Alejandro Envila Fisher comparte la mesa sobre el tema de @ConexionistasMx, con la participación de la Dra. Ruth Zavaleta.

La muerte de los migrantes detenidos en instalaciones del Instituto Nacional de Migración es una tragedia que, además de implicar una clara responsabilidad legal del Estado mexicano, descolocó al presidente López Obrador porque él sabe que este caso es el Ayotzinapa y el Aguas Blancas de su sexenio. Su política migratoria quedó en entredicho mientras sus precandidatos, tratan de utilizar el caso para golpearse entre ellos y obtener rentabilidad del siniestro.

El rumbo tomado por la discusión sobre la Prisión Preventiva Oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fortaleció la lectura de quienes han acusado al Tribunal Constitucional de haberse dejado contaminar por la política, de haber abdicado a su responsabilidad, y de haberse doblado justo frente al poder político que debía controlar a través de hacer valer los límites que la Constitución impone.

La Prisión Preventiva Automática u Oficiosa resultó un tema tan trascendente, que su análisis y debate en la Corte movieron la agenda nacional y arrebataron a políticos y partidos, la narrativa del momento para centrarla en la discusión entre ministros y juristas; muy por encima del mediático y la politiquería mañaneras.

Retirado su proyecto original, si ahora el ministro Luis María Aguilar no presenta en un tiempo razonable, no más de dos meses porque el tema es de urgente resolución, un nuevo proyecto para dirimir el conflicto de normas constitucionales y resolver el problema en que se ha convertido la Prisión Preventiva, los cuestionamiento hacia la Suprema Corte cobrarán una fuerza inusitada porque será muy difícil rechazar la teoría de la conspiración que la describe arrodillada frente al presidente López Obrador.

Hace unos días parecía que el debate en la Corte se orientaba a contener el mecanismo de violación sistemática de los Derechos Humanos implícito en la Prisión Preventiva Automática, pero por increíble que parezca, un texto periodístico de Diego Valadés alegando que el tribunal constitucional carece de facultades para quitarle vigencia a cualquier parte de la Constitución, incluso a cualquier artículo que contravenga otro artículo constitucional, además de los Derechos Humanos y otros principios fundamentales, cambio la discusión. La tesis de Diego Valadés dotó de discurso y ánimo a quienes abiertamente, y por razones estrictamente políticas, habían rechazado las reflexiones de los ministros sobre la ilegalidad de la cárcel de oficio. Así,  a partir de la publicación de la interpretación de un jurista, inició la presión abierta y pública a los ministros, para evitar que revisarán y acotaran la figura de cárcel automática.

La tesis de Valadés, famoso por haber enredado de origen el caso Colosio en 1994 cuando era el jefe del Ministerio Público Federal, también infundió valor a las ministras incondicionales al presidente López Obrador. Pero no solo eso, además sembró suficientes dudas entre los que podían haber votado para regresar la justicia penal a la ruta de los Derechos Humanos, luego de que fue descarrilada en 2019, por una mayoría de legisladores dedicados a complacer al titular del Poder Ejecutivo.

Diego Valadés podrá ser un jurista de alto reconocimiento, pero en este caso su tesis está plagada de defectos porque: 1. Valida la violación de los Derechos Humanos; 2. Es contraria al principio Pro Persona, también establecido en la Constitución; 3. Promueve una Corte que abdique a su responsabilidad de Tribunal Constitucional; 4. Avala la violación del principio de Presunción de Inocencia que también tiene rango constitucional; 5. Ignora la Interpretación Conforme y la observancia de los Tratados Internacionales signados por México, cuya vigencia también tiene rango constitucional; 6. Empequeñece a la Corte al sustraerla de la solución real de un conflicto de normas constitucionales, para devolverla a los años sesenta, setenta y ochenta, cuando era solamente un santuario para que el presidente enviara ahí a políticos viejos, con una jubilación dorada.

En la época del Tribunal Constitucional, iniciada en 1995, y en el México de hoy, donde existe una disputa entre el régimen de libertades y una concepción autoritaria del ejercicio del poder, la tesis de Diego Valadés no solo está rebasada, simplemente no tiene cabida más que para quienes abiertamente tomen partido por el regreso al pasado antidemocrático, al hiperpresidencialismo sin división de poderes, de sometimiento total a la voluntad del titular del Poder Ejecutivo. Optar por esa vía incluye, por supuesto, admitir la politización grosera de la justicia penal, en lugar del respeto a los Derechos Humanos y a principios tan elementales como la Presunción de Inocencia.

Convertirse en el ideólogo del autoritarismo militarista no suena muy honorable, pero en el juego de la lucha por el poder, puede ser sumamente atractivo para algunos.

Como sea, el eje del debate y del conflicto no está en Diego Valadés sino en la Corte, y pasa por los siguientes puntos: 1. La correlación de fuerzas entre los poderes; 2. El control constitucional del ejercicio del poder. Eso significa que ninguna autoridad debe ir más allá de lo que la Constitución le faculta; 3. La defensa de la División de Poderes, porque si el grupo político que tiene la mayoría legislativa ya encontró el camino para violar la Constitución a través de leyes secundarias y reformas anticonstitucionales, el Tribunal Constitucional debe frenar ese fraude a la ley y proteger todos los principios fundamentales que integran un estado democrático de Derecho.

En realidad, lo único que se espera de la Corte en este caso es que asuma su responsabilidad y resuelva una contradicción entre dos artículos contenidos en la ley fundamental. Esa contradicción fue introducida  en el texto constitucional ahí, en detrimento de los Derechos Humanos, por una mayoría parlamentaria que actuó como camarilla política y no como representante de los ciudadanos que votaron por sus integrantes y también por eso, el sentido de su reforma constitucional es cuestionable.

No hay ninguna otra instancia, ni autoridad que pueda hacerlo y aunque Valadés asegure que la Corte no tiene atribuciones, la función de un tribunal constitucional es, precisamente, interpretar la Constitución, por lo que sí las tiene.

La salida es sencilla y está en manos de los ministros. La Corte no necesita desaplicar, invalidar ni legislar para derogar un artículo constitucional como dicen que pretende hacerlo. Tampoco tiene que remover del texto constitucional la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa. Lo único que necesita hacer es contrastar el peso de los derechos y las atribuciones establecidos en los artículos 1 y 19, para definir cuál debe prevalecer y en qué condiciones particulares.

El Tribunal Constitucional debe analizar y poner en una balanza el peso del contenido de los dos artículos en conflicto, para decidir cuál tutela bienes jurídicos de mayor relevancia. En un lado de la balanza de la justicia están: 1. El principio de Presunción de Inocencia; 2. La definición del sistema jurídico mexicano a favor de la primacía y defensa de los Derechos Humanos; 3. El principio Pro Persona y; 4. La obligación del Estado Mexicano de observar y respetar los Tratados Internacionales firmados y que la propia Constitución establece. Del otro lado está la supuesta ayuda que la Prisión Preventiva Oficiosa ofrece al Ministerio Público, y a la sociedad, en la persecución y castigo de los delincuentes; aunque la realidad y los procedimientos judiciales demuestren todos los días que su vigencia no ha hecho descender un ápice los niveles de delincuencia, violencia e inseguridad, aunque sí ha provocado que muchos inocentes pasen años en la cárcel y después acaben liberados por falta de pruebas para sentenciarlos.

La elección sobre cuál de los lados de la balanza pesa más y cuáles son los bienes jurídicos que se deben tutelar, es clara. Pero para evitar que los puristas del positivismo y la interpretación literal de las atribuciones de la Corte se sientan incómodos, el Tribunal Constitucional puede simplemente devolverle a los jueces de lo penal, a los peritos en derecho, la facultad de determinar cuándo esta justificado aplicar prisión preventiva a un sujeto imputado por el Ministerio Público, y cuándo se debe respetar al pie de la letra la Presunción de Inocencia, considerando cada caso en particular, pero también el hecho de que existen otras medidas cautelares, como la reclusión temporal domiciliaria o la geolocalización en tiempo real con brazaletes electrónicos, para evitar que un presunto responsable se fugue para evadir la acción de la justicia.

Con eso, sin necesidad de desaplicar ni derogar nada, la Corte puede refrendar la primacia de los Derechos Humanos y los principios del régimen de libertades, sin que se le pueda acusar de obstaculizar una estrategia de seguridad que, por lo demás, nada tiene que ver con una aberración como la Prisión Preventiva Oficiosa o Presunción de Culpabilidad; una figura propia de las dictaduras y los regímenes totalitarios.

@EnvilaFisher

La virtual postulación de la secretaria de Educación Pública como candidata al Gobierno del Estado de México por Morena, obliga a revisar lo que ocurre con la política mexicana mientras la polarización se apodera de sociedad, gobernantes y opositores.

La importancia económica y el peso electoral del territorio mexiquense están fuera de duda, pero antes que motivar recuentos de ventajas, recursos en juego y avances rumbo a la elección presidencial de 2024, la postulación de Delfina Gómez debería llevar a todos a una pregunta más trascendente que el propio resultado de esa elección: ¿Qué ocurre en un país donde el partido gobernante se atreve a postular al personaje más oscuro, electoral y legalmente hablando, al más desprestigiado, de todos los que hoy comparten el escenario nacional?

El Estado de México es la joya de la corona. Su gubernatura pesa más que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México porque en esa entidad hay más población, más dinero, más empleos, una mayor generación de PIB, más impuestos por recaudar y más presupuesto público para ejercer, que en cualquier otra entidad federativa. El Estado de México es, además del padrón electoral estatal más importante del país, el verdadero corazón de la actividad económica nacional, en prácticamente todos los sentidos.

¿Por qué entonces, si se trata de una posición clave, el partido en el gobierno, dirigido por el presidente de la República, actúa como si no corriera riesgos y como si los votantes mexiquenses no le merecerían ningún respeto? ¿Por qué Morena y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, determinan entregar la segunda candidatura más importante del sexenio a una persona que fue declarada culpable, no responsable solamente, de la comisión de un delito tan grave, y tan impactante, como la retención y la malversación, de una parte de los salarios de los trabajadores del municipio de Texcoco, cuando era presidenta municipal?

¿Por qué postular a la misma persona que eliminó (con la venia presidencial obviamente) el programa Escuelas de Tiempo Completo, cuando se trataba de uno de los principales pilares de las políticas social y educativa? Esa decisión no solo afectó a los niños y adolescentes que aún no votan, también rompió la logística familiar y laboral de madres y padres que fueron obligados a hacerse cargo de sus vástagos en horarios todavía laborales. ¿Por qué no existe temor en el gobierno actual y en su partido, a que los electores cobren esa factura en las urnas mexiquenses?

Las posibles respuestas a esas preguntas son escalofriantes, pues Morena busca consolidarse como partido en el poder y postuló a Defina Gómez para ganar, no para perder.

Si Morena, y López Obrador como su líder máximo, deciden que su mejor carta en la elección más importante antes de los comicios presidenciales de 2024, es una persona cubierta de lodo por haber sido declarada culpable de peculado tras el desvío de recursos públicos, de robo porque privó ilegalmente de parte de sus salarios a los trabajadores del municipio de Texcoco, y también de financiar ilegalmente procesos electorales para alterar la equidad de la competencia, significa que México se encuentra ante un momento delicadísimo porque desde el gobierno ya no existen ni vergüenza ni respeto, no solo a las leyes vigentes sino a la más elemental ética en la política y en el servicio público.

A Delfina Gómez la apoya el Presidente. Es él quien decide que, con toda su historia de ilegalidades a cuestas, la maestra es su carta ganadora para la gubernatura mexiquense. Lo que esa decisión implica es simplemente aterrador. Postularla significa que el gobierno actual perdió todo pudor, que ya no hay espacio para la vergüenza y que la ética, siempre tan citada y siempre tan poco atendida, no tiene ningún peso en la toma de las decisiones, ni en la cúspide ni en los niveles medios de grupo gobernante.

En teoría, la lucha por el poder en una sociedad democrática está normada por reglas que le ponen límites y que sirven para apuntalar, y proteger, los valores alrededor de los cuales se construye un proyecto nacional. Así, los partidos postulan, en teoría, a sus mejores candidatos para hacer realidad el proyecto político que, también en teoría, le ofrecen en campaña a los electores; quienes en teoría, votan por las mejores personas, las más capacitadas, las más honestas, las más creíbles, las más confiables para gobernar y tomar decisiones en la administración de los asuntos públicos, siempre con el fin último de mejorar la vida de los ciudadanos.

Cuando un partido postula a un delincuente –Delfina Gómez es una delincuente-, la regla de la ética política está en peligro. Cuando el partido en el poder, por instrucciones del presidente de la República, hace la postulación, la regla se ha roto y la ética ha desaparecido, pues el grupo en el poder no tiene ningún problema con impulsar a criminales juzgados y condenados para ocupar un cargo de elección tan importante como la gubernatura mexiquense.

Eso ni siquiera es lo más grave. Si el presidente López Obrador se atrevió a postular a Delfina Gómez, fue porque sus encuestas, sus sondeos y todos los instrumentos de medición del humor, del ánimo y de las preferencias sociales, le indiciaron que con independencia de que sea una delincuente, no solo electoral, la sociedad mexiquense la hará ganar, con sus votos, y la aceptará como su gobernadora, a pesar de saber que malversó recursos públicos en Texcoco, que robó una décima parte del salario de los trabajadores municipales, y que inyecto ilegalmente esos recursos a las campañas de Morena; a pesar también de que dejó sin escuela a muchos miles, quizá cientos de miles, de niños mexiquenses.

En pocas palabras, Delfina será candidata no solo porque el presidente López Obrador ha decidido postular a una delincuente juzgada y condenada, que no está en la cárcel por la complicidad de un falso demócrata llamado José Agustín Ortiz Pinchetti, el titular de la Fepade, que la protege. Delfina también será candidata porque aparentemente, a la sociedad mexiquense no le parece relevante que sea una delincuente, que haya desviado recursos público y haya robado parte del salario de los trabajadores, ni tampoco que haya financiado ilegalmente campañas de su partido político. Según la lógica del presidente y de Morena, para la sociedad mexiquense, nada de eso es importante y Delfina es una aspirante ganadora; por eso la postularán.

Si todo es cierto, entonces la regla elemental de la ética política tampoco tiene ningún valor para la sociedad y los electores del Estado de México, pues hoy todo indica que estarían dispuestos a votar por una candidata que no es presunta, sino probadamente culpable de haber robado, haber mentido y haber traicionado a sus gobernados.

Si las cosas son así y Delfina tiene posibilidades de triunfo a pesar de todo, el problema ético entonces no está solo en la clase política, abarca a toda la sociedad que acostumbra decirse engañada y abusada, y que acostumbra asumirse moralmente superior a su clase política.

@Envila Fisher

La compleja circunstancia de hoy, y también su actuación política, han colocado a Marcelo Ebrard Casaubón en una posición clave, la más relevante de todas, para la definición de la sucesión presidencial de 2024.

Es evidente que la palabra del presidente de la República será el voto determinante en la encuesta prometida por Mario Delgado para la selección del candidato morenista. Dentro del partido del gobierno, Ebrard puede ser el candidato menos parecido a López Obrador, pero también es el que más alianzas de peso, acuerdos y decisiones políticas de alto nivel y largo plazo, ha celebrado y compartido con el presidente desde que éste era candidato a Jefe de Gobierno en 1999 y aquel renunció a su postulación por el Partido del Centro Democrático, para sumarse a la campaña del entonces perredista. En política los acuerdos, los pactos y las deudas, también cuentan aunque no siempre se honren.

Por otra parte, el Morena que irá a las elecciones de 2024 no es la misma agrupación política que aglutinó voluntades y sumó 30 millones de votos a favor de su candidato presidencial. Aquel era un movimiento que reunió el voto antipriista, fundamentalmente el antipeñista, el de los desposeídos y el de los enojados. A cuatro años de aquella victoria arrolladora y con todas las adiciones que ha experimentado, hoy Morena es más la cuarta transformación del PRI que el movimiento antisistema que ganó en 2024 con el voto de castigo. Entre el desencanto de los enojados que apostaron a un cambio que no llegó y el ingreso masivo de priistas tránsfugas que “se purifican” con el cambio de militancia, la posición interna de la candidata surgida de la izquierda radical universitaria, Claudia Sheinbaum pierde fuerza en sentido inverso a la que gana, el ex priista que hace muchos años recorrió ese mismo camino, del PRI a la oposición, igual que lo hizo López Obrador.

A ese fortalecimiento indirecto de Ebrard, vinculado al crecimiento de las filas morenistas, nutrido por ex militantes priistas de grupos regionales, hay que agregar que más allá de Morena, entre los ciudadanos sin partido que votarán por el candidato y no por la organización política, y aún entre los opositores abiertos al proyecto lopezobradorista, está claro que Ebrard es el candidato más aceptable y, por lo tanto el más competitivo del grupo de aspirantes morenistas. El canciller sería, por mucho, el abanderado que más contrarrestaría el voto antimorena, el que menos rechazo generaría hacia el partido del presidente, y también el que más dividiría el voto de los opositores.

En pocas palabras, por la combinación de las circunstancias actuales: la polarización, su origen y trayectoria políticos, el “agrado” con que lo mira el sector privado, la forma en que ven a México en el resto del mundo, así como la paulatina pero inocultable refundación del viejo PRI en Morena, Marcelo Ebrard ha sido colocado como el precandidato morenista más competitivo, y también más peligroso, para la contienda presidencial de 2024.

Su posición de comodín, bombero y personaje obligado dentro del gabinete lopezobradorista, es tan evidente que su importancia en la operación gubernamental diaria esta fuera de duda, entre otras cosas porque es el único que se mueve con suficiente soltura en el escenario internacional, pues aunque la democracia está en crisis, la globalización no se está revirtiendo sino consolidando. A pesar de todo, los afectos y las preferencias presidenciales apuntan hacia Claudia Sheinbaum o, en caso de ser necesario un Plan B, hacia Adán Augusto López.

Si la elección presidencial fuera hoy, el que parecería asegurarle a Morena una victoria prácticamente inobjetable, incluso contra la más solida de las alianzas opositoras que se pudiera lograr, es Ebrard. Sin embargo, el estudio de los ánimos y las preferencias presidenciales apunta hacia la Jefatura de Gobierno de la CDMX o hacia la Secretaría de Gobernación. Dicen que López Obrador es el más pragmático de los políticos. En los próximos meses de comprobará o se desmentirá esa afirmación, pues al arriesgar la elección por una mala selección de candidato, el presidente se jugaría mucho más que el futuro de su proyecto.

Ante una circunstancia compleja y atípica, pues en este momento el único que puede complicarle la elección presidencial a Morena es el propio presidente López Obrador con su decisión, la pregunta clave de la sucesión, porque su respuesta impacta dentro y fuera de Morena, es: ¿Qué haría Ebrard si el presidente hace más caso a sus afectos que al pragmatismo y a las posibilidades reales de triunfo.

Si se disciplina y agacha la cabeza de nuevo, Marcelo no tendrá otra oportunidad de ser presidente, como la que hoy tiene, pues además de que su momento como estrella del gabinete es este, su pacto es con López Obrador, no con Sheinbaum ni con Adán Augusto López. Si por el contrario, se inconforma y rompe porque se le vuelve a sacrificar, le sobrarán opciones de candidaturas e incluso podría acabar como el abanderado que reviva a la moribunda alianza PRI-PAN-PRD. A ese espacio, casi garantizado en la boleta, hay que agregarle el hecho de que así como es el más competitivo porque atraería votos opositores aún estando en Morena, también se llevaría votos y operadores políticos de Morena a la oposición, en caso de un rompimiento.

Algunos dicen que Ebrard no tiene los tamaños para romper con el presidente y que, pase lo que pase, se alineará con López Obrador para atender y respetar su decisión llegado el momento. Cualquier cosa que haga, hoy Ebrard es la gran variable, todavía indeterminable, dentro de la ecuación sucesoria.

@EnvilaFisher

Tras perder su mayoría calificada en San Lázaro, el grupo en el poder ha doblado su apuesta por la polarización y ahora buscará rentabilidad electoral a través de convertir todas las discusiones públicas en una disputa entre patriotas y traidores.

Reforma eléctrica y reforma electoral son los dos primeros misiles lanzados sabiendo que no prosperarían como modificaciones legales, pero servirían para agudizar la división con la campaña de “Traidores a la Patria”.

El siguiente proyectil polarizador apunta a la educación. Ahí, el terreno es más propicio para Morena porque no necesita mayorías legislativas calificadas para modificar ni planes y programas de estudio, ni modelos pedagógicos, ni la estructura de las instituciones responsables de la materia. La Ley General de Educación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se reforman con una mayoría simple que, apoyado por sus aliados, PT y PVEM, Morena sí tiene.

Las primeras muestras de la andanada polarizadora que viene con el pretexto de la transformación educativa ya están aquí: por un lado los proyectos de reorganización de la educación básica, con la abstracta justificación de colocar a la escuela en el centro de la comunidad, y por otro los llamados del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a los estudiantes universitarios, para tomar en sus manos la transformación y el gobierno de sus instituciones educativas; en otras palabras, invitaciones a promover paros y huelgas estudiantiles.

La educación sirve para mejorar las condiciones de vida de las personas. En el mundo, más allá de concepciones ideológicas o modelos de gobierno, autoritarios o democráticos, las mayores responsabilidades, y las mejores posiciones laborales, son para las personas más calificadas, con mayores herramientas cognitivas, pues eso les permite tomar las mejores decisiones en su actividad profesional.

China, una dictadura de partido único, además del único Estado de economía centralmente planificada que ha podido generar crecimiento suficiente para convertirse en potencia, es un régimen que condiciona el avance de las personas en sus escalas económica y social, a sus conocimientos y productividad. En el otro extremo, las democracias liberales, consolidadas o emergentes, tienen en la educación la principal palanca de movilidad social, aumento en la calidad de vida y crecimiento económico.

La educación es un proceso de capacitación para la vida social en sus diferentes aspectos: la convivencia social, la conducta individual en el seno familiar y el desempeño profesional en el plano económico, pues finalmente el individuo trabaja, en el modelo político que sea, para ganarse la vida cumpliendo eficientemente con un rol productivo. Ese es su aporte personal al avance y la transformación de su sociedad.

Sin una capacitación adecuada, sin educación de calidad, es limitado el aporte de uno o varios individuos a la sociedad, pues la deficiencia formativa no les permitirá asumir responsabilidades mayores, o en caso de hacerlo, ejercerlas de forma adecuada.

La frase de 10 por ciento de talento y 90 por ciento de lealtad que se atribuye al presidente para explicar la selección de sus colaboradores, es demagogia pura y los resultados actuales de empresas tan importantes para el desarrollo nacional, como Pemex, lo prueban. Pemex no pierde dinero a pasos agigantados, con cargo al erario nacional, porque los neoliberales hayan abierto el sector energético a la inversión privada. La empresa improductiva del Estado se convirtió en un barril sin fondo porque está a cargo de un personaje con carrera trunca de ingeniero agrónomo, llamado Octavio Romero Oropeza, que no sabe absolutamente nada del modelo de negocio petrolero en el mundo de hoy, y quizá ni siquiera entienda lo que es un modelo de negocio.

En el plano profesional, la falta de conocimientos no se compensa con la lealtad a un proyecto, a una persona o a un país. La mujer o el hombre más leal (no importa a qué o a quién) no podrán desempeñar un papel eficiente en la administración de la riqueza energética de una nación, comunista, capitalista, populista o democrática, si no tienen una sólida formación profesional complementada con una experiencia inmensa, que se demuestre con una carrera exitosa, en la rama industrial respectiva. Romero Oropeza y Rocio Nahle son dos muestras de que lealtad no sustituye talento y menos preparación. No tienen experiencia en el nivel directivo de una gran empresa, pública o privada, y su lealtad al presidente solo ha servido para llevar a Pemex a los peores estados de resultados de su historia.

La educación es capacitación para enfrentar y asumir responsabilidades. Las universidades no son centros de adoctrinamiento sino espacios para la capacitación técnica que demanda la sociedad del conocimiento para competir por un empleo. Sin embargo los estudiantes de las universidades públicas han sido convocados por el presidente a tomar en sus manos el futuro de sus instituciones educativas y modificar su forma de gobierno para ponerlas, según él, al servicio del pueblo. Se trata de un asunto delicadísimo. Nada menos que un llamado a la revuelta estudiantil en los centros que preparan a las y los profesionistas de la siguiente generación. La justificación política es que, según el presidente, las universidades, la UNAM a la cabeza, se entregaron a la causa neoliberal.

La percepción es realidad también en el mundo laboral. Por eso, si ese llamado a la insurrección estudiantil llega a prosperar aunque sea un poco, los principales perjudicados serán los estudiantes de las universidades públicas y autónomas, pues sus instituciones perderán prestigio y ellos carecerán de atractivo ante sus posibles empleadores del mañana. En el caso de que puedan concluir sus estudios después de convulsionar a sus universidades, serán universitarios con títulos devaluados, pues tanto las empresas privadas como los organismos gubernamentales que podrían reclutarlos, optarán por egresados de escuelas privadas porque presumirán que se dedicaron a prepararse profesionalmente, en lugar de tratar de importar una revolución, supuestamente transformadora, a sus universidades.

Si escuchan el canto de las sirenas, la enorme mayoría de esos estudiantes estarán dinamitando sus posibilidades de prosperidad y bienestar porque afectarán sus posibilidades de tener una carrera profesional que les permita mejorar, en el largo plazo, su calidad de vida y la de su familia.

La verdadera educación universitaria, contraria al adoctrinamiento, está sustentada en el racionalismo científico y la transmisión del conocimiento técnico. Sirve para formar profesionales capaces de tomar decisiones eficientes que generen beneficios individuales o colectivos, pues los capaces de resolver problemas, son los profesionales que deben asumir responsabilidades crecientes en los sectores público o privado.

En cualquier sociedad que busque genuinamente prosperar, más responsabilidad demanda más capacitación, pero también significa mayores remuneraciones y mejor calidad de vida. No hay dogma ni postura ideológica que sustituya esa realidad, pues así como cualquiera sabe que una cirugía de corazón solo debe ser ejecutada por un especialista, todos deberíamos admitir que extraer petróleo rentablemente de la tierra requiere de ingenieros petroleros, pero también de administradores que controlen los costos de producción, de economistas que proyecten el comportamiento del mercado y de financieros que sepan colocarlo, en las mejores condiciones, entre los clientes en el mundo. Todos deben estar coordinados por un administrador eficiente, que entienda de todas las áreas y sepa hacia donde llevar a la empresa. Esas capacidades se aprenden en las universidades donde se estudia todos los días, no en las que hacen paros y huelgas para impulsar agendas políticas con ideas de autogobierno que nunca han funcionado.

Esas habilidades también se afinan en el día a día del desarrollo profesional. Al momento de elegir empleados, el mercado laboral no se detiene en consideraciones ideológicas ni en lealtades personales o de grupo. De hacerlo, en todas las empresas de México se encontraría el desastre que hoy existe en Pemex.

@EnvilaFisher

Dejar de señalar, protestar e indignarse ante conductas y acciones ilegales de los servidores públicos, que creíamos superadas, se ha convertido en una peligrosa constante que le da mérito a la tesis de la regresión autoritaria y caudillista, apoyada en un populismo exacerbado, que se ha expresado para describir la etapa actual de la política mexicana.

Mítines sustentados en el acarreo grotesco, atiborrados de servidores públicos y burócratas en horarios laborales, con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como cabeza y oradora principal, así como viajes del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del Comandante de la Guardia Nacional, en aviones de la Fuerza Aérea, para participar en la promoción ilegal de la Consulta Ciudadana de Revocación de Mandato, son nuevas muestras del regreso a las prácticas más cínicas, inmorales y simuladoras de la política que, se supone, habían sido erradicadas con una cultura firme de la denuncia y la condena.

Pero esas ilegales puestas en escena para simular popularidad, sustentadas en el uso ilegal de recursos públicos, no son la única, ni la más peligrosa de las expresiones de ese regreso a la simulación en materia de Estado de Derecho.

Durante la segunda quincena de marzo de 2022, en el municipio de Ocoyucan, en el estado de Puebla, se orquestó el intento de invasión de un predio ubicado en la Junta Auxiliar de Santa María Malacatepec. La cita era el miércoles 23 de marzo a las cinco de la mañana y el plan era simple: ocupar (invadir) y “repartir” el terreno entre los participantes en la ocupación (invasión). La convocatoria, acorde a los tiempos modernos, se hizo al través de WhatsApp y Telegram y, hasta donde se pudieron rastrear las huellas digitales, en forma de mensajes de chat, se llamó a participar a, por lo menos, 784 personas. El responsable del llamado fue un grupo autodenominado Unidad de Izquierdas, que no es otra cosa sino una tribu poblana del partido político en el poder: Morena, manejado y controlado en la entidad por el gobernador Luis Miguel Barbosa. Se trata del mismo gobernador que nunca aclaró cómo compró la casa que fue propiedad de Miguel de la Madrid en Coyoacán; el mismo que dijo que el Coronavirus solo afectaba a los ricos y que se curaba con tortas de guajolote. Es el mismo político cerril y cínico que dijo que la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, quien lo derrotó en las urnas, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, fueron un castigo de Dios porque “le robaron”, la primera elección.

El predio que era, y sigue siendo, el objetivo de los invasores, es una propiedad ejidal y fueron los ejidatarios quienes, al enterarse de la operación de invasión en marcha, alertaron a las autoridades municipales de Ocoyucan y se apersonaron en sus tierras para defenderlas. En el lugar, según señalaron ellos mismos, había un inusual movimiento de personas extrañas a la comunidad y a la propiedad, que llegaron en camionetas y automóviles. Ante la pregunta de qué buscaban en el ejido, algunos de los extraños expresaron tímidamente que habían sido citados para una venta de terrenos en ese lugar. La presencia de la Policía Municipal de Ocoyucan, un municipio gobernado por el PRI, en abierta oposición a Barbosa y a Morena, acabó de disuadir a los invasores en esa ocasión; aunque ellos mismos circularon la versión de que volverían a intentar apoderarse del terreno más adelante.

La particularidad del predio ejidal en cuestión, y la explicación al intento de invasión, es la cercanía de Santa María Malacatepec, con el proyecto Angelópolis; el desarrollo habitacional y de oficinas, negocio inmobiliario ultramoderno y de lujo que, como gobernador, Manuel Bartlett impulsó en Puebla.

Como en todo intento de invasión, aquí hay un interés económico; aumentado en este caso porque se trata de terrenos que, debido a su ubicación privilegiada, tienen un importante valor comercial. Malacatepec es una alternativa natural al crecimiento de esa zona residencial estilo Santa Fe, pero conurbada a la ciudad de Puebla.

En México, las invasiones de predios toleradas, o alentadas desde el poder, son historia conocida. Muchas veces sirvieron para atender clientelas políticas por encima de la ley, pero además, invariablemente engordaron los bolsillos de políticos corruptos que protegían, o protegen, a caciques. El caso de Guadalupe Buendía Torres, La Loba, comadre y protegida de Arturo Montiel Rojas, pero antes de Cesar Camacho, Emilio Chuayffet e Ignacio Pichardo, gracias a lo cual fue señora de horca y cuchillo en Chimalhuacán, donde invadió y vendió varias veces los mismos terrenos en el municipio hasta el año 2000, es solo un ejemplo de ese México de paracaidistas y despojos tolerados, que se supone había quedado atrás.

Una invasión y un despojo siempre están organizados por un líder que generalmente es más bien un cacique. Se trata de delitos equivalentes al robo de inmuebles completos y su tolerancia solo se explica porque el cacique recibe protección, o hasta instrucciones, del gobernante en turno o de sus operadores.

Esta es otra de esas viejas prácticas de la política clientelar y de simulación que, se supone, habían ido quedando atrás en el México de la democracia ciudadanizada y el sistema competitivo de partidos, lo mismo que el acarreo descarado de burócratas y el uso indebido de recursos públicos para promover campañas políticas. Que hoy un intento de invasión asome en una zona con alto valor comercial, en una entidad federativa, gobernada por un morenista impresentable, Luis Miguel Barbosa, debería ser un auténtico foco rojo.

Las garantías de seguridad jurídica deben beneficiar, tanto a los inversionistas extranjeros que ven amenazados sus negocios por reformas expropiatorias que violan los acuerdos de libre comercio, como a los ejidatarios de cualquier municipio pobre del país, que pueden ser víctimas de caciques representantes de mafias inmobiliarias, y que actúan por vías mucho menos “civilizadas” que una ley anticonstitucional apoyada por cuatro ministros de la Corte, dedicados a hacer política.

@EnvilaFisher

Los hechos apuntan a que, con la Pandemia como pretexto, un pacto político perverso que vuelve a México a los niveles de ineficiencia burocrática de los años setenta, se ha celebrado entre el gobierno federal y varios de los sindicatos burocráticos que hoy existen dentro y fuera de la FSTSE.  El pacto es sencillo y tiene muy contenta a la burocracia sindicalizada: Con el Coronavirus como justificación, tú burócrata sindicalizado te quedas en casa todo el tiempo que sea posible (no importa que no cuentes con computadora o conexión a internet), mientras el gobierno paga tu salario íntegro aunque no trabajes. Cuando llegue el tiempo de elecciones, no olvides quién te regaló dos, o quizá tres, años de salario sin devengarlo, y vota en consecuencia.

Los burócratas sindicalizados llevan dos años sin trabajar, o en el mejor de los casos trabajando a medias, pero recibiendo la totalidad de su sueldo, con cargo a los impuestos de los mexicanos, al empobrecimiento del erario, al hígado y dinero de los usuarios que pierden su tiempo impulsando trámites que no avanzan por falta de personal, y a una reactivación económica también frenada por permisos, licencias o certificados cuya emisión no fluye. Por supuesto, la burocracia sindical está no solo conforme sino contenta.

Aunque el desprestigiado semáforo epidemiológico fue devuelto al color verde y todos deberían regresar a las actividades productivas y laborales normales, al mismo tiempo que el presidente López Obrador demanda a los demás volver al trabajo y las aulas, su gobierno mantiene una política ambivalente frente a sus propios empleados: por un lado exigencia extrema a sus mandos medios y superiores para que garanticen la prestación del servicio que les corresponda y, por otro, relajamiento y tolerancia injustificados con sus trabajadores sindicalizados. Los primeros deben trabajar todos los días y asegurar la viabilidad de los servicios públicos a su cargo, mientras los segundos, ya en semáforo verde, pueden faltar hasta el 50% del tiempo, aunque gocen de salario completo y su ausencia haga imposible la normalización de las tareas en oficinas y dependencias gubernamentales.

Hoy tanto el ciudadano que acude a una oficina pública para cualquier tramite, como el beneficiario de una obligación gubernamental como la pensión por jubilación, deben esperar, pacientemente, el depósito de su dinero, la respuesta a su solicitud, el otorgamiento de una cita con su médico especialista en el ISSSTE o el IMSS, la reconexión de su servicio de energía eléctrica o agua, suspendido por una falla en las redes de transmisión. La razón de esa espera es simple: no hay personal suficiente porque los burócratas sindicalizados siguen sin acudir a sus centros de trabajo porque son vulnerables, amanecieron con un principio de gripa, se van a hacer una prueba, tienen a un familiar enfermo, o convivieron con el primo de un amigo cuya esposa acaba de dar positivo. Cualquiera de estas justificaciones es buena para “no arriesgarse” y faltar a las oficinas de la SEP, el ISSSTE, la Semarnat, la Segob o la dependencia a la que se encuentran adscritos, aunque desde hace dos años no trabajan regularmente para ella y siguen cobrando salario completo.

El abuso y el cinismo se convirtieron en otra de las divisas que la sociedad mexicana heredó de la Pandemia. Mientras un ejército de nuevos pobres y millones de desempleados del sector privado sufren todos los días para reinventarse y poner comida en las mesas de sus casas, otro ejército, pero de burócratas sindicalizados, vive con la comodidad de no trabajar o simular que lo hace desde casa, pero cobrando íntegro un salario que no se gana. Esto es posible porque los altos mandos gubernamentales han decidido que consentirán a los sindicalizados (para ganar su voto) mientras exprimen y revientan a sus trabajadores de confianza.

En principio, todo parecía otra falta de oficio de las autoridades para administrar la nueva circunstancia. Eso hacia suponer que gradualmente se lograría mover al elefante reumático de la Administración Pública al que se ha referido el presidente en diferentes ocasiones. Hoy, el paso del tiempo, la normalización de una forma ineficiente de trabajo y la soberbia de varios líderes sindicales que amenazan a directores generales de entidades y dependencias del gobierno federal con tomar las oficinas, obligan a considerar la existencia de un pacto corrupto que le permitirá al elefante reumático gubernamental seguir echado, a cambio de la promesa de que sus huestes, los trabajadores que no trabajan,  voten por el proyecto de Morena en las próximas elecciones.

La calidad y oportunidad de los servicios públicos no importa, pues a final de cuentas quien paga por esa ineficiencia son la población y la economía nacionales, afectadas lo mismo en el intento de obtener una licencia de construcción, que en el trámite de un juicio o en los permisos para operar un negocio que, de abrirse, generaría empleos para algunos de los muchos nuevos desempleados que ha dejado la Pandemia.

El corporativismo está de regreso en la práctica política mexicana y para eso, la pandemia parece haberle venido al gobierno de Morena, como anillo al dedo.

@EnvilaFisher

Marcelo Ebrard no será candidato presidencial por Morena y de eso se encarga ya el propio presidente López Obrador.

La teoría del distractor para explicar el exabrupto presidencial contra España ha ganado terreno rápidamente. Eso impide, al menos parcialmente, lograr el objetivo de sacar de la conversación pública y la agenda informativa el caso de la casa y los ingresos de José Ramón López Beltrán. Pero el amago de interrumpir las relaciones diplomáticas con el segundo inversionista en México, como país, tiene otros efectos e impactos en la política nacional, concretamente en la sucesión presidencial, además del evidente papel de cortina de humo.

La candidatura presidencial de Morena ha entrado en una zona gris porque la figura de Claudia Sheinbaum empezó a perder atractivo debido a su mimetización con la forma de actuar del presidente y los errores de su equipo. Presumir el uso de Ivermectina como política pública para enfrentar la Pandemia en la CDMX, cuando ese fármaco fue desaconsejado por su fabricante, por la OMS y hasta por Hugo López Gatell, es la más reciente de esas varias fallas en el gobierno de la CDMX. Responder a la información sobre el hecho y el yerro alegando un complot en su contra, como si la información fuera falsa, en vez de despedir a los responsables: José Merino y Oliva López Arellano, solo confirmó que Sheinbaum ha decidido copiar el estilo de premiar la incondicionalidad incluso al costo de solapar la negligencia y la corrupción.

En política no hay espacios vacíos y el retroceso de Sheinbaum debería elevar las posibilidades del otro gran candidato visible de Morena: Marcelo Ebrard. El Canciller ha hecho su trabajo como ningún otro integrante del gabinete presidencial. Fue el puente que construyó la controvertida, pero funcional, relación entre Donald Trump y López Obrador. Cumplió la instrucción de organizar el acuerdo con la UNOPS para la compra gubernamental de medicamentos para México (El fracaso de la medida tiene que ver con la ejecución de la ONU, no con la formalización del pacto que celebró Ebrard). Iniciada la Pandemia salió al mundo, primero a demandar a nombre de México acceso equitativo a las vacunas contra el Coronavirus a través del mecanismo COVAX y después, a negociar la adquisición de dosis de diferentes farmacéuticas. El problema de la inmunización en México ha estado en la lentitud para inocular, por razones electorales, no en la disponibilidad de dosis. Mientras negociaba la compra de vacunas, Ebrard se dio tiempo para iniciar un ingenioso y audaz litigio contra las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, a las que México demandó por la violencia y las muertes que sus productos generan en nuestro país. Habrá quien diga que la demanda es ridícula y que no tiene futuro. Pero el golpe mediático y político fue asestado por México con absoluta precisión y la resolución, quizá injusta pero legal, estará en las manos y las conciencias de los jueces norteamericanos.

Ebrard ha demostrado, con creces, ser el más eficiente, y también el más preparado, de los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo la feria de desaciertos en materia de política exterior, todos atribuibles al presidente, tienen al canciller mexicano como el otro gran damnificado, detrás del prestigio internacional de la diplomacia mexicana.

El uso de las embajadas y los consulados como servicio gubernamental del empleo para improvisados, y muchas veces ignorantes e impresentables, pero aliados, deja definitivamente mal parado al Canciller. Pero a estas alturas todas esas son decisiones del presidente y no de Ebrard. Pagar a Quirino Ordaz la entrega de la gubernatura de Sinaloa a Morena con la embajada en Madrid fue una negociación de López Obrador, pero con cargo al prestigio de Ebrard y de la diplomacia mexicana. Lo mismo ocurrió con el consulado en Barcelona para Claudia Pavlovich y, mucho antes, con el de Turquía para aquella periodista que se apersonó en la conferencia mañanera para pedirle al presidente publicidad para su portal de internet: Isabel Arvide Limón.

Aparte están los caso de Pedro Salmerón, Jesusa Rodríguez y la canciller panameña comparada por el presidente mexicano con la Santa Inquisición, además del insulto al gobierno de Austria, al que hace unos días acusó de ser egoísta y anticultural por el añejo tema del penacho de Moctezuma. Para rematar, la mayor cortina de humo de todas, hasta ahora, en materia diplomática: interrumpir, porque no se atrevió a decir romper, relaciones diplomáticas con España, con mucha estridencia pero sin ninguna formalización ni razón sólida que lo justifique.

El autor de todos y cada uno de estos despropósitos ha sido el presidente y sin embargo, el principal afectado de su círculo cercano es el Canciller. Hoy abundan las criticas justificadas, en medios tradicionales y en redes sociales, hacia Marcelo Ebrard, tanto por no asesorar adecuadamente al presidente en materia diplomática, como por soportar el triste papel del canciller que vive avergonzado sistemática y recurrentemente. Ebrard opina y asesora, pero evidentemente no es ni escuchado ni respetado por su jefe.

El presidente no reconoce utilidades en el mundo globalizado e interdependiente. Pero sí sabe que Marcelo Ebrard ha sido su mejor colaborador, por mucho, durante la primera mitad de su sexenio. Sin embargo, camuflada en ese rechazo a la diplomacia en tiempos de la globalización, López Obrador parece tener la convicción de dinamitar el camino de Ebrard hacia la candidatura presidencial, pues en lugar de cuidarlo más ante el hecho de que Claudia Sheinbaum ha mostrado debilidades importantes, “recompensa” su trabajo ridiculizándolo y obligándolo a tragar sapos continuamente, como si definitivamente no fuera su Plan B. Al mismo tiempo, el presidente le concede cada vez más fuerza y presencia a su paisano: Adán Augusto López Hernández; para muchos el verdadero tapado en esta adelantada carrera presidencial.

@Envila Fisher