Fabián Medina
Jefe de Oficina del Canciller

De las más de mil millones de armas de fuego que circulan en el mundo, según datos de 2019 del secretario general de las Naciones Unidas, el 85% se encuentra en manos de civiles, en vez de estar en fuerzas de seguridad. De estos instrumentos, el 90% se ubica fuera de zonas de conflictos armados donde causan más de 740 mil homicidios al año, siendo violentos la mitad de ellos.

En medio de la pandemia de COVID-19,uno pensaría que estas cifras deberían bajar, al estar una mayoría de la población mundial resguardada en sus hogares. Sin embargo, en los últimos meses se ha detonado un incremento en las adquisiciones y los decesos por armas de fuego. Muchos por violencia doméstica o suicidios, pero también por el aumento de la delincuencia organizada, que ha sabido desarrollar nuevas formas de operar en esta nueva realidad.

Con base en el mandato recibido por el secretario Marcelo Ebrard del presidente López Obrador para detener el flujo ilícito de armas a nuestro país, en la cancillería decidimos hacer valer los convenios internacionales suscritos por México en la materia, mediante una diplomacia concertada en los principales foros multilaterales, a fin de reducir el poder de fuego de las organizaciones criminales, así como la violencia y muerte que generan.

Uno de ellos es el Grupo de Trabajo del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, establecido en 2010 por la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo). Dicha convención, suscrita en Palermo en 2000 por prácticamente todos los Estados miembros de la ONU —190 de 193, incluido Estados Unidos—, fue reforzada en 2001 por su Protocolo, el cual entró en vigor en 2005 y cuenta con 118 Estados miembros: ambos instrumentos tienen carácter vinculante.

El pasado 16 y 17 de julio, quien escribe estas líneas tuvo el honor de presidir la 7ª sesión de este Grupo con sede en Viena, respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Junto con expertos de 60 países—incluidos los principales países productores—,así como de organizaciones intergubernamentales como Interpol y la OEA, analizamos dos temas principales: 1. La capacidad de respuesta del Protocolo y de las leyes nacionales a las nuevas amenazas relacionadas con la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones; y 2. Los enfoques investigativos y procesales para el combate de estos delitos y otras formas conexas de delincuencia organizada, dentro de las distintas jurisdicciones y entre ellas.

Con apoyo de nuestra Misión en Viena y el equipo de expertos de la Cancillería, se realizó un informe específico en estos temas, mismo que llevaremos a la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención, prevista para llevarse a cabo en octubre de 2020. Este año, en que se celebrará su vigésimo aniversario, creemos que es una ocasión idónea para reforzar su Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, e incorporar los explosivos en su mandato.

La participación de México se articuló en tres frentes: el primero fue la presidencia, que tiene la facultad de presentar un resumen que refleje las principales opiniones de los expertos en un documento que estará listo en las próximas semanas.

El segundo consistió en representar al grupo de países de América Latina y el Caribe entre los ponentes regionales, Así, México llevó los avances interamericanos en la materia, incluido el tema de la producción y el tráfico ilícito de explosivos.

Finalmente, en el tercer frente, la delegación de México llevó temas de relevancia para nuestro país, que también quedarán plasmados en el informe final.

Así, en la primera sesión de trabajo, promovimos la recomendación de realizar enfoques investigativos proactivos para apoyar la judicialización de casos; la creación y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas mediante la cooperación y la capacitación internacional; el reforzamiento de las evaluaciones de riesgo en el otorgamiento de licencias para la fabricación y tráfico de armas, a fin de alinear los compromisos de las empresas filiales con su matriz en el ámbito nacional, para evitar su desvío; el fortalecimiento de controles y registros de armas para evitar la violencia de género, los crímenes de odio y los suicidios; y el robustecimiento de la justicia penal con inteligencia prospectiva —análisis balístico y localización de armas.

En la segunda sesión, se enfatizó la necesidad de la cooperación para prevenir el uso de nuevas tecnologías en la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego mediante la deep web, drones o vehículos aéreos autónomos; la cooperación transfronteriza entre las diversas autoridades involucradas para el registro del tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones; así como prevenir la modificación de armas semiautomáticas o automáticas.

Esta reunión obtuvo logros importantes, como fortalecerlos compromisos internacionales de sus miembros; promover la firma y ratificación de su Protocolo con países que han prohibido recientemente la portación de armas de asalto —caso de Canadá—; e incrementar sinergias entre los trabajos del Grupo con el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego (CIFTA).

México concertó un llamado sobre cómo la fabricación, el uso y el mercado ilícito de armas ha incrementado la violencia, los homicidios dolosos y la comisión de crímenes de alto impacto, arrebatando las vidas de miles de seres humanos, afectando el tejido social y las oportunidades de desarrollo de las personas.

El compromiso global con la meta 16.4 de la Agenda2030,dirigida a reducir significativamente las corrientes de armas de fuego ilícitas y combatir todas las formas de delincuencia organizada, nos obliga a construir los andamiajes jurídicos, institucionales y de cooperación internacional necesarios para asegurar sociedades pacíficas e inclusivas, libres de violencia armada.

México es quizás uno de los países más afectados por la presencia de armas de fuego en manos de población que las utiliza para cometer crímenes violentos. Desde los foros internacionales más importantes en la materia, tenemos que seguir trabajando con las instancias gubernamentales correspondientes para generar políticas públicas y acciones concretas que nos permitan vivir en una sociedad con mayor paz y justicia.

Fabián Medina
Jefe de Oficina del Secretario Marcelo Ebrard


El tráfico ilícito de armas ha dado a la delincuencia organizada en México un alto poder de fuego con el cual ha extendido sus brazos a diversos tipos de crímenes: tráfico de drogas y ahora de medicamentos y equipo contra COVID-19, extorsión, estafas en línea, secuestros, robo de combustible y trata de personas, entre otros.

Por ello, en la estrategia que se ha propuesto articular la SRE con otras dependencias del Ejecutivo federal, por mandato del presidente López Obrador, era fundamental integrar un componente de inteligencia para detener, en primer lugar, el tráfico ilícito de armas como herramienta sustantiva de todos los demás delitos.

Dado que México, como miembro fundador de Interpol desde 1955, tiene acceso a sus bases de datos y cuenta con su presencia en nuestro país, decidimos concretar una alianza con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), proyecto que la administración anterior dejó de lado, para reforzar la capacidad de inteligencia de nuestras fuerzas de seguridad, al ser 30% de las armas aseguradas al crimen organizado en México de fabricación europea.

Así, en diciembre de 2019 empezamos negociaciones para adoptar un acuerdo de trabajo con Europol, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), y cerrar el círculo de colaboración con Interpol y EUA, punto de origen del 70% de las armas aseguradas en México.

En un tiempo récord menor de 6 meses cerramos estas negociaciones vía videoconferencia, con el decidido respaldo del secretario Ebrard y el apoyo de la Consultoría Jurídica, así como de nuestra representación en Países Bajos.

El pasado 10 de junio, el Consejo de Administración de Europol, su principal órgano de gobierno integrado por representantes de cada Estado miembro de la Unión Europea (UE) y de la Comisión Europea, mandató a su directora ejecutiva, Catherine de Bolle, a suscribir el acuerdo de trabajo con Alfonso Durazo, secretario de SSPC.

Así, dimos el gran paso que faltaba: tras cerrar un nuevo acuerdo con la UE y un TMEC fortalecido con América del Norte, el acuerdo con Europol permitirá asegurar que los flujos de comercio, servicios e inversión entre nuestras naciones contribuyan al bienestar de nuestras sociedades, con pleno resguardo de su seguridad. Sin duda, es un importante logro, cuya firma concretaremos en julio, para entrar inmediatamente en vigor e iniciar diversas actividades de cooperación.

En particular, permitirá al Gobierno de México combatir con inteligencia a la delincuencia organizada transnacional, mediante el intercambio de información de la huella balística y fichas rojas, al acceder en tiempo real a bases de datos de Europol y de sus 27 Estados miembros, además de 43 países asociados. Esto significará la colaboración con más de 230 entidades policiales enlazadas con 1,400 distintas autoridades mediante plataformas con la tecnología de encriptación más avanzada. Pero también dará acceso a una cooperación estratégica internacional ampliada a otros delitos graves del crimen organizado, al incluir el acuerdo 30 rubros de interés prioritario para ambas partes, en la coyuntura actual de preparación hacia un mundo post-COVID-19.

El alcance estratégico del acuerdo de trabajo entre México y Europol

Europol nace en 1995 tras fundarse la UE, pero solo hasta 2010 se convirtió en una agencia por decisión del Consejo de la UE, lo que le permitió aumentar su capacidad de interacción con los países miembros. Desde 2012, el Consejo de Administración de Europol consideró incluir a México, junto con Brasil, Georgia y Emiratos Árabes, a la lista de socios prioritarios para suscribir acuerdos, acción que concretó hasta 2014, tras avanzar en la protección de datos personales. Para 2017, se fortaleció la capacidad supranacional de Europol en la lucha contra el terrorismo, la criminalidad cibernética y otras formas graves de crimen organizado, con apoyo de las fuerzas policiales y judiciales de la UE y en coordinación con sus pares a nivel regional y global.

El acuerdo de trabajo adoptado es una herramienta estratégica de inteligencia que permitirá a la SSPC y Europol, como autoridades centrales, coordinar acciones con las diversas fuerzas del orden en México, tanto federales –incluida la Guardia Nacional– como estatales y municipales. Abarca el tráfico ilícito de armas, sus componentes, municiones y explosivos, así como datos del país de origen del fabricante, comprador y vendedor.

Pero también cubre el combate a otros delitos que coinciden con las prioridades de las autoridades mexicanas: narcotráfico; trata de personas; ciberdelincuencia; lavado de dinero; delitos medioambientales; tráfico ilícito de especies animales y vegetales protegidas; contaminación por buques; delitos contra la propiedad intelectual y falsificación de mercancías, de moneda y medios de pago; tráfico de documentos administrativos falsos; fraude y estafa; chantaje y extorsión; terrorismo; tráfico de vehículos robados, de órganos y tejidos humanos, de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento; secuestro, retención ilegal y toma de rehenes; racismo y xenofobia; tráfico ilícito de bienes culturales y obras de arte; delitos financieros con información privilegiada y manipulación del mercado; corrupción; abuso y explotación sexual, incluido de menores.

En todos estos temas, el acuerdo contempla la capacitación de las fuerzas de seguridad mexicanas en la evolución de los delitos y en el uso de nuevas tecnologías: manejo de plataformas inteligentes de rastreo y de deep web. Asimismo, considera la protección de datos personales, conforme a la normativa vigente en México y los compromisos que asumimos al suscribir la Convención del Consejo de Europa en la materia.

El acuerdo también ofrece la oportunidad a la SSPC de asignar a un oficial de enlace al equipo de Europol en La Haya, donde trabajará de manera confidencial y directa con más de mil funcionarios –de aduanas y otros servicios de seguridad y orden público– de países miembros de la UE, junto a otros 260 oficiales de países como Australia, Canadá, Colombia, EUA (FBI, DEA, ATF, USPIS, CBP), Noruega, Suiza y Turquía. Dichos enlaces son sujetos a un examen de confiabilidad y a estrictas reglas de seguridad y confidencialidad.

En suma, Europol se perfila como un aliado estratégico de México para determinar la magnitud de los flujos, canales y rutas del tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, con mecanismos de rastreo eficaces y oportunos que complementará nuestra colaboración con los principales países europeos exportadores de armas. Al incrementar su trazabilidad, esta nueva alianza reforzará también el combate a los diversos crímenes que se realizan con ellas, y a la violencia, terror y muerte que generan.

Fabián Medina
Jefe de Oficina del Canciller
@gfabianmedina


Cuatro días después del primer caso en América Latina, México confirmó un contagio de COVID-19 el 28 de febrero de 2020. A partir de entonces, el país entró en la fase 1, caracterizada por la importación de casos del extranjero. Ante esta nueva amenaza, el Gobierno federal comenzó a instrumentar la estrategia básica para mitigar su propagación: detección, aislamiento y estudio de contactos. Asimismo, se concentró en promover la prevención y educación sobre el virus: síntomas, formas de transmisión, población en mayor riesgo, tasas de contagio y mortalidad, y situación internacional; y recomendó inmediatamente medidas sanitarias para la población: lavarse las manos, cubrirse al estornudar y permanecer en casa, en caso de sentirse enfermo.

La fase 2 comenzó el 24 de marzo, conforme a las previsiones efectuadas. En ella se esperaba la transmisión comunitaria del virus y ya no por retornos del extranjero. Enseguida, el Gobierno federal puso en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia –con la exitosa estrategia de comunicación mediante la heroína Susana Distancia; y  suspendió actividades no esenciales en los tres niveles de gobierno, así como en el sector privado.

La fase 3 empezó el 21 de abril, al preverse una amplia propagación entre la población, como resultado natural del contagio exponencial del virus, que inicia su contagio 6 días después de portarlo. Así, el Gobierno federal extendió la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo y el Banco de México dispuso  créditos a bancos, apoyos a hogares y a pymes, así como blindajes al manejo de deuda y sistema cambiario. Para el 23 de abril difundió protocolos sanitarios al entrar y salir de casa, y lanzó el chatbot de Susana Distancia para responder instantáneamente a la población desde WhatsApp.

De especial relevancia fue el acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19 el mismo 23 de abril. Esta iniciativa permitirá a los derechohabientes del IMSS e ISSSTE ser atendidos en hospitales privados con la misma tarifa, la cual cubrirá el Gobierno federal en enfermedades no transmisibles (embarazos y partos ;  así como urgencias abdominales; y endoscopías). Con ello, el Estado asume la atención prioritaria del COVID-19 en sus instalaciones  con los sectores de Marina y Defensa Nacional, así como con los hospitales privados adecuados para atender la pandemia.

La respuesta de la ciudadanía a esta cuarta semana de aislamiento ha sido importante,  con amplios gestos de generosidad y solidaridad. Pero aún se requiere de la acción decisiva de todos para reducir al mínimo los riesgos de contagio. La trayectoria de cada etapa ha sido muy clara: de 5 fallecimientos al concluir la primera etapa el 24 de marzo, se pasó a 857 decesos al concluir la segunda el 21 de abril –con un promedio de 30 muertes diarias en este espacio de 28 días. Sin embargo, dado que en 24 horas, el 22 de abril, se registraron 117 nuevos fallecimientos, el día 23, otros 95 decesos, y el 24 se sumaron 152 nuevas muertes, se vuelve urgente reforzar el distanciamiento social que ha sido sustantivo en todos los casos de éxito.

Escenarios de un mundo post-COVID-19

En cuanto concluya la fase más crítica de esta pandemia, habrá sin duda una reconfiguración del sistema internacional. Desde el repunte del liderazgo de China al frente de un nuevo Sur, que tendrá impactos tanto económicos como políticos a partir del repliegue actual de Estados Unidos, hasta un multilateralismo desgastado –que reciba cada vez menos aportaciones de esta otrora potencia económica de la posguerra fría– pero que seguirá siendo pilar de los que menos tienen; en un contexto de crisis energética mundial por el derrumbe de los precios del petróleo y lejanas proyecciones de recuperación, que ya ha afectado las finanzas públicas de diversos países productores; y de eventual recuperación medioambiental, favorecida por una inmovilidad global forzada.

En este mundo de enorme interdependencia entre unos y otros, personas y países, las tecnologías de la información se han vuelto esenciales, aun cuando 3,600 millones de personas en el mundo (50% del total) no tienen internet. Ciertamente, el uso de ellas ha sido decisivo en países exitosos como  China, Noruega e Israel. Sus ciudadanos emiten desde sus celulares información sobre su salud, conocen patrones de la infección, obtienen recomendaciones sanitarias en tiempo real, y recurren al comercio electrónico.

En el caso de México, la creatividad y la innovación en el contexto de la pandemia han permitido que sean más rápidos los avances científicos. Un ejemplo es que ya se cuenta con la secuencia genómica del coronavirus y su adaptación a la genética del mexicano; se usa la inteligencia artificial  para responder dudas de la población mediante asistentes virtuales, o para hacer la trazabilidad de zonas con mayor contagio por medio de apps; y se analizan tendencias por científicos de datos. En tanto, el sector educativo y productivo han encontrado en las  plataformas para videollamadas una manera de continuar con la educación en casi todos los niveles, y hacer posible el trabajo desde casa.

No obstante, las redes sociales con su inmediata accesibilidad y enorme cantidad de información –real o falsa– promueven que cada persona se comunique a una audiencia y construya su propia narrativa, y seguidores. Por ello, desde la SRE es nuestro deber compartir una cosmovisión con la realidad que está aconteciendo en el mundo y el lugar que México tiene en ella, desde una perspectiva que refuerce en última instancia nuestro ejercicio democrático. Lo anterior, con base en el derecho de todos a estar debidamente informados, pero también en el compromiso de todos de generar un mayor bienestar incluyente, hoy, a cargo de quienes realizan las tareas esenciales, en especial, de nuestro sector salud.

Fabián Medina
Jefe de Oficina del Canciller
@gfabianmedina

Entre sus diversas funciones, la OMS evalúa la información que proporcionan sus Estados miembros para formular guías contra la pandemia, mientras no se cuente con una vacuna o tratamiento seguro. Entre las medidas de contención , se encuentran precauciones básicas de higiene personal (lavarse las manos frecuentemente, cubrir el estornudo y usar mascarillas en espacios públicos), respetar el distanciamiento social y acudir a los servicios de salud solo en caso de presentar ciertos síntomas.

Dos medidas han sido claves para controlar la propagación de la epidemia: 1. aplicar un gran número de pruebas en zonas críticas, lo que facilita separar a la gente infectada y rastrear la cadena de infección (práctica realizada por Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos); y 2. mantener distancia social, mediante el confinamiento de los ciudadanos en sus residencias. Los periodos de encierro temporales han pasado de dos semanas hasta tres meses –como ocurrió en la región de origen, la provincia china de Wuhan. Cada país ha tenido que ponderar el equilibrio entre la salud de sus habitantes y sus actividades productivas, por lo que las cuarentenas han variado. Sin embargo, el confinamiento ha sido obligatorio en casi todos los casos; en algunos incluso se ha recurrido a sanciones –detención, cárcel o multas– por las autoridades.

Entre las mejores prácticas para reforzar la atención sanitaria y protección de los médicos, enfermeras, pasantes y voluntarios, destaca Estados Unidos que ha vuelto a contratar a médicos jubilados; ha puesto a disposición de ellos hoteles cercanos a zonas hospitalarias de manera gratuita, o bien ha destinado hoteles y albergues para atender enfermedades no contagiosas. Estados como California han contratado a dreamers y migrantes con experiencia como enfermeros y médicos. Otros países como Canadá han reforzado la atención en hospicios y residencias de ancianos. Marruecos abrió cabinas de desinfección públicas. Muchos otros países han distanciado a los residentes en cárceles y han capacitado a algunos para atender enfermos. Otros más han convertido espacios culturales y residencias de gobierno en centros hospitalarios.

En todos los casos, el apoyo de la sociedad civil ha sido sustantivo, muchas veces como brazos de la OMS. En especial para atender las consecuencias económicas de la pandemia: como entrega de medicinas y alimentos a los más vulnerables, promoción del trueque en comunidades rurales, o la adquisición de vales para servicios que se usarán después; mientras que pequeños comercios han puesto mesas con alimentos de forma gratuita para quien los necesite.

Estrategias de reactivación económica y salida del COVID-19

Diversos expertos, como Deep Knowledge Group o la Universidad Johns Hopkins, así como nuestras embajadas, han identificado países con planes exitosos de reactivación económica. Destaca Alemania que recurrió a su política de trabajo a corto plazo (Kurzarbeit), misma que contribuyó en 2009 a que saliera de la recesión antes que otras naciones. Bajo este esquema, las compañías envían a sus trabajadores a casa para trabajo en línea o reducen sus horarios y el Estado cubre más del 60% de los salarios netos que se hayan perdido. En marzo, 470 mil empresas con 9 millones de trabajadores se adhirieron al programa, lo que llevó a la Comisión Europea, Francia, Italia y Polonia, a retomar este modelo. Por su parte, Suecia ha mantenido una amplia apertura y dinamismo económico en espera de que el número de contagios genere inmunidad, y Francia ha incluido la reactivación de empleos agrícolas, con menos aglomeraciones.

En Estados Unidos, a pesar de contar ya con casi 53 mil decesos, destaca el programa de protección de pago de nómina (PPP) por 8 semanas con 659 mmdd en préstamos a empresas que tengan menos de 500 empleados. Si mantienen a todos los empleados con su salario base durante ese periodo, la totalidad del préstamo se perdona. En el caso de Canadá, su plan económico ofrece a  sus comunidades indígenas un fondo para atender necesidades –de alimentos,  de adultos mayores, de  educación y sanidad. Asimismo, estableció transferencias de efectivo a trabajadores de bajos recursos, prórrogas para pago de impuestos e hipoteca..

En Asia, Australia incluyó servicios de guardería gratuita para niños vulnerables y desfavorecidos, en apoyo a padres de 945,000 familias con trabajos esenciales. Japón aprobó transferencias de efectivo a hogares y empresas donde el salario mensual del jefe de familia se haya reducido a la mitad o más. Y China estableció la exención del IVA a servicios médicos, alojamiento, peluquería, lavandería, transporte público y entregas, hasta que la pandemia esté bajo control.

En cuanto a los primeros planes de salida, han habido posturas divergentes. China, Japón y Corea del Sur levantaron restricciones sanitarias y de distanciamiento, obteniendo nuevos brotes. Mientras que Nueva Zelandia -por sus condiciones geográficas, baja densidad poblacional y obediencia social- pasó de la fase 4 a la 3 sin riesgos. Igualmente Taiwán ha empleado mano dura en la distancia social y un eficiente mecanismo de pruebas rápidas de detección.

En todo caso, como medidas en común, destacan: la participación ciudadana, acatando las medidas de distancia social e higiene; y la capacidad de las autoridades sanitarias para hacer pruebas, y suministrar materiales e insumos médicos suficientes, así como camas para el tratamiento de una enfermedad que oscila entre un 8-9% del índice de mortalidad a nivel mundial.

El sistema regional de salud frente al COVID-19

Desde el primer brote de la pandemia en América Latina y el Caribe, la SRE estuvo atenta a las evaluaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como del Banco Mundial y la OCDE, mismas que se difunden diariamente. En el caso de la OPS, desde enero comenzó a emitir recomendaciones, cuando se preveía la propagación. Nuestra región fue la penúltima en el mundo en confirmar casos de COVID-19: hasta el 24 de febrero Brasil reportó la primera paciente. Luego  se extendió a naciones como Perú, Chile y Ecuador, con Costa Rica entre los casos exitosos.

Ciertamente, el papel de la OPS, en estrecha coordinación con la OMS, también ha permitido recopilar información , así como  asesorar y monitorear las acciones en la región. Para México, la labor de su representación conjunta en el país ha sido una certera guía para identificar las distintas etapas de la epidemia. También ha orientado a municipios en la entrega a familiares de fallecidos por el virus, en condiciones de seguridad y registro adecuado. A fines de marzo, al pasar nuestro país a la segunda fase, la OPS reconoció la oportunidad de las medidas tomadas por nuestro Gobierno.

En igual sentido, la presencia en México de otras  agencias de la ONU –apoyo a migrantes (OIM), refugiados (ACNUR), niños (UNICEF) y mujeres (ONU Mujeres) –, ha facilitado que las dependencias e instancias a su cargo cuenten con apoyo y guías frente al virus  para estos sectores vulnerables, especialmente para aquellos provenientes de países hermanos en Centroamérica y el Caribe. (Continuará...).

Fabián Medina
Jefe de Oficina del Canciller
@gfabianmedina

La pandemia del COVID-19 trajo a nuestro país  retos sin precedentes. El principal, atentar contra la vida en contagios invisibles y múltiples, donde ha quedado de manifiesto la interdependencia de unos y otros, personas y países, para salir adelante. En esta batalla, la SRE bajo el liderazgo del canciller Marcelo Ebrard, se ha vuelto un brazo central, tanto en el plano multilateral como regional y bilateral. La respalda una honrosa trayectoria de diplomacia en salud, a la que se suma hoy su firme compromiso en ayudar a los más vulnerables, ya sea mexicanos varados en el exterior, o personas afectadas por el virus .

Confiamos en que la cooperación internacional y mejores prácticas identificadas por nuestras representaciones en el exterior nos permitirán contribuir a la invaluable entrega de nuestros médicos y enfermeras —de diversas dependencias, sector privado y voluntariado—, que todos debemos apoyar con respeto, solidaridad y, sobre todo, con nuestro aislamiento.

La diplomacia de México en salud ante la ONU

A raíz de la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre virtual del G20 el pasado 26 de marzo, la Misión Permanente de México ante la ONU elaboró y circuló entre sus 193 miembros el proyecto de resolución “Cooperación Internacional para asegurar el acceso global a los medicamentos, vacunas y equipo médico necesario para enfrentar la pandemia de COVID-19”, para ser presentado ante la Asamblea General (AGONU).

Esta resolución, resultado de un amplio e incluyente proceso de consultas, obtuvo, el 20 de abril, 179 copatrocinios de países de los 5 continentes. Se trata sin duda de un hecho histórico: en la trayectoria multilateral de México, hasta ahora no se había logrado un respaldo del 93% de los miembros de la ONU a una resolución promovida por nuestro país.

El texto retoma la coyuntura actual: parte del informe del secretario general sobre los impactos económicos y sociales de la pandemia, de la Agenda 2030  y de la declaración del G20, que llama a evitar el acaparamiento de medicinas e insumos. Pero va más allá: solicita ponerlos a disposición de quienes los necesiten, bajo principios de una justa distribución, eficacia, seguridad, equidad y asequibilidad, al reconocer que los pobres y los más vulnerables son los más afectados por el contagio; y, en particular, reconoce el papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ampliar con rapidez las cadenas de suministros médicos, diagnósticos y vacunas. Esto último ante al anuncio el pasado 14 de abril del retiro de Estados Unidos, su principal donante, por lo que solicita al secretario general crear un equipo de trabajo contra el virus, respaldado por otras agencias de la ONU.

Esta victoria reafirma sin duda el prestigio que México ha construido en el concierto internacional frente a retos globales contra la salud, como llevar en 2016 la resistencia microbiana a los antibióticos a la AGONU —con el apoyo de la OMS, las organizaciones mundiales de Sanidad Animal (OIE), para la alimentación (FAO) y el Medio Ambiente (PNUMA)—, que desembocó en un diálogo entre jefes de Estado, empresas farmacéuticas y ONGs. Otro ejemplo fue la adopción por unanimidad en 2011 del marco para la preparación a la pandemia de la influenza (PIP-H1N1) en la OMS. O  el papel de nuestro país como sede de la Conferencia Internacional sobre SIDA/HIV, en 2008 y 2019.

Grandes diplomáticos mexicanos como el Dr. Juan Ramón de la Fuente y el Emb. Juan José Gómez Camacho impulsaron con visión estas iniciativas, a favor de nuestros ciudadanos y del mundo, en temas complejos que impactan la vida y el desarrollo económico de millones de personas. Donde se requiere conciliar diversos intereses, activar recursos humanos, financieros e investigación científica, pero, sobre todo, una voluntad política para reconocer que el acceso a los insumos médicos, diagnósticos y tratamiento, es un derecho de todos.

El asedio al multilateralismo y a la OMS ante el COVID-19

En reconocimiento de la gran aportación que la OMS ha dado al mundo desde 1948, México ha sido un miembro activo y comprometido con su labor, tanto contra las enfermedades transmisibles (tuberculosis, polio, malaria y ébola, entre otras) como las no transmisibles (diabetes, enfermedades cardiovasculares o cáncer).

Por ello, frente al retiro de los fondos estadounidenses a la OMS -casi 10% de 5 mmd de su presupuesto 2018-2019- por su supuesta mala gestión de la pandemia y complicidad con China para ocultar la gravedad y origen del brote –y sus daños colaterales económicos, psicológicos y a los derechos humanos—, México mantuvo el reconocimiento de esta organización en la resolución.

En medio de este ataque a la OMS y a China por la propagación del COVID-19, ha sido notorio el positivo manejo de la pandemia por esta potencia emergente y, principalmente, su cooperación con el resto de los países del mundo –donativos, envío de expertos y venta de equipos médicos. Entre ellos se encuentra México, tras el establecimiento de un puente aéreo por parte de la SRE para obtener insumos sanitarios; pero también ha recibido donaciones de empresas chinas en el país, como son tomógrafos para el virus.

El reciente anuncio de China, de que donará 30 mmdd adicionales a los 20 mmdd que otorgó en marzo a la OMS –como 2º contribuyente después de EUA–, busca fortalecer los sistemas de salud de países en desarrollo. Consciente de que los foros multilaterales le permiten aumentar su influencia sin ser la amenaza que otros ven, China ha asumido un papel protagónico en esta crisis global, que sin duda redundará en su reposicionamiento geopolítico en un mundo post-COVID-19.

Por su parte, Rusia, en respuesta al anuncio de EUA, dio su respaldo a la OMS como coordinadora de la lucha contra la pandemia, y llamó a unir esfuerzos e iniciativas constructivas para resolver retos comunes. Calificó la decisión de egoísta y alarmante –frente al apoyo que en marzo brindó todo el G20 a la OMS–, al dañar a la organización y su apoyo a muchos países que cuentan con ella para enfrentar el virus. No obstante, por ahora no se espera que este país anuncie una aportación financiera, como lo hizo China. (Continuará…).

Fabián Medina
Jefe de Oficina del Canciller 


Hoy en día más de medio millón de personas en el mundo muere cada año por la violencia que generan las armas pequeñas y ligeras. Según datos de 2020 de la organización Small Arms Survey, esta cifra equivale a tres cuartas partes de los crímenes totales, con una preocupante tendencia ascendente en sociedades sin conflictos armados.

En términos diarios, 1,500 personas pierden su vida por estas armas –incluyendo civiles, mujeres y niños. De acuerdo con estimaciones de la OCDE, cada año se gastan 7,100 millones de dólares en su comercio mundial, sumando una circulación de 875 millones de armas pequeñas en el planeta.

A nivel regional, la mayor parte de estas armas se concentra en América Latina y el Caribe, y ocasiona una elevada violencia armada. Datos de 2018 de la organización Control Arms revelan que 42 de las 50 ciudades más violentas del orbe están en esa región, con el 36% de los homicidios del mundo, siendo 66% de estos por armas de fuego, comparado con el 28% en Asia y el 13% en Europa.

En esta grave coyuntura global, en México –y un gran número de países– el origen del círculo vicioso de violencia y muerte proviene de la amplia circulación de armas ilícitas, así como del fácil acceso de grupos criminales a estas.

Por ello, con el fin de reducir la violencia que producen las armas que ingresan ilícitamente a México por la frontera norte (70% del total), desde la Secretaría de Relaciones Exteriores decidimos complementar nuestra estrategia binacional con Estados Unidos mediante una acción concertada con base en los instrumentos jurídicos internacionales existentes en la materia.

En algunos de ellos es parte Estados Unidos y la mayoría ha sido suscrita por los países europeos exportadores de armas –origen del otro 30% de los aseguramientos en México. Algunos tienen carácter vinculante y otros son programas voluntarios. No obstante, en todos ellos los Estados miembros otorgamos nuestro compromiso para que las armas no lleguen a la delincuencia organizada.

En esta estrategia internacional, dirigida a fortalecer dichos compromisos e incrementar la cooperación jurídica penal y en inteligencia, contamos con el apoyo de nuestras embajadas y misiones ante los principales foros en la materia. Esperamos también generar el apoyo de la sociedad civil, academia y actores relevantes de países afines. Necesitamos elevar la conciencia global y frenar el daño humanitario que ocasionan diariamente las armas en manos de la delincuencia o incluso de jóvenes y niños.

Instrumentos internacionales contra el tráfico ilícito de armas

Uno de los más recientes compromisos asumidos por los 193 Estados miembros de la ONU fue la adopción en 2015 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, la meta 16.4 para lograr sociedades pacíficas y justas, incluida la reducción significativa de flujos ilícitos de armas.

Esta meta compete a diversos instrumentos multilaterales actualmente en vigor. En particular, al Protocolo de Palermo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, que complementa la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ambos con carácter vinculante. El primero con 118 Estados parte y la segunda con 190 miembros, incluido Estados Unidos.

Bajo la presidencia de México del Grupo de trabajo sobre armas de fuego del Protocolo, a celebrarse el 17 y 18 de marzo próximo, tendré el honor de encabezar la reunión y presentar nuevas propuestas para ampliar su membresía en: cooperación transfronteriza y nuevas tecnologías; violencia de género y crímenes de odio; registro de homicidios por la delincuencia o civiles, incluidas armas restringidas; judicialización de casos; y alineación de filiales con sus matrices en el análisis de riesgo, previo a toda exportación o venta. Posteriormente, llevaremos los resultados a la COP de la Convención en octubre.

Un segundo espacio lo ofrece la OEA y su Convención contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados (CIFTA). Dicho instrumento vinculante, adoptado por 34 países hemisféricos desde finales de los noventa, fue el primero que incluyó –además de las armas– a sus componentes y municiones. EUA, Canadá, Jamaica están pendientes de ratificarlo. Desde este foro, donde mantenemos una activa presencia histórica en su Comité Consultivo, el 5 de abril daremos amplia visibilidad al Día Interamericano contra el Tráfico Ilícito de Armas, dedicado a la creciente amenaza que conlleva la proliferación de armas y municiones para América Latina y el Caribe. También llevaremos expertos para suscitar un debate e informe sustantivo, que refuerce nuestras políticas públicas.

Igualmente, en la COP del Acuerdo sobre el Comercio de Armas (ATT) –adoptado por 105 países– que sesionará en agosto, buscaremos extender su adopción; generar sinergias con otros instrumentos; reforzar los análisis de riesgo en la exportación para prevenir la desviación a la delincuencia transnacional o actores no autorizados (art. 7); la trazabilidad de las armas, sus componentes y municiones; e incrementar el compromiso de los importadores y autoridades en la aplicación de sanciones (art. 8).

Asimismo, participaremos en la 7ª Reunión Bienal del Programa de Acción contra el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras (PoA), en junio de 2020, donde acude regularmente EUA. Este instrumento no vinculante, aprobado por consenso en 2001, integra a todos los Estados miembros de la ONU. Para gestar mayores compromisos, haremos un llamado urgente sobre la transferencia ilícita de armas y municiones a actores no autorizados, tanto en el tráfico transfronterizo como en la intermediación. Además, impulsaremos un mayor registro voluntario de este tipo de armas en el Instrumento Internacional de Rastreo (ITI), fundado en 2005, cuyos compromisos se revisan junto con el PoA.

Finalmente, en el ámbito europeo, México buscará fortalecer acuerdos bilaterales con principales países exportadores de armas, en materia de asistencia jurídica mutua en materia penal, y sobre la delincuencia organizada. Reforzaremos también la cooperación con la Unión Europea mediante un acuerdo general de trabajo con EUROPOL, a suscribirse en junio próximo.

Partimos de una perspectiva integral a lo largo del ciclo de las armas, desde la prevención de su tráfico ilícito hasta su sanción por parte de nuestras autoridades. Pero también de la responsabilidad compartida de productores, exportadores, intermediarios y receptores de las armas, en este flagelo equivalente a una guerra de baja intensidad, que está alcanzando dimensiones humanitarias.

 Fabián Medina*
@gfabianmedina


IV de IV

Las armas que llegan a México de manera ilícita desde nuestra frontera norte no son fabricadas solo en Estados Unidos. Aproximadamente 30% de ellas, en números cerrados, proviene en su mayoría de seis productores de armas europeos, según registros de los últimos cinco años. Algunos de ellos han establecido fábricas en Estados Unidos por la laxitud de sus regulaciones. Otros más efectúan regularmente exportaciones a armerías estadounidenses con licencias para su venta al público.

Se trata de 5,658 armas producidas en España con el 23% del total de los artefactos asegurados en México (principalmente Star de Bonifacio Echeverría, y Llama, Gabilondo y Cía.); 4,280 armas de Italia con el 20% del total (Leonardo S.p.A., Tanfoglio S.N.C., Benelli y Pietro Beretta –con ventas de 50 millones de euros en la última década, según un estudio del Observatorio Permanente de Armas Largas y Políticas de Seguridad); 3,395 armas de Rumania y el 14% del total (Romarn, Cugir); 2,967 armas de Austria y el 12% (Glock, fabricada en EUA/GmbH); 2,749 de Alemania y el 12% (Walther); 1,904 de Bélgica y el 8% del total (principalmente Browning de alto calibre, producido en EUA); y 4,039 armas de otros 19 países europeos.

Los principales cruces fronterizos de las armas europeas registrados por las autoridades de EUA y México fueron: California/Baja California; Arizona/Sonora, Sinaloa y Baja California; y desde Texas, básicamente procedentes de Italia, con destino en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.

De las 24,992 armas europeas aseguradas en México entre 2014 y 2019, en su mayoría de los países mencionados, 77% correspondió a armas cortas: casi 8,000 llegaron a través de EUA y más de 11,500, por otras vías. Por su parte, se registraron más de 3,500 armas largas europeas que llegaron vía Estados Unidos, y más de 2,000 que no provinieron de la frontera norte.

En particular, las armas procedentes de Rumania entraron a Estados Unidos por los estados de Maine, Nuevo Hampshire, Vermont y Connecticut con destino a Tamaulipas, así como a través de Texas y Arizona. Los otros estados de la Unión Americana importadores de armas europeas que han ingresado ilícitamente a México son Virginia, Florida, Illinois y Tennessee.

En el caso de Alemania, se trata del cuarto exportador mundial de la industria de armamento en 2018, con Estados Unidos como su segundo comprador con 525 mil millones de euros. Dadas las restricciones en Alemania, que prohíben la venta a individuos u organizaciones privadas, algunas de sus empresas se han establecido en EUA.

También, hay armas europeas que han llegado de manera directa a México por vía marítima a través de los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán, Altamira en Tamaulipas y Manzanillo en Colima. En su mayoría son fabricadas en España e Italia, y aseguradas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, mientras que una gran parte de las armas alemanas, italianas y austriacas ha sido asegurada en el Estado de México. Por ello, con todos estos países, en colaboración con Europol, hemos propuesto diversas medidas de cooperación para evitar el ingreso ilegal de estos pertrechos a nuestro país, tanto por nuestra frontera norte como de manera directa.

Perspectiva a inicios de 2020

El gran flujo de armas que circulan libremente en el mercado estadounidense desde 2004 ha agravado la crisis de violencia en nuestro país, atraído a productores europeos a instalarse en el mercado estadounidense, y generado un creciente número de decesos de civiles inocentes en Estados Unidos, aun cuando estados como California, Illinois, Massachusetts y Nueva York son los que tienen más restricciones para su venta, y, más recientemente, Virginia.

Cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2019 confirman que en el hemisferio americano se siguen concentrando altas tasas de homicidios con armas de fuego, especialmente de jóvenes entre 18 y 19 años, estimadas en 46 por 100,000 –con 41 por 100,000 en Honduras y 50 por 100,000 en El Salvador–, donde el 70% de los homicidios es causado por armas de fuego, frente al 28% en África o Asia. Por su parte, México ocupa el séptimo lugar como el país con más armas de fuego en manos civiles en dicho hemisferio.

La solución que en algún momento enarboló la Iniciativa Mérida iniciada durante el gobierno del presidente Calderón, mediante el incremento de armas de fuego a las Fuerzas Armadas mexicanas, implicó un crecimiento exponencial de las exportaciones de armas estadounidenses a fuerzas de seguridad de nuestro país, las cuales se han mantenido elevadas, sin detener la violencia y muertes por este tipo de pertrechos.

A esta estrategia de combate a la delincuencia con mayores niveles de fuego, que implicó una escalada en espiral de muertes y delincuencia, se sumó en el sexenio pasado la laxitud de controles al tráfico de armas ilícitas, incluido el retiro de la llamada “segunda frontera” que mantenía inspecciones al interior del país en las principales rutas de trasiego.

Los resultados de ambas medidas fallidas son fulminantes. Un estudio del Epidemiol Community Health de 2017 revela que la esperanza de vida en México cayó, por primera vez desde la Revolución mexicana, de 0.5 a 2 años de vida, como consecuencia de la violencia armada en los estados más violentos del país. Esto sucedió a partir de 2005, cuando se derogó en Estados Unidos la prohibición a la venta de armas de asalto.

Ciertamente, un mayor flujo de armas, legales e ilegales a México, como el que al parecer la Administración Trump decidió impulsar desde 2019 por medio de reformas a regulaciones que podrían ayudar a las empresas fabricantes a vender y exportar más artefactos de uso militar, no es la solución contra la violencia.

La nueva iniciativa del Ejecutivo estadounidense involucra licencias de exportación para armas semiautomáticas y sus municiones, al igual que para otras de gran calibre, las cuales dejarían de estar a cargo del Departamento de Estado y pasarían a la supervisión del Departamento de Comercio, sin control del Congreso estadounidense.

Con este cambio –que estuvo en evaluación del Senado de EUA hasta el pasado 14 de diciembre y contra el cual se han expresado diversos congresistas y senadores–, se estima un incremento de las exportaciones de armas de asalto estadounidenses del 20%, el cual sumaría 300,000 elementos al año. En otras palabras, se trata de una nueva liberalización regulatoria que, lejos de solucionar la falta de control, pone a disposición pública armas de mayor impacto letal.

Más allá del hecho de que la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos respalda este tipo de iniciativas con cuantiosos recursos –21 millones de dólares en la campaña presidencial pasada y 36 millones para la de este año, según la organización Open Secrets–, de entrar en vigor esta nueva disposición, aumentará también la posibilidad de que armas de mayor calibre lleguen a manos criminales en México, elevando su capacidad destructiva y fomentando el ciclo de violencia y muertes en nuestro país.

El operativo conjunto entre México y Estados Unidos iniciado a finales de 2019 es un primer paso en el sentido correcto. No obstante, hay mucho por hacer. Seguiremos trabajando en diversos frentes en el 2020 con el apoyo de diversos países y nuestra red diplomática y consular.

* Jefe de Oficina del Canciller.

Fabián Medina*
@gfabianmedina

III de IV

Es un hecho que el flujo de armas de asalto que circulan libremente en el mercado estadounidense desde 2004 ha agravado la crisis de violencia en nuestro país. De acuerdo con datos a diciembre de 2019 de la ATF, el 41% de las armas involucradas en los crímenes en México proviene principalmente de Texas, seguido por California (19%), Arizona (15%) y el resto de los demás estados de EUA (25%).

Se trata principalmente de cruces en vehículos (46%), con una minoría de ingresos peatonales (4%) –tanto de estadounidenses como connacionales o hispanoparlantes– y solo un 1% por aire. Aunque también se realiza a través de túneles, de los cuales se han detectado 180 en California y Arizona, según datos de la ATF de 2016.

En la última década, se han identificado cinco rutas tradicionales de armas de producción estadounidense o en el exterior que llegan a los estados fronterizos de México: 1) de los estados de Washington y Oregon hasta San Diego, California, y de ahí a Tijuana en Baja California; 2) de Utah y Arizona, pasando por la reserva india fronteriza Tohono O’odham o Nogales en Sonora; 3) de Colorado y Nuevo México hasta El Paso, Texas, y de ahí a Ciudad Juárez en Chihuahua; 4) de Missouri y Texas a Ciudad Acuña y Piedras Negras en Coahuila, a través de Eagle Pass y Laredo, Texas, a Nuevo Laredo, Tamaulipas; y 5) de Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, McAllen, Roma, Rio Grande y Brownsville, Texas, a Ciudad Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas.

En esta línea, de las 133,753 licencias para ventas de armas de fuego en Estados Unidos, los cuatro estados fronterizos concentran 22,689 armerías autorizadas (principalmente en Texas con 10,492, seguido por 7,962 en California, 3,188 en Arizona y 1,047 en Nuevo México). Estas licencias abarcan todo tipo de armas autorizadas y se encuentran primordialmente en manos de revendedores o productores minoristas que instalan diversas armerías en ciudades fronterizas de EUA. En estos comercios se lleva a cabo la compra “hormiga” por individuos, principalmente de municiones, armas cortas y componentes, según datos de 2019 de John Lindsay Poland, Coordinador de Stop US Arms to Mexico y Dee Rowland, expresidente del Centro de Prevención de Violencia por Armas de Fuego de Utah.

En segundo lugar, destacan las ventas en los llamados gunshows, que en 2019 sumaron 1,264 ferias de armas, concentrándose 632 en Texas, seguido por Florida (342), California (105) y Arizona (94) entre los principales estados fronterizos. Sin embargo, Tennessee (255), Virginia (232), Ohio (232) e Illinois (227) también mantienen en el norte de EUA un número relevante de estas ferias. Visto en perspectiva, en la última década hubo 10,895 ferias de armas en toda la Unión Americana, de las cuales más de 1,130 se realizaron en Texas, 809 en Florida, 569 en Ohio, 515 en Pensilvania, y 424 en Tennessee, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En estos eventos, los traficantes pueden adquirir armas de manera masiva, al no existir verificaciones universales de antecedentes penales para compras en efectivo, ni límites a la cantidad de adquisiciones, conforme a un estudio de Washington Office on Latin America (WOLA) de 2013. Lo anterior hace necesario reforzar la regulación existente.

Una situación más compleja, por su laxitud, es la de las municiones, las cuales se venden sin licencia y no se registran en los sistemas de trazabilidad. Estas entran a México en grandes volúmenes, de 50 cajas en promedio por cruce, principalmente por Texas y Arizona en los cruces de Laredo y Tucson, según datos de la ATF de 2016.

En todo caso, ya sea por medio de ferias de armas, licencias en establecimientos fronterizos, ventas por internet, o en mercados de segunda mano y anuncios en periódicos, se calcula que el tráfico de armas y/o sus partes que ingresan de manera clandestina a México por la frontera norte puede superar las 230,000 y alcanzar hasta 250,000 armas al año. No obstante, esto representa tan solo el 2.2% de las ventas totales de armas en Estados Unidos que, en 2018, sumaron aproximadamente 13.1 millones de armas, de acuerdo con la National Shooting Sports Foundation, con ingresos de 10,508 millones de dólares.

Se trata, en efecto, de un porcentaje mínimo equivalente a 224 millones de dólares que, al cerrarse el flujo a México, no afectaría mayormente las ganancias del mercado de armas estadounidense.

Asimismo, el Graduate Institute of International and Development Studies estima que en Estados Unidos hay 393 millones de armas disponibles en su mercado, lo que representa más del 40% del total de las armas en el mundo (955 millones), de las cuales el 75% está en manos de civiles, según datos de la ONU. Esto es, de cada 10 ciudadanos norteamericanos, 4 poseen un arma, con más de un arma por cada persona en la mayoría de los casos.

Visto desde el número de muertes por armas en casos aislados entre 2013 y 2017, la organización Brady United señala que 310 personas son agredidas a diario por violencia armada en EUA. Lo anterior, al analizar datos del Centro para el Control y Prevención de las de Enfermedades de EUA que registran 113,108 víctimas lesionadas por armas cada año, de las cuales mueren en promedio 36,383 anualmente, siendo 1,488 de los fallecidos menores de edad. De hecho, al incorporar los suicidios armados dicho Centro registró, tan solo en 2017, 39,773 decesos en ese país por violencia armada.

Otro dato alarmante son los crecientes casos de tiroteos masivos. Al respecto, el Gun Violence Archive registró en 2019 más de 417 tiroteos públicos indiscriminados, que representan más de uno diario en el año, superando el récord de 382 en 2016.

Este costo en capital humano, de entre 100-104 muertes diarias por armas de fuego, significó 229 mil millones de dólares anuales, según datos del Congreso de EUA publicados en septiembre de 2019.

Nos enfrentamos sin duda a un gran desafío binacional que se incrementó exponencialmente a partir de 2004, año en que la Administración de George W. Bush decidió poner fin a la prohibición de armas de asalto para uso civil (Federal Assault Weapons Ban) tras una década de vigencia. Con tan lamentable medida, a la que muchos legisladores y organizaciones civiles estadounidenses se oponen, la producción de pistolas en ese país pasó de 200 mil a 600 mil para 2010, mientras que las armas de asalto ascendieron de 100 mil a 500 mil, y los rifles, de 10 mil a 90 mil, conforme a datos oficiales de 2013.

Este flagelo implica ciertamente una responsabilidad compartida. Aunque en México la portación de armas por civiles es ilegal –salvo por entidades de seguridad autorizadas o para fines deportivos–, la creciente violencia armada y delictiva causa estragos superiores a los registrados anualmente en Estados Unidos, siendo que México tiene casi una tercera parte de la población de EUA. Por ello, el cierre del flujo ilícito de armas a México no solo es urgente y factible, ya que no afectaría el auge del mercado en el país vecino, sino que contribuiría también a una frontera y vecindad más segura.

* Jefe de Oficina del Canciller.