El país sigue sumergido en una grave crisis por inseguridad y violencia. Esta administración obradorista de seudoizquierda finalizará como el sexenio más violento de nuestra historia con alrededor de 90 asesinatos múltiples y crecientes contra periodistas.

Decía en mi colaboración de hace un par de semanas que la muerte de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua era la gota que derramaba el vaso en este que ya es un baño de sangre, y que podía constituir el punto de quiebre, de inflexión, y el inicio del fin de este sexenio.

Pero siendo como es, un presidente obcecado, irracionalmente necio, que no quiere reconocer el fracaso de su estrategia cómplice del crimen organizado - “abrazos, no balazos”- para no combatir a la delincuencia, ha decidido confrontar al Episcopado Mexicano que le exige hacer uso de sus facultades constitucionales para establecer la paz y acabar con la violencia que corroe las entrañas de la sociedad y hunde al país en la desesperación.

Andrés Manuel, acostumbrado a “doblar la apuesta”, decidió lanzarse absurdamente contra el Episcopado,  acusó a los curas de estar "apergollados con la oligarquía" y, para evidenciar que según su visión no están del lado de la gente,  llegó al extremo de hacer escuchar en su mañanera la canción: "No basta rezar", interpretada por el grupo venezolano “Los Guaraguao”, obra del gran cantautor Alí Primera, con la pretensión de contrarrestar una jornada convocada por la grey católica “en favor de la paz”.

“No basta rezar”, decía Alí en los años 70’; “hacen falta muchas cosas para conseguir la paz”, gritaba como protesta contra la represión de los gobiernos dictatoriales que golpeaban a los movimientos sociales y políticos identificados con la izquierda opositora de esos tiempos. Y en defensa de esos gobiernos autocráticos, salían generalmente las cúpulas eclesiásticas. 

Pero como López Obrador en aquellos años militaba en el partido en el poder no sabía, ni siquiera conocía esas canciones, ni lo que significaban. Ahora, desde el poder, dice a los jesuitas, que le exigen paz y seguridad para la población, “que no basta rezar”.

Es decir, una manipulación burda e insultante de la historia para justificar su incompetencia y golpear a sus críticos.

No dudo de que es un pésimo cálculo de este gobernante, que ha hecho añicos el laicismo juarista y, como creyente e integrante de una de las iglesias cristianas, lleva al país entero a confrontarse con la Iglesia católica. La ruptura del laicismo es una vertiente más de la descomposición de la República democrática a la que nos está conduciendo este gobierno fallido.

No podemos olvidar, además, que la violencia e inseguridad es uno de los resortes componentes de la inflación que nos golpea, como no sucedía hace 21 años, porque los cárteles delictivos cobran “derecho de piso” a empresarios de todos los giros económicos y aumentan los precios de los productos.

A este clima de violencia e inseguridad, se agrega la falta de oportunidades de empleo y progreso que deriva en la creciente migración de miles de personas mexicanas (incluidos menores de edad) a EU, con el saldo de tragedias como la reciente en San Antonio Texas. Una expresión más del fracaso de la mal llamada “4T”.

Por si algo faltara, el gobierno y su partido han intensificado el acoso y persecución contra los opositores políticos al régimen con la pretensión de desarticular a la Coalición Va por México para que no se presente como tal en las elecciones del 2023 y 2024; al mismo tiempo que los “presidenciables oficialistas” violan descaradamente la Constitución y la Ley con actos anticipados de precampañas.

Estamos ante el atropello cínico del Estado de Derecho y del desacato a las instituciones republicanas con la intención clara de que -en México- se establezca una dictadura. La locura autoritaria presidencial es directamente proporcional al tamaño del poder que ha ido adquiriendo: de menos a más.

Como puede verse, el objetivo es desarticular la alianza opositora y acabar con las libertades, derechos democráticos y el bienestar de la gente. No podemos ni vamos a permitirlo.

Jesús Zambrano Grijalva

@Jesús_ZambranoG

Hace un año, Claudia Sheinbaum contrató con recursos públicos a una empresa noruega-alemana, llamada DNV, para hacer un “peritaje independiente” sobre las causas que provocaron el trágico accidente de la Línea 12 que cobró la vida de 26 personas.

En aquel momento, la regenta de la CDMX habló maravillas de la empresa DNV. Nos dijo que eran “expertos independientes”, “una empresa líder en el mundo”, “especialistas en análisis e investigación de fallas”. Y nos aseguró que a través de sus peritajes se llegaría a “la verdad”.

Sin embargo, ahora que la empresa extranjera le ha entregado los resultados finales del peritaje, la “corcholata” favorita del presidente nos dice que el informe es deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. Además, se niega a darlo a conocer públicamente a pesar de tratarse de una investigación pagada con nuestros impuestos y de ser de alto interés nacional.

Hasta hace unos días, las preguntas que nos hacíamos eran ¿Cuáles fueron las conclusiones finales del peritaje que molestan tanto a la regenta? ¿Por qué se niega a dar a conocer públicamente el peritaje? ¿Qué esconde Claudia?

Si bien la actitud propia de la regenta de esconder el dictamen evidenciaba el contenido general del peritaje, hoy tenemos certeza de lo que intentaba esconder Claudia.

Gracias a una filtración –y no a la transparencia de la corcholata- el periódico español, El País, reveló fragmentos del documento del peritaje final de DNV en el que se señala que “la falla en la realización de inspecciones al tramo elevado y cumplir con los requerimientos de inspección del manual de mantenimiento es una causa-raíz de la falla.”

Es decir, según el peritaje final de la empresa contratada por el gobierno de la CDMX y pagado con nuestros impuestos, Claudia Sheinbaum y su administración son en parte responsables de la tragedia de la Línea 12 que cobró la vida de 26 personas y que a un año de distancia no hay ni un sólo detenido.

En lugar de atender las demandas de la sociedad, hacer justicia y transparentar el peritaje para que los familiares de las víctimas, y en general los capitalinos, conozcan la verdad, Claudia Sheinbaum amenaza a la empresa noruega con demandarlos por la filtración y decide que lo mejor es continuar con su campaña ilegal para ser la candidata de Morena a la Presidencia en el 2024.

 Hay que seguirle exigiendo a Sheinbaum que se dé a conocer el reporte final de la empresa DNV sobre el trágico accidente acontecido la noche del 3 de mayo de 2021 y que cobró la vida de 26 personas. Exigirle la verdad y que se dejen de proteger a quienes fueron los verdaderos responsables de la tragedia. ¿Acaso siente que al conocerse el informe quedarán sepultadas sus aspiraciones para la candidatura de Morena (o sea de López Obrador) a la Presidencia en el 2024? ¡Ese es el contenido de su ética pública!

El domingo pasado el bloque opositor en Cámara de Diputados marcó un antes y un después en la historia política de México: por primera vez en la historia moderna de México, el Poder Legislativo logró rechazar una reforma constitucional propuesta por el titular del Poder Ejecutivo.

De esta forma la oposición termina con la idea del país de un solo hombre y con el mito de la invencibilidad de López Obrador. Además, se consolida como un verdadero contrapeso y refrenda su compromiso con la ciudadanía de blindar la Constitución de cualquier retroceso antidemocrático.

Las y los diputados de oposición frenaron una reforma constitucional que hubiera provocado afectaciones irreversibles a todas las familias mexicanas: la propuesta presidencial vulneraba el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; ahuyentaba la inversión y la generación de empleos; incrementaba las tarifas de la luz y la ineficiencia eléctrica; alimentaba la corrupción porque eliminaba a los órganos reguladores y otorgaba un poder sin límites al corrupto de Manuel Bartlett.

Es decir, no se rechazó por rechazarla; la propuesta presidencial se rechazó por retrograda y nociva. Además, porque Morena y sus aliados nunca tuvieron la apertura democrática para considerar las propuestas de la oposición, es más, ni siquiera tomaron en cuenta las ideas vertidas en el Parlamento Abierto por especialistas en la materia. La consigna presidencial era aprobarla “sin moverle ni una coma”.

Con la llamada “Ley Bartlett”, la apuesta de López Obrador era dividir a la oposición. Desde Palacio Nacional se orquestó y mantuvo por más de seis meses una campaña para amedrentar a las y los diputados de oposición. Asimismo, Morena y sus aliados en Cámara de Diputados recurrieron constantemente a sus ya muy conocidas artimañas legislativas, amagando con albazos legislativos y echando para atrás los acuerdos de la Jucopo. Incluso al final, siguieron dando “patadas de ahogado” amenazando con cerrar los accesos de la Cámara de Diputados y aplazando la discusión para días inhábiles.

A López Obrador le falló el cálculo, no logró la división que tanto ansiaba. En alianza, unidad y con una asistencia del 100%, la oposición propició la peor derrota legislativa que ha sufrido el actual presidente de la República. Morena y sus aliados se quedaron muy por debajo de lograr la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional, les faltaron 57 votos.

Una de las lecciones que pueden derivarse de esta contundente victoria de la oposición es que, si López Obrador y Morena persisten en ignorar las propuestas de la oposición, las reformas constitucionales anunciadas con antelación por el titular del Ejecutivo en materia electoral y seguridad correrán con la misma suerte que la reforma eléctrica.

Pero la lección más importante debe ser para la oposición misma: la unidad es el camino correcto para detener el deterioro democrático, para poner fin al autoritarismo y vencer a Morena en 2024.

Espero que los liderazgos de las diversas fuerzas políticas de oposición así lo hayan entendido y que en futuras decisiones tengan el espíritu democrático para anteponer a los intereses partidistas el futuro de México.

Jesús Zambrano Grijalva

La revocación de mandato es un instrumento de democracia participativa por medio del cual las y los ciudadanos ejercen su soberanía “para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de un cargo a partir de la pérdida de confianza”.

Por consiguiente, la pregunta obligada a responder es ¿Por qué los partidos de oposición estamos en contra de un mecanismo supuestamente democrático que incentiva la participación y representación ciudadana? 

La respuesta es: porque desafortunadamente, esta revocación de mandato en México es un instrumento para simular una vocación democrática inexistente. Como buen populista autoritario, López Obrador se apropió de un mecanismo democrático para convertirlo en un instrumento de propaganda electorera con el que además busca arremeter contra los órganos electorales y desviar la atención de la grave crisis que vive el país.

Como dirían dos prestigiados maestros de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblat, en su libro Cómo mueren las democracias: “La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.

Estas son las siete razones por las que la consulta de “revocación de mandato” del próximo 10 de abril es una farsa democrática:

1. La revocación de mandato en México se consagró en la Constitución violando el principio jurídico de irretroactividad. El decreto de reforma constitucional consideró en sus transitorios la posibilidad de que la ciudadanía solicitara el proceso de revocación de mandato para un presidente de la República que ya había sido electo para el periodo constitucional 2018-2024. La consulta es una farsa democrática porque nunca podría darse una revocación: aunque López Obrador perdiera la consulta, él recurrirá al principio jurídico de irretroactividad.

2. Al discutirse en el Congreso la ley reglamentaria de la revocación de mandato, por instrucciones del mismo López Obrador, las bancadas parlamentarias de Morena impusieron una pregunta que tramposamente en su redacción contempla la ratificación de mandato. La consulta es una farsa democrática porque, además de contradecir el mandato constitucional, desnaturaliza la pregunta y con ello se desvirtúa el mecanismo de participación y representación ciudadana.

3. La revocación de mandato es una disposición que debe ser activada por la ciudadanía con la intención de construir una ruta democrática para destituir a un gobernante que fue elegido a través del voto y que ha perdido la confianza del electorado. En este caso, la petición de revocación de mandato fue solicitada, paradójicamente, por las huestes de Morena que, dicho sea de paso, recaudaron firmas de personas fallecidas, presos y de ciudadanía que nunca dio su aval. La consulta es una farsa democrática porque está siendo activada desde el gobierno y de manera tramposa: “para que siga AMLO”, dicen ellos.

4. La consulta para la revocación de mandato es una farsa democrática porque de antemano sabemos que ganará la ratificación de mandato. Pero además, es una farsa democrática muy costosa que terminaremos pagando todas y todos. El INE está destinando casi 2 mil millones de pesos a una consulta innecesaria, a un capricho presidencial ¿Acaso no sería mejor destinar ese dinero a la compra de medicamentos oncológicos, a vacunas para niñas y niños o a mantener el Programa de Escuelas de Tiempo Completo?

5. A lo presupuestado por el INE debemos sumar todo el dispendio de recursos privados y públicos en espectaculares y propaganda con la que ilegalmente han inundado todo el país. La revocación de mandato es una farsa democrática porque el presidente de la República, gobernadores de la 4T y funcionarios del gobierno han violado abiertamente la ley al promover la consulta.

6. Cuando pensábamos que violar la ley era el cinismo más bajo en el que podían caer, las huestes de Morena nos volvieron a sorprender: la borregada, con tal de congratularse con su pastor, aprobó un “decretazo” para que los servidores públicos pudieran promocionar el voto a favor del presidente de la República. La revocación de mandato es una farsa democrática porque Morena cambió las reglas a la mitad del juego. Afortunadamente les falló el cálculo, no se percataron que en materia electoral existen vías rápidas para activar el control de constitucionalidad y el gusto les duró muy poco: el TEPJF declaró la inaplicabilidad del “decretazo” por violar el artículo 105 de la Constitución que prohíbe realizar reformas electorales 90 días antes de un proceso electoral.

7. La última razón para calificar de farsa democrática a la consulta se dio en la mañanera del pasado martes cuando López Obrador, al responder una pregunta sobre el fallo del TEPJF, anunció que enviará una reforma constitucional en materia electoral para que los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral sean electos por votación popular. La revocación de mandato es una farsa democrática porque al presidente de la República no le interesa la consulta, su verdadero interés siempre ha sido usar el tema de la revocación para arremeter contra los órganos electorales autónomos. La intención de López Obrador es apoderarse de ellos antes de las elecciones de 2024. Obviamente, no lo permitiremos.

Por todas estas razones la revocación de mandato es una farsa democrática y de ninguna manera participaré en ella, me guardaré mi voto para 2024. 

El acentuamiento de los rasgos autoritarios del actual gobierno federal, su desprecio evidente al Estado de Derecho y el agravamiento de la inseguridad en grandes zonas del país, hacen más urgente la necesidad de una amplia alianza democrática que enarbole una agenda progresista para actuar, desde ya, y con miras al 2024.

Los  desplantes presidenciales de frente a su consulta popular del próximo 10 de abril, retando y descalificando al INE y al Tribunal Electoral, y el desprecio a la Constitución al impulsar y publicar un decreto que “interpreta” y viola la Carta Magna para poder hacer proselitismo en favor de ese remedo de “democracia participativa”, así como la inauguración de su caprichoso aeropuerto en Santa Lucía, sin estar concluidas las obras, son expresión de una riesgosa megalomanía que  no acepta límites ("al margen de mí, nada, por encima de mí, nadie", es el lema presidencial).

Hechos que expresan  la descomposición a la que han llevado  a las instituciones.

El reciente escándalo protagonizado por el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz junto a la ex Secretaria de Gobernación y actual Senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, es una  pieza maestra de la tragedia política de nuestros tiempos, que evidencia la podredumbre a la que han llegado.

Por eso no tienen ninguna autoridad moral para seguir hablando a la gente como lo hacen todos los días, diciendo que “no son iguales” porque, en realidad, son peores.

Es vergonzosa y asquerosa la cloaca que se destapa con estas denuncias  del primer círculo presidencial, funcionarios designados por el máximo mandatario.

Este “ya es un barco que se va a pique”, como diría Benedetti.

Ante esto, el desafío y papel de las fuerzas, personalidades y potencialidades defensoras de la institucionalidad, las libertades y la democracia, es contribuir a ahondar esas contradicciones, generar las condiciones para salvar al país y no caer en el juego de la estrategia provocadora del gobierno cuando llama a participar el 10 de abril, supuestamente para que se vaya y no siga gobernando.

No, no, no. Lo que debe hacerse es que se evidencien ellos solos, que sigan ahondando sus propias querellas, al mismo tiempo, concentrar los esfuerzos en ganar en la mayoría de las elecciones de este 2022,  pavimentar el camino hacia el 2023 y, especialmente, para lograrlo el 2024 y poner fin a esta tragedia nacional.

La más amplia unidad opositora con un programa democrático y progresista, son la clave para reorientar la vida del país.

El proyecto gubernamental actual ganó en 2018 con banderas de izquierda, aprovechado los evidentes errores y escandalosas corruptelas de gobiernos anteriores, así como por el ahondamiento de la desigualdad social, el agravamiento de la pobreza y la creciente inseguridad.

Ese año se  ofrecieron como promesa de cambio profundo. Engañaron al mundo entero, ya que  no pocos líderes de otros países siguen pensando que en México gobierna “la izquierda”.

Por eso, la agenda para derrotar a esta falsa izquierda gobernante no es la del regreso al pasado, sino  un claro compromiso para combatir de frente la corrupción y para dar seguridad a la gente enfrentando a los grupos criminales, no acordando ni mucho menos, aliándose con ellos para derrotar a los adversarios políticos.

Una propuesta progresista que enarbole programas sociales, que realmente combatan la pobreza, restituya los programas de Estancias Infantiles y Escuelas de Tiempo Completo; atienda las demandas de las mujeres para lograr la igualdad sustantiva, y destine recursos para hacer crecer la economía y generar empleos.

Una agenda progresista que, con la feminista, coloque en el centro a las y los jóvenes, la defensa del INE y de la democracia, las libertades y derechos adquiridos, el equilibrio de poderes, y la protección del medio ambiente. No más; pero tampoco menos. Estos son los desafíos del progresismo mexicano.

Jesús Zambrano Grijalva
@Jesus_ZambranoG

La revocación de mandato es un instrumento de democracia participativa por medio del cual las y los ciudadanos ejercen su soberanía “para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de un cargo a partir de la pérdida de confianza.”
En México, la revocación de mandato del presidente de la República quedó consagrada en la Constitución a partir del 20 de diciembre de 2019. Es decir, un año después de que López Obrador tomara protesta como presidente.
El principio jurídico de irretroactividad hace inaplicable este mecanismo de revocación sobre el actual presidente. Sin embargo, al momento de hacer la reforma constitucional, las huestes de la 4T en el Poder Legislativo incorporaron en un artículo transitorio la posibilidad de que la ciudadanía solicitara el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024.
Desde aquel momento, advertimos que la verdadera intención de López Obrador era apropiarse de un mecanismo democrático para fortalecerse electoralmente y desviar la atención de la grave crisis que vive el país.
Nuestras suposiciones se confirmaron cuando al discutir la ley reglamentaria, por instrucciones del mismo López Obrador, las bancadas parlamentarias de Morena intentaron que, en lugar de que la pregunta se refiriera a “la revocación de mandato”, se estableciera “la ratificación de mandato”, conceptos totalmente diferentes y contrapuestos.
Finalmente, el 14 de septiembre de 2021 fue aprobada la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), en la cual se establecieron un conjunto de reglas necesarias para realizar la consulta y se definió una pregunta que tramposamente en su redacción sigue contemplando la “ratificación” y no la renovación.

Ninguna ley reglamentaria puede modificar lo que dice la Constitución y en este caso no solo se modifica, sino que se desnaturaliza la pregunta y con ello se desvirtúa el mecanismo. Esta fue la razón por la que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que conforman la coalición legislativa “Va por México” interpusieron una primera acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

El pasado 28 de diciembre se interpuso otra acción de inconstitucionalidad, ahora contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Una de las razones es que el recorte presupuestal al INE, que indebidamente realizaron los diputados federales de la llamada 4T, transgrede el principio de progresividad y le impide llevar a cabo eficazmente la consulta. Pero también, en dicha acción de inconstitucionalidad, se incluyeron otros rubros del presupuesto que se vieron afectados como el de la salud, la seguridad, la justicia y el medioambiente.

De esta forma, desde el PRD estamos haciendo uso e impulsando todos los recursos legales a nuestro alcance para frenar la mañosa “ratificación de mandato”, para velar por los derechos e intereses de la ciudadanía, para hacer valer la división de poderes y para ponerle un alto a este gobierno dictatorial e intolerante. Es deber de la Corte resolver estos recursos con absoluto apego y respeto a la Constitución, sin dejar de considerar lo irracional que sería destinar recursos a un ejercicio político que solo se exige desde la presidencia, en lugar de utilizarlos para atender estas necesidades.

Jesús Zambrano Grijalva
@Jesus_ZambranoG

Una vez más se da un revés al Ejecutivo en su clara intromisión -desde el Legislativo- contra un ente autónomo como es el Instituto Nacional Electoral cuyos consejeros han sido presionados sin éxito, para someterse a los caprichos el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión anunciada por la Cámara de Diputados de no proceder penalmente contra consejeros y consejeras que avalaron diferir la consulta de revocación de mandato por falta de recursos, llegó pocas horas después de que la coalición legislativa Va Por México presentara ante la Suprema Corte de Justicia, una controversia al Presupuesto de Egresos 2022 aprobado por Morena y sus aliados, los mismos que negaron los recursos al INE para el ejercicio que tanto importa al mandatario.

¿Y cómo no se iban a retractar, si el hacer modificaciones al presupuesto afectaría a los programas clientelares (que no están terminando con la pobreza sino, por el contrario, la están aumentando); igual que aplazaría la conclusión del Tren Maya; la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, que en nada sirven a los mexicanos; pero sí alimentan los caprichos de AMLO?

Lo que sí queda claro a la ciudadanía, es que la unidad opositora está dando resultados. Lo que sigue es reorientar el rumbo de México en todos los sentidos y trabajar en la aplicación del Presupuesto Alternativo presentado por la coalición Va Por México que, si bien Morena y sus aliados se negaron a discutir, es la alternativa porque atiende las necesidades más apremiantes como son empleos, servicios médicos, desarrollo sustentable, estancias infantiles, apoyos a mujeres y educación, entre otros.

El actual gobierno -que ha multideclarado haber sepultado ya al neoliberalismo “causante de todos nuestros males”- ha agrandado las cifras de pobreza y pobreza extrema, así como las desigualdades regionales y la insatisfacción de requerimientos esenciales de las y los mexicanos.

Las políticas sociales, económicas, fiscales y de manejo del federalismo no sólo no están funcionando, sino que han agravado su incapacidad para abatir la pobreza y reducir las brechas de desigualdad social. La clase media está desapareciendo.

Datos oficiales - INEGI y CONEVAL- hablan por sí solos y evidencian que el impacto real de los programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad en México es nulo. Tenemos cifras alarmantes que debieran avergonzarnos como país sobre los ingresos por sectores sociales y municipios. No se trata de criticar por criticar, sino de hablar con la verdad frente a un discurso oficial que, a diario, nos dice que hoy el país está mejor que hace tres años.

Los “otros datos” que no se dan en las mañaneras son contundentes: Las retribuciones por el trabajo cayeron 12 por ciento en un año, mientras que otros ingresos corrientes perdieron hasta el 33.4 por ciento.

Y en el periodo más agudo de la pandemia, el 90 por ciento de la gente más necesitada perdió sus ingresos, frente al 10% más rico que, por el contrario, incrementó sus recursos (según datos de México Social) hasta llegar al 32.5 por ciento del total, a pesar de que se han implementado políticas agresivas de recaudación y cobro de impuestos rezagados de grandes empresas.

De igual manera, entre 2020 y 2021 cerraron 1.6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas por su imposibilidad de mantenerse a flote, y para las cuales se empleaban unos 2.5 millones de personas, dando un total de 4 millones de mexicanas y mexicanos que quedaron en el desamparo.

Según el Coneval, en 1 mil 699 municipios rurales (68.8% del total nacional), más de la mitad de sus poblaciones viven en “pobreza multidimensional”; mientras que en 629 de ellos (concentrados en 19 entidades de la República), el 80% de sus habitantes están en pobreza, y en condiciones similares comienzan a caer también circunscripciones urbanas.

Esta desigualdad regional se ha agravado y las rifas y -supuestamente para beneficiar a los más pobres- sólo corresponden a actos propagandísticos para distraer la atención porque no sirven, de ahí el reto que tenemos los partidos y la sociedad civil, para trabajar en unidad y frenar esta debacle a la que este gobierno de Morena nos está llevando.