El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) perpetró un golpe más a la libertad de expresión al exigir a periodistas y legisladores retirar publicaciones críticas sobre Delfina Gómez, virtual candidata de Morena a la gubernatura en 2023, argumentando que sus comentarios rayaban en la violencia política de género; lo que en un juicio positivo puede ser una interpretación exagerada de la ley y en uno negativo un intento por silenciar las denuncias de corrupción contra la senadora y ex titular de la SEP.

Esto no es nuevo, en los últimos tiempos periodistas y medios han vivido ataques directos contra la libertad de expresión y de información que no se habían visto en décadas, basta mencionar las constantes descalificaciones desde el gobierno federal y su partido hasta la intentona de la Corte por limitar el trabajo de conductores de noticieros de radio y televisión.

El esta resolución por donde se le vea es una aberración jurídica y política, pues a Delfina Gómez no se le critica por ser mujer, no es señalada, discriminada o atacada por su género, es denunciada por la impunidad que goza a pesar de ser protagonista de casos probados de corrupción a su paso como alcaldesa de Texcoco y de una lamentable gestión como la funcionaria pública responsable de la educación a nivel federal que ahora pretende gobernar el Estado de México.

Es más, en este mismo espacio, el 15 de enero de 2022, tras conocerse el fallo con el que se sancionó con una multa de más de 12 millones de pesos a Morena al probarse que Delfina retuvo el 10 por ciento de su salario a los trabajadores del municipio de Texcoco y también también cobrarle el “diezmo” a las mujeres que cobraban pensiones alimentarias a su administración, dinero que la alcaldesa puso en las arcas del Grupo de Acción Política, un ala de su partido a la que pertenece.

Hace poco menos de diez meses, esta columna relató como una investigación del canal de noticias adn40 descubrió y reveló en mayo de 2017 el escándalo conocido como “Los diezmos de Delfina” al relatar como la hoy senadora despojó a empleados municipales de parte de su salario en montos que podrían ir desde “15 mil hasta los 120 mil pesos” en diversos periodos para financiar sus ambiciones políticas.

¿Denunciar corrupción, criticar una gestión de gobierno, una política pública o un discurso político puede llegar a ser violencia de género? ¡Claro que no! Se trata del libre ejercicio de la libertad de expresión, de opinar sobre los actos de gobierno, de informar sobre los abusos de poder que comenten políticos de todos los partidos.

Al igual que valores positivos como el amor, la generosidad o la solidaridad no tienen género, tampoco desviaciones negativas como la corrupción, la violencia. Precisamente la definición de violencia política de género es “toda acción u omisión dirigida una mujer, por el hecho de serlo” y que ello anule u obstaculice sus derechos político-electorales  mujer o el ejercicio de su encargo.

Bueno, pues este concepto incluido en la ley y que sin duda es pertinente ante las limitantes que viven las mujeres para ejercer cargos públicos en un mundo diseñado, controlado por hombres, se ha convertido hoy en un arma política y de impunidad.

¿Por qué? Pues porque a pesar de que en las denuncias contra Delfina Gómez nunca se habla de su género sino de actos de corrupción cometidos en su gobierno, los cuales se vuelven relevantes y deben ser conocidos por los ciudadanos precisamente porque aspira a gobernar el Estado de México.

Lo que hizo el IEEM no fue defender las legítimas aspiraciones políticas de una mujer, sino imponer de facto una Ley Mordaza a periodistas, analistas, legisladores, político y hasta académicos para proteger a Delfina en su camino a la gubernatura.

En fin, vemos a un tiempo otro caso de impunidad y corrupción ahora  perpetrado y protegido por un Instituto Electoral que ha perdido con esta determinación toda credibilidad para organizar las elecciones del Estado de México en la que, por lo que se ve, se utilizarán todo tipo de malas artes para que Delfina Gómez se haga del gobierno de esa entidad.

Hay que estar pendientes, qué tal si en una de esas Delfina llega a la gubernatura y le aplica el diezmo a todos los trabajadores de gobierno del Edomex.

Las últimas semanas se ha tornado más intensa e interesante la lucha por la candidatura de Morena para la Presidencia de la República en 2024. Y es que de un escenario que dibujaba prácticamente una sola opción para la postulación, hemos pasado a un escenario con nuevos jugadores con posibilidades reales de conseguir la candidatura y de una ruptura anticipada en las filas del partido del Presidente.

Enfrente Morena y AMLO tienen a una oposición sin figuras que puedan ser por sí mismas competitivas y otras que rayan en una patética nostalgia de viejas glorias y que dependerían casi totalmente del voto duro de los partidos coaligados.

En este adelantado proceso de selección de quien puede suceder a Andrés Manuel López Obrador como primer mandatario vemos una desgastada ya Claudia Sheinbaum que trae a cuestas el haber sido ubicada como la favorita del Presidente casi desde el primer minuto del sexenio y además la derrota sufrida por la Jefa de Gobierno en las elecciones intermedias de 2021 en las que perdió ante la alianza PRI-PAN-PRD nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Así, en ese contexto que entra a la competencia,  con el empuje propio de quien fresco inicia una carrera, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, paisano y compadre de AMLO, quien poco a poco cobra mayor visibilidad y relevancia en la búsqueda de la postulación presidencial morenista y mucho más a últimas fechas tras la gira nacional que comenzó con el pretexto de “amarrar” el voto de los congresos estatales en favor de la reforma que aprobó el Congreso de la Unión para mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2028 y pasar a la Sedena el mando y la administración de la Guardia Nacional.

Así, mientras Sheinbaum se toma selfies con personajes como el piloto de F1 Sergio “El Checo” Pérez o acepta mesurada invitaciones a dar conferencias y aprovecha para dar entrevistas y mantenerse el ojo público, el titular de la Segob echó toda la carne al asador y se lanzó a darle la vuelta al país y conseguir apoyos no sólo en su partido sino hasta en la oposición.

Mientras tanto, tal parece que López Obrador pretende administrar los tiempos y costos de la anunciada ruptura del senador Ricardo Monreal al lanzarle a la totalmente impresentable y genuflexa gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que en su show del Martes del Jaguar presenta audios de grabaciones producto del espionaje telefónico que, truqueados o no, son absolutamente ilegales y por las que ya debería estar siendo investigada por la Fiscalía General de la República.

Pero como alfil de Palacio Nacional, la gobernadora de Campeche, goza de total impunidad y ya le aplicó esa receta al líder del PRI Alejandro Moreno para quebrar la alianza opositora y obtener su apoyo para las reformas de la Guardia Nacional y la político-electoral y con la que ahora pretende forzar la salida de Ricardo Monreal de Morena poniéndole el estigma de supuestamente haber conspirado contra su partido con el dirigente nacional priísta.

Y que decir del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien sin duda se ha desempeñado con altos estándares de eficiencia y que durante toda la primera mitad del sexenio fue visto como el apaga fuegos y él resuelve todo en el gabinete de ElOeje.

Pues ahora, ante su búsqueda de reconocimiento y popularidad ha llegado al al grado de usar el triste, por decir lo menos, recurso de pintar e la cara de calavera para obtener la atención de los medios durante una celebración multitudinaria por el Día de Muertos en el Paseo de la Reforma.

Así las cosas tal parece que en la recta final de la carrera por la candidatura presidencial de Morena hay dos finalistas y el presidente López obrador de erá elegir entre su fiel e incondicional hija política y su compadre y tirado para adelante secretario de Gobernación. Habrá que esperar…

Twitter: @nojeda

Sin duda el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha dado muestras claras de ser un político eficaz y entrón, características que sin duda no desagradan a su jefe formal y político, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que sin duda su periplo por toda la República para promover la aprobación de la reforma que mantiene en las calles a las fuerzas armadas, con Guardia Nacional incluida, hasta 2028 ha sido exitosa para él en varios sentidos.

Como establece la ley se requiere la ratificación de 17 de los 32 congresos locales del país para que la reforma aprobada en el Congreso dela Unión sea constitucional, y luego de que la semana pasada estuvo en Puebla y sus diputados dieron su aval, son ya ocho estados que votaron a favor de la nueva legislación federal, que seguramente en breve serán 10 ya que Adán Augusto estuvo ayer en el Congreso de Veracruz a las 11 de la mañana y en el de San Luis Potosí a las cuatro de la tarde, pues el primero es gobernado por Morena y el segundo por su aliado el Partido Verde.

Previamente, aprobaron la reforma los poderes legislativos en las siguientes entidades: Tabasco, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca (gobernado por el PRI) y Querétaro (gobernado por el PAN).

Este martes 25 de octubre, el titular de Gobernación estará en Michoacán a las 10 de la mañana y en Sonora a las dos de la tarde; con los mismos horarios estará el miércoles 26, visitará a los legisladores en Guerrero y Nayarit, el jueves 27 hará presencia en Colima y Baja California Sur, todos estados gobernados por Morena.  Finalmente, el viernes 28 estará en Durango (gobernado por la alianza opositora PRI-PAN-PRD) y Coahuila (gobernado por el PRI); mientras que el sábado 29 hará lo mismo en Chihuahua (gobernado por el PAN).

De esta forma, se espera que esta semana quede concluida la aprobación de la mitad de los congresos locales que se requieren para avalar la reforma constitucional, es decir, deben ser 17 legislaturas.

Era ya sin duda prácticamente un hecho que la reforma para avalar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el traspaso a la Secretaría de la Defensa del mando y administración de la Guardia Nacional.

Y es que que en los estados que gobierna Morena junto a sus partidos aliados tiene mayoría legislativa calificada y estos son: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Pero además de rendir buenas cuentas al conseguir el voto a favor en estados opositores como son Querétaro y Oaxaca, Adán Augusto ha logrado gran visibilidad en esta gira nacional a los 32 congresos estatales, pues ha aprovechado para generar polémica al entablar un fuerte debate con gobiernos de oposición como los de Jalisco y Nuevo León, cuyos gobernadores provienen de Movimiento Ciudadano, respecto a su actuación en materia del combate al delito y su solicitud de apoyo de las fuerzas federales para enfrentar al crimen organizado; todo con el aval de López Obrador que ha apoyado su actuar públicamente en La mañanera.

Todo lo cual sin duda apuntala al secretario de Gobernación como un fuerte y nada desdeñable precandidato presidencial de Morena rumbo a los comicios de 2024.

Así las cosas, no hay que quitar la lupa a la competencia entre los aspirantes morenistas, porque la cosa se está poniendo color de hormiga con las amenazas de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, las ya reiteradas declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre sus aspiraciones a la grande y la cada vez más intensa exposición del canciller Marcelo Ebrard.

El Logro Del Presidente Andrés Manuel López Obrador “EL BANCO DEL BIENESTAR” una vez más opacado por la corrupción, en manos de los funcionarios encargados de cuidar su infraestructura.

Han sido años muy intensos, a partir de los cuales se dio un cambio radical tanto en el estilo de hacer política, así como de las prioridades que ocupan los intereses en el Ejecutivo nacional. El lema de La Cuarta transformación no más corrupción, una vez más en tela de juicio: en manos de los funcionarios encargados de las contrataciones del “BANCO DEL BIENESTAR” Isauro Cervantes Reyes, Gerente de Adquisiciones y Juan de Juan Jesús Acebedo Montaño, Subdirector de Adquisiciones y Contratación de Servicios, pues siguen sin escatimar esfuerzos para dirigir dichos procedimientos en beneficio de empresas que carecen de experiencia y capacidad. ¿Sabrá su jefe Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra el proceder de estos dos funcionarios?

En días pasados señalábamos que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, inaugura sucursales del Banco del Bienestar, y proyecta convertirlo en el banco con más instalaciones del país, los funcionarios mencionados siguen dando clara muestra de que la corrupción sigue gobernando, en “EL BANCO BIENESTAR”, esta vez en el marco de la Licitación Pública Nacional electrónica No. LA-006HJO001- E41-2022, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS PARA LOS EDIFICIOS SEDE Y SUCURSALES, DEL BANCO DEL BIENESTAR”, en la que se aprecia que, en la convocatoria, de plano ya no solicitaron requisitos mínimos con lo que las empresas participantes deberían acreditar y garantizar su capacidad técnica y humana para prestar el servicio en las mejores condiciones para el estado y dentro del marco legal vigente, tal como lo hicieron cínicamente en la primera Convocatoria de la Licitación Pública Nacional electrónica No. LO-006HJO001-E40-2022, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO SEDE Y SUCURSALES, DEL BANCO BIENESTAR” al eliminar sin fundamento alguno en la junta de aclaraciones los requisitos mínimos para prestar el servicio en estricto apego a la Ley, como es la presentación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), o la obligatoriedad de los licitantes para la presentación de las respectivas constancias DC3 y DC4 de la STPS que acreditan la capacitación y habilidades técnicas de sus trabajadores, así como el registro de SIRCE, herramienta informática, que la autoridad del trabajo pone a disposición de los patrones como parte de la modernización en la vigilancia y cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo.

AL parecer Cervantes Reyes y Acebedo Montaño, no pretenden escatimar esfuerzos para salirse con la suya para y hacer a sus empresas favoritas con los recursos destinados para el mantenimiento estratégico del Banco del Bienestar a pesar de que no acreditan su capacidad técnica y humana, y desacatan la normativa laboral que protege a los trabajadores.

El Logro Del Presidente Andrés Manuel López Obrador “EL BANCO DEL BIENESTAR” una vez más opacado por la corrupción, en manos de los funcionarios encargados de cuidar su infraestructura.

Han sido años muy intensos, a partir de los cuales se dio un cambio radical tanto en el estilo de hacer política, así como de las prioridades que ocupan los intereses en el Ejecutivo nacional. El lema de La Cuarta transformación no más corrupción, una vez más en tela de juicio: en manos de los funcionarios encargados del “BANCO DEL BIENESTAR” dirigido por el Director General del Banco del Bienestar Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra y donde sus colaboradores Isauro Cervantes Reyes, Gerente de Adquisiciones y Juan de Juan Jesús Acebedo Montaño, Subdirector de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ambos funcionarios del Banco del Bienestar encargados de los actuales procesos de contratación, no han escatimado esfuerzos para dirigir dichos procedimientos en beneficio de empresas que carecen de experiencia y capacidad . ¿Sabrá el proceder de estos dos funcionarios su jefe?

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, inaugura sucursales del Banco del Bienestar, y proyecta convertirlo en el banco con más instalaciones del país, es decir el banco más grande de México, con más de 2,700 sucursales, mientras los funcionarios del Banco Del Bienestar carecen de experiencia y esfuerzos.

Una muestra más de que la corrupción sigue gobernando, en “EL BANCO BIENESTAR “en días anteriores en su contratación pública hubo irregularidades con la primera convocatoria dicha institución financiera al carecer de experiencia y capacidad para dichos procesos una vez más da de que hablar. Se da el marco de la Licitación Pública Nacional electrónica No. LA-006HJO001- E41-2022,para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS PARA LOS EDIFICIOS SEDE Y SUCURSALES, DEL BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO” ,en la que se aprecian, que en la convocatoria no solicitan los requisitos mínimos y con lo que las empresas participantes acreditarían y garantizarían la capacidad técnica y humana para prestar el servicio en estricto apego a la Ley, y eliminando requisitos indispensables así como de la primera Convocatoria de la Licitación Pública Nacional electrónica No. LO-006HJO001-E40-2022, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO SEDE Y SUCURSALES, DEL BANCO BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO” lo cual mediante Junta de aclaraciones, los requisitos indispensables para garantizar un crecimiento sostenido con base en la productividad, y salvaguardando los derechos de los trabajadores; como es la presentación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mecanismo obligatorio creado con la intención de regularizar a personas contratistas para garantizar un control efectivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, y que ha sido severamente impulsada por el gobierno en turno para

construir una política de equidad y justicia laboral, se suprimió la obligatoriedad de los licitantes para la presentación de las respectivas constancias DC3 y DC4 de la STPS que acreditan la capacitación y habilidades técnicas de sus trabajadores, así como el registro de SIRCE, herramienta informática, que la autoridad del trabajo pone a disposición de los patrones como parte de la modernización en la vigilancia y cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo, que se diseñó considerando la sinergia de un crecimiento sostenido con base en la productividad, y salvaguardando los derechos de los trabajadores.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffieled, acusó ayer a las aerolíneas de los retrasos que se viven en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México por falta de personal para intentar justificar el sabotaje orquestado por el gobierno federal contra esa terminal para buscar echar para adelante al fallido aeropuerto Felipe Ángeles.

Es un secreto a voces que ni pasajeros ni aerolíneas quieren ocupar un aeropuerto en Santa Lucía que por un capricho se construyó para cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México proyectado en Texcoco. Por esa razón el gobierno de la Cuarta Transformación ha recortado recursos al aeropuerto Benito Juárez y ha limitado sus operaciones con la intención de que las aerolíneas utilicen y oferten vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles.

Pero las agencias internacionales de aviación han demostrado la inviabilidad de ese aeropuerto producto del capricho de la 4T y el sentido común de los pasajeros provoca el rechazo al AIFA por su lejanía y poca funcionalidad.

Al final el proyecto del aeropuerto de Texcoco cancelado muestra su viabilidad, debido a que formaba parte de un plan de alto rango para generar en México un espacio de transporte de carga y pasajeros que hiciera de nuestro país un eje de comunicación y comercio global que trajera tránsito, negocios y mercancías del mundo a América del Norte, conectándola con las regiones de Asia y Europa.

Pero no solo eso, el aeropuerto de Texcoco formaba parte de un proyecto nacido desde el arranque del proyecto modernizador que impulsó desde 1988 el presidente Carlos Salinas de Gortari y que siguieron impulsando los gobiernos que le siguieron.

Se trataba de un proyecto que nació con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos que obligaba a México a realizar grandes cambios incluidos los necesarios en el sector de las comunicaciones.

El primer paso fue generar una modernización de las comunicaciones terrestres del país. Fue en ese sexenio cuando se determinó mejorar las carreteras que conectan a la Ciudad de México y las que llevan al rumbo al norte del país y conectan con Estados Unidos. Así se modernizaron las que van a Acapulco, Toluca, Michoacán, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo Laredo y más.

Posteriormente se creó el circuito exterior mexiquense, una red carretera que tuvo como objetivo conectar a todas esas autopistas con el fin de facilitar el transporte de personas y mercancías a cualquier punto del país.

Ahí se insertó el cancelado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco que literalmente conectaba en menos de 10 minutos con el circuito exterior mexiquense a todos los pasajeros y productos para poder ser transportados a todo el país y rumbo a Estados Unidos.

Pero no sólo eso, también el NAICM fue proyectado en un punto accesible que representaba un trayecto de no más de 40 minutos desde el centro de la CDMX y no una ruta saturada de más de una hora con 30 minutos como es la que lleva al Felipe Ángeles.

Así las cosas ayer vimos una nueva sesión de mentiras acusando a las aerolíneas de los retrasos en el aeropuerto Benito Juárez como a las que ya nos tienen acostumbrados con muchos temas de mal gobierno en La Mañanera.  En fin…

Uno más de los peligrosos retrocesos que vive nuestra democracia es que sea la Suprema Corte de Justicia la institución perpetradora del atentado a la transparencia que vive hoy México y sea haga cómplice de la opacidad que promueve el gobierno de la 4T en la rendición de cuentas a las que están obligadas las instituciones y funcionarios públicos.

Apenas hace cinco días el pleno de la Corte votó a favor (8 ministros a favor y 3 en contra) de mantener reservada por cuatro años, hasta 2025, la información sobre los contratos y pagos de las vacunas contra el virus COVID-19 del gobierno mexicano con Pfzier, AztraZeneca y Cansino bajo el argumento de seguridad nacional y por la violación de cláusulas de confidencialidad impuestas por los laboratorios.

Fue la propia Consejería Jurídica de la Presidencia de la República la que impugnó el fallo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que se transparentaran los contratos de compra de vacunas durante la pandemia y operó para que fuera aprobado el proyecto elaborado por el ministro Mario Pardo Rebolledo en la que se declara inválida la resolución del INAI que reducía a dos la reserva de cinco años originalmente impuesta por la Secretaría de Salud en 2020.

Todo esto tiene origen otra impugnación del gobierno federal contra otra decisión del INAI que fue apoyada por la Corte el pasado 12 de mayo que dejó sin efecto la orden para que la Fiscalía General de la República hiciera público el nombre y cargo de funcionarios y personal de las subprocuradurías y fiscalías a cargo de delitos como tortura, desapariciones, narcotráfico, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita, información que la FGR reservó por cinco años.

Pero esto no es nuevo, ocurrió durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México se reservó por 10 años la información sobre la construcción del primer tramo de los segundos pisos del Periférico, que finalmente sólo duró siete meses y luego fue abierta.

Y hoy con Morena y la 4T en el poder, este gobierno ha clasificado como reservada o confidencial, junto con los contratos de vacunas, los datos estadísticos y actas de defunción de muertes por COVID-19, la documentación sobre el aeropuerto Felipe Angeles, lo relativo al Tren Maya, la “venta” del avión presidencial, los registros de la cancelación del operativo contra Ovidio Guzmán y la posterios liberación de este hijo del Chapo por orden de AMLO.

También fue reservada toda la información de los casos Ayotzinapa y Odebrecht, los gastos para el acto del informe de AMLO en 2019, el número de agentes de la DEA que opera en México y el plan de combate al huachicoleo… más los casos que se vayan acumulando.

Así, los ministros de la Suprema Corte, ahora bajo el argumento de seguridad personal o nacional, está dejando sin efecto los veredictos del INAI, criterio que, como señalan muchas organizaciones civiles, en esencia vulnera el principio que establece que las resoluciones del INAI son legalmente inatacables lo que tiene como consecuencia el debilitamiento de las facultades y autoridad del instituto de transparencia y pone en duda y riesgo el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.

Así las cosas se cierne sobre México un ominoso manto de opacidad en el ejercicio del poder público con este atentado a la a la transparencia, que en lo único que puede desembocar es en la impunidad ante posibles actos de corrupción de los funcionarios de la Cuarta Transformación.

Otro mal augurio para el futuro de las  instituciones y nuestra democracia.

La contratación de 500 médicos cubanos como parte del acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y el dictador Miguel Díaz-Canel ha desatado la indignación y rechazo de toda la comunidad médica mexicana; pero no sólo eso, ha puesto la lupa las denuncias internacionales sobre el trabajo esclavo al que son sometidos los profesionales de la isla en las llamadas “misiones internacionalistas”.

Es la ONU la que cataloga este tipo de acuerdos como “trabajo forzoso”. A comienzo de este año la ONG Prisoners Defenders  presentó un informe con más de mil testimonios de profesionales cubanos víctimas de esclavitud y trabajo forzado mediante las misiones internacionalistas. (ABC, Madrid, 11/05/22)

Las violaciones a los derechos humanos de miles de médicos, artistas, ingenieros, marinos y maestros cubanos se confirmaron a través de testimonios que establecen que la mayoría no participa de manera voluntaria, sólo recibe el 20 por ciento de sus salarios y el régimen cubano les retiene los pasaportes y se queda con el 80 por ciento de su sueldo.

Además, son sometidos a la llamada “ley de los ocho años”, que les prohíbe volver a Cuba durante ese tiempo si no regresan al país tras terminar su “misión” y son calificados como “desertores” e “indeseables”.

Pero no es el primer acuerdo de este tipo entre la 4T y la dictadura cubana. Latinus reveló en febrero pasado que durante la pandemia el gobierno de AMLO trajo médicos cubanos y que en 2021 Conacyt pagó en 34 millones de pesos a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., una sociedad anónima creada en 2011 y acusada internacionalmente de trata de personas y trabajos forzados.

Este anuncio de López Obrador en La Habana ha provocado que 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México enviaran el 9 de mayo una carta al Presidente para manifestarle su “profunda desaprobación y enérgica protesta” por la medida y su rechazo a la contratación de médicos cubanos porque en nuestro país, sostienen, “no faltan médicos, faltan plazas bien instaladas, salarios dignos, seguridad, medicamentos y equipo”.

Pero no sólo eso, afirman tajantes que en el país hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República, pero que muchos de ellos o están desempleados o tienen bajos salarios o tienen que ejercer en zonas de inseguridad extrema que “han sido injustamente relegados privilegiando a médicos extranjeros”.

Y para comprobarlo basta recordar cómo el gobierno de la 4T durante la pandemia contrató médicos a los que prometió plazas y luego fueron despedidos.

Esta medida la consideran las agrupaciones médicas como “un agravio al gremio médico mexicano” ya que estos estos doctores cubanos no cuentan con los requisitos de las leyes mexicanas y sus competencias no están certificadas ni avaladas por los colegios de profesionistas nacionales.

Y dentro de este agravio incluyen la falta de reconocimiento en los hechos de parte del gobierno de la 4T a los médicos mexicanos que han estado en la primera línea de combate a la pandemia de COVID-19 hasta pagando de su bolsa equipos de protección personal.

En fin todo esto se inscribe en el alineamiento de López Obrador con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, mal augurio para la democracia mexicana confirmado con su negativa a participar en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles si no son invitados estos regímenes autoritarios.

VUELTA AL TUZOBUS

Algo malo pasa en Hidalgo en la víspera de la elección de gobernador. Hace poco más de un mes la Secretaría de Movilidad y Trasporte del estado retiró con lujo de violencia la concesión de la operación del Tuzobús (el Metrobús de Pachuca) a la compañía Vanguardia y Cambió (VyCSA) para entregársela Líneas Urbanas y Suburbanas, empresa que ejerce un cacicazgo en el transporte público de Hidalgo.

El caso es que José Luis Guevara Muñoz, secretario de Movilidad, le entregó la concesión a Oscar Montalvo Destunis, líder de Transportistas de Hidalgo y accionista mayoritario de la nueva operadora del Tuzobús quien fuera socio minoritario de la primera empresa a la que se le asignó este medio de transporte articulado y a la que se le revocó el contrato por las numerosas y continuas fallas en el servicio y fue sustituida por VyCSA.

Por esa razón, desde el Congreso del estado exigen se haga una auditoría a la revocación del contrato y la nueva asignación. A ver si el gobernador Omar Fayad resuelve el asunto y no le deja una bomba de tiempo a su sucesor.