Por: Verónica Ibarra
Martes, 23 de septiembre de 2025 Mexicali.– La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó el inicio de la Novena Jornada contra la Corrupción en la entidad, organizada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno estatal, en la que participaron representantes de los tres poderes y especialistas en la materia.
Durante el acto, se firmó el pacto denominado “Estrategia Estatal de Combate a la Corrupción”, con el objetivo de fortalecer la colaboración interinstitucional y consolidar un modelo de gobierno transparente y cercano a la ciudadanía.
En su intervención, Ávila Olmeda informó que su administración ha presentado 51 denuncias ante fiscalías estatal y federal por presuntas irregularidades en la función pública, de las cuales 18 han sido judicializadas por un monto superior a 625 millones de pesos. Asimismo, destacó la recuperación de 172 millones de pesos para el erario estatal.
La mandataria señaló que, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, las observaciones realizadas a la administración estatal se redujeron en un 99 por ciento entre 2017 y 2024, pasando de 4 mil 942 millones de pesos a 1.5 millones.
Indicó también que Baja California se suma al proyecto nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, adoptando los 10 pilares del modelo de prevención y combate a la corrupción implementado a nivel federal.
La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno estatal, María Gabriela Monge Pérez, subrayó el respaldo de la gobernadora en este ámbito y reconoció el acompañamiento de la instancia federal encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez.
Monge Pérez afirmó que la Jornada contra la Corrupción representa un momento innovador para reafirmar el compromiso con la integridad y la participación ciudadana, además de consolidar la transparencia como práctica cotidiana en el servicio público.
El evento concluyó con la formalización del pacto “Estrategia Estatal de Combate a la Corrupción”, que involucra a los siete municipios del estado y busca reforzar la confianza de la población en las instituciones.
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