Anayelli Jiménez
Ciudad de México, 09 de octubre de 2025- De enero a septiembre de 2025, los ingresos del Gobierno Federal sumaron 4.6 billones de pesos, lo que representa un incremento de 9.1 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de 2024. De acuerdo con las proyecciones oficiales, al cierre del año podrían alcanzar casi 6 billones.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la cifra refleja un aumento de 542 mil millones de pesos en comparación con 2024 y atribuyó este resultado a la confianza ciudadana en el uso transparente de los recursos públicos, así como al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de contribuyentes.
“Esto muestra no solamente confianza en que los recursos se utilizan de manera honesta, sino también el cumplimiento del pago de impuestos y derechos del 99.9 por ciento de las y los mexicanos”, señaló durante su conferencia matutina.
Sheinbaum subrayó que el crecimiento en la recaudación se ha dado sin incrementar impuestos, y apuntó que una parte significativa de los ingresos adicionales proviene de aduanas.
Con base en este desempeño, el gobierno federal estima ingresos por 6.4 billones de pesos en 2026, lo que significaría un aumento de 496 mil 309 millones de pesos respecto al presente año. Estos recursos, según lo anunciado, se destinarán a programas sociales, infraestructura, salud, educación y vivienda.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, detalló que la propuesta de ingresos contempla un aumento de 4.3 por ciento en términos reales, tanto en tributarios como en no tributarios, sin incluir nuevos impuestos ni modificaciones a las leyes del ISR o del IVA. Precisó que únicamente se actualizarán algunas contribuciones conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Por su parte, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, atribuyó la recaudación histórica al fortalecimiento de la economía y a la disciplina fiscal. Explicó que se han implementado medidas de control para evitar la evasión, entre ellas ajustes en los procesos de inscripción al RFC y en la obtención de la Firma Electrónica, además de una propuesta de reforma en el Congreso para endurecer sanciones contra empresas factureras.

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