Hoy no hay indicios de crisis, porque estamos inmersos en ella aún; se trata de las opiniones de los medios de comunicaciones y de los adversarios del nuevo gobierno en ellos, quienes tratan de atizar el fuego sobre los vaivenes de los mercados accionarios y el tipo de cambio del preso respecto al dólar; los cuales cuestionan a lo que senadores y diputados están haciendo desde que se renovó el Congreso de la Unión, lo que está proponiendo quien es presidente de México a partir del pasado 1 de diciembre.
De tal forma que, todo pareciera indicar que la especulación intenta instalarse y desestabilizar al país, culpando a las políticas públicas del nuevo gobierno de ello. Podríamos calificar de ingenuidad, torpeza o ignorancia a quienes desean sembrar la duda en México, como el exsecretario de finanzas, Tomás Ruiz, del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, u otros analistas de la televisión, los cuales parecen estar interesados en desestabilizar el país con motivo del cambio de gobierno.
Quienes acusan de faltos de experiencia y de incompetencia a los nuevos funcionarios del gobierno; quienes se oponen a los ajustes en la economía y a los cambios en la forma de hacer política y conducir el gobierno; quienes prefieren la democracia representativa y desprecian la participativa, por considerar que los ciudadanos no han alcanzado la mayoría de edad para opinar sobre los asuntos públicos, olvidan que la crisis de los “Subprimes” iniciada en Estados Unidos en 2008 no ha terminado aún y que sus secuelas se esparcen provocando estornudos incontrolables con las recetas del Grupo de los 20 (G20) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por supuesto, la mayor venganza de los perdedores en las elecciones del 1 de julio, sería provocar una nueva crisis como la de los “errores de diciembre”; eso lo intuimos muchos analistas que hemos visto hundir la economía nacional con mediocres tasas de crecimiento, las cuales no han superado el 2.2% en tres sexenios consecutivos y en 24 años, apenas hemos visto crecer la economía del país en 2.4%, en promedio anual; mientras la pobreza ha pasado de 27 millones a más de 55 millones de personas.
Todo ello, gracias al liberalismo a ultranza, el cual pretende premiar el desempeño de los mercados a costa del empobrecimiento de millones de mexicanos y la vida mediocre de millones de profesionales y técnicos, los cuales sobreviven en la economía informal, desperdiciando su talento y los años de formación académica; pues las reformas de 2013, defendidas bajo el argumento de que permitirían que la economía creciera a tasas superiores al 5% y crear millones de empleos, sólo han servido para crear nuevos ricos y asegurar el bienestar de cientos de políticos que pasarán al retiro.
Sin lugar a duda, quienes hoy están en contra del nuevo gobierno, pretenden supeditar la política económica y social al funcionamiento óptimo de los mercados, en una economía de competencia imperfecta y con un Estado incapaz de garantizar la competencia. Quienes cuestionar al gobierno y se definen como liberales, quieren que sean los mercados y la mano invisible, que en el caso de México en los mercados de la telefonía y la televisión, ha mostrado su incapacidad para hacerlo.
En definitiva, los nuevos liberales, desean que sean los mercados los que validen la pertinencia o no de la nueva política económica y social del gobierno; desean subordinar el bienestar de los ciudadanos a las ganancias de los mercados, desean ver que continúa la acumulación de la riqueza en pocas manos, sin valorar que un puñado de consumidores no le sirve a las empresas.
Pero en definitiva, y hablando claro, cualquier desequilibrio que se produzca en la economía nacional hoy, no será responsabilidad del nuevo gobierno, sino de quienes irresponsablemente han endeudado al país. No olvidemos que la deuda pública, que representa todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa o a través de intermediarios financieros, ha pasado de 2 mil millones de pesos en 2007 con el presidente Felipe Calderón a más de 10 mil millones de pesos en 2018. Sólo de 2016 a 2017 se incrementó de 10.09 billones a 10.37 billones de pesos, 2.7% más.
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