Hugo Estrada 

Toluca, Estado de México, 19 de marzo de 2026.– El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de México propuso una reforma para que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) reembolse a personas derechohabientes los gastos por medicamentos, insumos o tratamientos que no sean suministrados por la institución.

La iniciativa, presentada por la diputada Maricela Beltrán, plantea que, ante la falta de estos insumos, los pacientes puedan adquirirlos en otras instituciones, preferentemente públicas y de manera excepcional privadas, y posteriormente solicitar el reembolso correspondiente, siempre que presenten la documentación comprobatoria.

Actualmente, la legislación contempla reembolsos únicamente en casos de urgencia o cuando se comprueba la imposibilidad de acceder a los servicios del Issemym. La propuesta busca ampliar estos supuestos para garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.

De acuerdo con lo expuesto en el Congreso mexiquense, el costo de medicamentos para enfermedades como diabetes, hipertensión o cáncer representa una carga significativa para las familias, situación que se agrava cuando no son proporcionados por el instituto. �

1776 19-Marzo-2026 Reembolso por medicamentos que no suministre el Issemym, GPMC.docx None

El proyecto establece que el instituto deberá integrar el expediente en un plazo máximo de cinco días hábiles tras recibir la solicitud, y requerir información a la unidad médica correspondiente para verificar si los medicamentos fueron suministrados total o parcialmente.

En caso de acreditarse la falta, el Issemym determinará la procedencia del reembolso por el monto efectivamente erogado. El pago se realizaría conforme a las disposiciones administrativas vigentes y estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.

La propuesta señala que este mecanismo no sustituye la obligación principal del instituto de garantizar el abasto oportuno de medicamentos, sino que funcionaría como una medida subsidiaria para proteger el derecho a la salud y el patrimonio de las familias.