e imperdonable.  

Lo anterior no puede recaer, como único culpable, en el Rector Enrique Graue. Tienen su parte de responsabilidad sus antecesores Juan Ramón de la Fuente y José Narro. 

La razón del abandono y atraso de la legislación universitaria es simple y clara: para los tres doctores que han ocupado la Rectoría, y en general para el gremio médico universitario, la normatividad no ha sido y nunca fue una prioridad. No la entendían y, lo más grave, es que siguen sin entenderla.   

Detener el deterioro de la autonomía, tan descuidada por los médicos rectores, de la UNAM no será una tarea fácil. 

A la institución le urge iniciar un gran programa de reforma, modernización y actualización a su Estatuto y demás normas internas, que le permita dirimir, sin lugar a dudas y sin intervención de jueces y magistrados de dudosa probidad, como la que le concedió una suspensión definitiva a Yasmín Esquivel, sus conflictos internos.  

Esa reforma a las normas internas vigentes en la UNAM, no podría venir de otro médico en la Rectoría, pues su limitada visión y sus intereses de grupo, son justo lo que ha dado amenazado y vulnerado gravemente, la autonomía universitaria, en un momento clave de la historia nacional. 

Lo cierto es que las “Corcholatas” de la UNAM ya están en plenas campañas.